El lío por una tierra wayú que implica a actores armados y al Cerrejón
Líderes de esta etnia de la comunidad El Rocío, en Albania (La Guajira), denuncian que retornó la zozobra ante nuevas alertas de que serán desalojados por la Inspección de Policía de Maicao. Terceros pretenden venderle la tierra a la empresa minera, pese
La comunidad wayú de El Rocío, ubicada en la frontera entre Albania y Maicao (en La Guajira), sobre la ribera del Arroyo Bruno, está acorralada por la zozobra a causa de una amenaza de desalojo.
Las 19 hectáreas que la comunidad reclama como suyas están ubicadas en el borde del Tajo La Puente, una de las zonas de extracción del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del continente. Allí la comunidad indígena padeció los enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares de las Auc contra el Frente 59 de las Farc durante los años 90 y los 2000. En tres ocasiones, esa guerra obligó a las 30 familias a desplazarse: primero en 1997 por amenazas de los paramilitares y dos más a manos de las Farc, en 2010 y en 2013. Hoy el riesgo de desalojo es por parte del Estado: “la Inspección de Policía de Maicao nos va a desalojar porque dos mujeres que reclaman la propiedad de estas tierras se las quieren vender al Cerrejón”, dice Carmen Sierra, lideresa y maestra de la comunidad.
Las dos mujeres son Nazly Hernández de González y Zoraida Toncel Redondo, cuestionadas por la comunidad porque son familiares de actores armados y nunca han vivido en el territorio. Nazly Hernández es la viuda de Luis Ángel González, conocido como Lucho Ángel, señalado paramilitar de la zona. Zoraida Toncel es hermana de Milton Jesús Toncel Redondo, o Joaquín Gómez, un excomandante de las Farc.
El lío por esa tierra es complejo, pero Leobardo Sierra, autoridad ancestral de El Rocío y hermano de Carmen, puede recitarlo casi de memoria. “Una gran extensión de tierra alrededor del arroyo es ancestralmente nuestra. Fue heredada desde mis tatarabueloshasta mi papá, Blas Sierra, y a mis tíos. Estos últimos la dividieron y desde los años 80 fueron vendiendo algunos de los predios a precios irrisorios en medio de los desplazamientos forzados”, explica. Varias de esas compras fueron realizadas por Luis Ángel González y quedaron registradas a nombre de su esposa Nazly Hernández y su hermano Reginaldo Ramírez Boscán. “Pero hay 19 hectáreas que nunca se vendieron, que es donde siempre hemos vivido la comunidad El Rocío y que ahora nos quieren quitar porque las cuentan dentro de sus predios, sin ninguna prueba legal de que les pertenecen. Nosotros no estamos reclamando por lo que se vendió, sino por lo que es nuestro”, señala Leobardo.
En 2016, Zoraida Toncel interpuso una querella en la Inspección de Policía de Maicao reclamando que se le restituyera un predio llamado Tigre Pozo, de 185 hectáreas, y se desalojara a la comunidad El Rocío, quienes según ella habían ocupado el terreno apenas ese año. Cuentan los líderes que ese predio era uno de los que Luis Ángel González había comprado tiempo atrás, pero resultó en manos de Toncel como forma de pago para que la guerrilla de las Farc liberara a su suegra, a quien habían secuestrado. En el certificado de tradición del predio, sin embargo, quedó registrada como una compra por $83 millones de Zoraida Toncel a Nazly Hernández en 2003. Luego de surtir todo un proceso judicial en el que la comunidad entuteló al municipio de Maicao para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, tras llevar más 40 años viviendo en esa tierra, en 2019 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha falló a favor de Toncel para que continuara el desalojo.
Pero el proceso se suspendió ese año y se retomó solo en julio pasado. "En 2019 solicitaron que se suspendiera el desalojo porque los propietarios estaban negociando la venta del inmueble al Cerrejón. Y se suspendió. Ahora, el abogado volvió a solicitar que se ejecute", explicó Orlando Mejía, inspector de Policía de Maicao.
Colombia+20 encontró una inconsistencia entre el predio que se reclama y el lugar sobre el que está asentada la comunidad. La querella interpuesta en 2016 por Zoraida Toncel se refiere al predio Tigre Pozo. Sin embargo, según pudo verificar este medio cruzando el mapa obtenido de la plataforma web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y una cartografía realizada por el Cinep, la comunidad de El Rocío no se encuentra ubicada dentro del predio registrado con ese nombre, matrícula inmobiliaria y código catastral (ver mapa). En jurisdicción de Maicao, la comunidad se encuentra dentro del predio La Esperanza, que no es reclamado en la querella en curso.
Además, la última anotación en el certificado de tradición de Tigre Pozo registra que Toncel le vendió el predio a Luis Ángel José González Hernández, hijo de Nazly Hernández y Lucho Ángel. Aún así, el inspector explicó que el desalojo sigue en pie pese a que quien lo solicitó ya no es la propietaria, hasta que no haya una decisión contraria de un juez.
Según dice, hace falta un requisito por parte del municipio de Maicao para llevar a cabo el desalojo. "Aunque ya hay orden judicial, falta una caracterización de las personas que están allí como perturbadoras, para que no se vulneren derechos de personas desplazadas por la violencia, registradas en el Registro Único de Víctimas", dijo.
Para Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que ha acompañado el caso de la mano del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), lo extraño no es que haya títulos de propiedad a nombre de estas personas relacionadas con actores armados o que ahora los estén reclamando, sino "que las entidades ante quienes se ha presentado la denuncia no hayan iniciado las investigaciones correspondientes para determinar, como sí lo ha hecho el Cinep, que todas esas tierras pertenecían a El Rocío". Por medio de al menos tres acciones urgentes, el Cajar y el Cinep han solicitado medidas preventivas para proteger los derechos de la comunidad, pero no han obtenido respuesta efectiva en estos años.
‘‘Hay 19 hectáreas que nunca se vendieron, que es donde siempre hemos vivido y que ahora nos quieren quitar porque las cuentan dentro de sus predios, sin ninguna prueba legal”: Leobardo Sierra.