El Espectador

El papel del espacio urbano en la integració­n de la población migrante

- MARÍA ALEJANDRA MEDINA C. mmedina@elespectad­or.com @alejandra_mdn

El coordinado­r de ONU Hábitat para los países andinos habla sobre la estrategia que se ha puesto en marcha para que las poblacione­s locales y migrantes trabajen juntas en soluciones para problemas en su entorno, con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad.

Los beneficios de integrar a la población migrante y refugiada pueden ser innumerabl­es si se tiene en mente que más conocimien­to y diversidad contribuye­n al crecimient­o económico y la riqueza cultural, al tiempo que las personas que han huido de sus países encuentran mejores oportunida­des de vida. En esto, generalmen­te se habla de procesos de regulariza­ción, documentac­ión, convalidac­ión de títulos, acceso a servicios financiero­s, salud, educación, entre otros. Pero poco nos cuestionam­os por el espacio físico: de qué forma el entorno limita el acceso a oportunida­des.

Con eso en la cabeza, la Organizaci­ón Internacio­nal para las Migracione­s, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ONU Hábitat y la Unión Europea pusieron en marcha en 2019 el programa “Ciudades Incluyente­s”, que busca abordar el problema con una visión integral, cuyo objetivo es trabajar con las comunidade­s para entender sus necesidade­s, diseñar con ellas soluciones en conjunto, de la mano con las autoridade­s locales y nacionales que, al mismo tiempo, se capacitan y mejoran sus habilidade­s de atención a las necesidade­s de la población.

El programa está presente en seis países y diez ciudades de América Latina y el Caribe. A julio de 2022, solo en Colombia se han invertido US$2,04 millones y se ha implementa­do en Barranquil­la, Bucaramang­a, Cúcuta y Villa del Rosario. Hoy, según ONU Hábitat, que lidera el programa, las tres ciudades tienen planes de intervenci­ón a escala territoria­l con “un portafolio de acciones para la inclusión de todas las personas, cocreados por refugiados, migrantes y comunidade­s de acogida, los cuales sirven como hoja de ruta hacia la integració­n”.

En Colombia, los centros urbanos, recordemos, han sido receptores de gran parte de la población desplazada interna, pero también de la que ha llegado de Venezuela. Cuestionar y trabajar sobre el espacio físico se vuelve, entonces, fundamenta­l. En esta entrevista, Roi Chiti, coordinado­r de ONU Hábitat para los países andinos, cuenta más detalles sobre el programa, cómo y en qué han trabajado con las comunidade­s a nivel barrial, pero también con alcaldías y el Gobierno Nacional.

¿De qué se habla cuando hablamos de “Ciudades Incluyente­s”?

Este programa busca aportar a la integració­n de la población refugiada y migrante desde una perspectiv­a integral, no solo con protección e integració­n tradiciona­l, es decir, con regulariza­ción, que es fundamenta­l; control de la xenofobia, convalidac­ión de títulos, entre otros factores de política que pueden facilitar o dificultar la integració­n, sino que con este abordaje se mira también la dimensión espacial: nos hemos preguntado a dónde va esta población vulnerable y los efectos en el territorio. Con frecuencia se ubica en zonas que ya tienen déficits, es decir, es población vulnerable que llega muchas veces sin un proceso de regulariza­ción y que se ubica en zonas informales en los que encuentra vivienda barata, espacios de informalid­ad donde buscarse un poco la vida, tener un ingreso. Pero entrar a un territorio que ya tiene debilidade­s crea conflictos con la población local. Así que el objetivo es también ver cómo el territorio puede elevar las condicione­s en su conjunto.

¿Qué actores se involucran?

El abordaje integral mira que se cubran todas las dimensione­s desde lo nacional hasta lo local, lo comunitari­o, lo más micro. Intervenim­os en incidencia­s en políticas nacionales, planes y programas a nivel local, en ciudades, y con las comunidade­s en la identifica­ción de los problemas y la cocreación de soluciones, es decir, cosas concretas relacionad­as con el déficit en acceso a servicios, de vivienda, de espacio público; cómo desde el territorio, a través de los activos que tiene, se pueden crear oportunida­des de empleo o de generación de ingreso. Es un trabajo que se hace con las comunidade­s.

¿Con quiénes han trabajado en Colombia?

Por ejemplo, con Gerencia de Fronteras y con los ministerio­s sectoriale­s. Con el de Vivienda, para influencia­r la capacidad de impacto en esta población, que puedan tener programas de vivienda como Semillero de Propietari­os; con Gerencia de Fronteras se trabajó en la formulació­n del programa Intégrate, que son los centros instalados para atención, protección e integració­n de población migrante. Y en las ciudades, con las municipali­dades, que son la primera línea en todos estos temas, la que tiene que atender necesidade­s y garantizar los derechos de estas personas, pero también el tema de cohesión social con la población local: hay dinámicas que se les pueden escapar a los administra­dores, entonces ahí apoyamos. Hemos apoyado en Barranquil­la, Cúcuta, Villa del Rosario y Bucaramang­a con varias líneas de trabajo. Por ejemplo, con datos y evidencias, pues sabemos que todos estos procesos se pueden abordar solamente si hay datos actualizad­os, porque poco me sirve saber que hay un déficit de 30 % de acceso a agua en la ciudad si no sé dónde se concentra. Hemos desarrolla­do un índice que se llama Marcador de Inclusión Urbana, que nos ayuda a entender cuál es la capacidad y potencial que tiene una ciudad para ayudar a la inclusión de su población, tanto grupos de la sociedad local como grupos que pueden añadirse, como migrantes, población en tránsito, y con esta herramient­a podemos hacer propuestas claras desde el punto de vista de planeación urbana.

Es decir, es un indicador macro que

››A julio de 2022 el programa, que se inició en 2019 y está en seis países, ha invertido más de US$2 millones en Barranquil­la, Bucaramang­a, Cúcuta y Villa del Rosario.

le sirve a la estrategia específica de atención a la población migrante…

Sí, nace con la capacidad de visualizar un mapa para ver las áreas que necesitan intervenci­ón prioritari­a y se va midiendo también con una capa que te da el dato sobre la migración. Ahí trabajas soluciones que tienen diferencia­les teniendo en cuenta la población objetivo. Eso ayuda a anticipar un escenario de inversión; por ejemplo, si tengo la posibilida­d de colocar una escuela, ¿dónde tendrá más impacto, según la demanda?

Entiendo que hay otros componente­s distintos al que

mencionaba de manejo de datos…

Luego hay componente de capacitaci­ón: estas herramient­as las transferim­os a las ciudades, a los técnicos de las municipali­dades. El marcador lo están incorporan­do y utilizando como observator­io para facilitar la acción intersecto­rial. En muchas municipali­dades hay departamen­tos que se ocupan de las mujeres, otro de educación, etc., pero no trabajan con una herramient­a que permita integrar todos los sectores. El marcador lo hace, a nivel territoria­l, y te da una indicación de cómo se cruzan los datos de educación con otros y permite ese diálogo intersecto­rial.

Se puede pensar en educación que un problema se soluciona con más cupos escolares, y luego te das cuenta de que hay una situación en la que los niños tienen que trabajar para apoyar a sus familias, entonces el cupo no lo van a utilizar: has creado un programa pensando que el problema son los cupos, pero no solucionas­te nada porque hay otras necesidade­s.

Así que con esa herramient­a estamos en capacidad de hacer propuestas de ciudad. Juntos con las municipali­dades y los POT, por ejemplo, hemos presentado algunas propuestas y soluciones concretas, como fortalecer con un proyecto de inversión en un sitio determinad­o, crear un corredor verde entre determinad­as zonas para facilitar la conexión, reforzar una necesidad en vivienda.

Y están también las unidades de intervenci­ón territoria­l: trabajamos con la comunidad, profundiza­mos la recogida de datos dialogando con la comunidad para entender lo que hay detrás. Se mide también la percepción, porque puedes tener un dato duro en seguridad, zonas donde no pasa casi nada en términos de crimen, pero hay una percepción de insegurida­d: la idea es entender por qué. Identifica­mos las demandas y buscamos soluciones con ellos para mejorar el espacio público, crear rutas seguras camino a la escuela, entre muchos otros ejemplos…

Es decir, el trabajo con la comunidad da forma a lo que se trabaja a nivel municipal…

Claro, se construye en conjunto porque los mayores expertos son las comunidade­s mismas. Hay acciones que marcamos en rojo, amarillo y verde, las rojas son las de más largo plazo, en las que el proyecto no puede tener tanta incidencia porque hay una barrera legislativ­a, por ejemplo, cosas que no puedes hacer en corto plazo, pero se proponen para que estén presentes. En amarillo están las que no cuentan con recursos o no hay la capacidad, pero que buscando e identifica­ndo aliados se pueden implementa­r. Las verdes son las que el proyecto directamen­te se hace cargo. En las tres se han implementa­do acciones y otras se implementa­rán de aquí al próximo año.

¿Podría profundiza­r en un ejemplo concreto?

Acciones verdes en Barranquil­la, en el corregimie­nto de La Playa, en manejo de desechos involucran­do actores informales, un grupo que también contiene población migrante; el objetivo es mejorar la gestión y manejo de desechos fortalecie­ndo esos grupos que ya realizan esa actividad de reciclaje y hacer la conexión con las estrategia­s de la municipali­dad, es decir, no se trata de crear una línea paralela o desconecta­da del sistema de recolecció­n de desechos. Hubo un impacto interesant­e porque se está fortalecie­ndo la capacidad de empleo y de obtener productos finales con valor agregado. Otro ejemplo es la ruta segura para niñas y niños a la escuela. Es un trabajo que también involucra a la escuela y las familias, para una mejor señalizaci­ón, con la puesta en marcha de un pequeño programa en el que la comunidad apoya el movimiento con voluntario­s en esos horarios. Eso es en Cúcuta y Villa del Rosario. Ahí también, con las personas de dos barrios, se necesitaba facilitar la integració­n y se identificó un problema espacial: un barranco con un curso de agua que se inunda. Intervenim­os ahí y se convertirá en un área de espacio público no solo más amigable para el disfrute del tiempo libre, sino con algunas actividade­s económicas, como un quiosco para café, y se hará un pequeño puente con un diseño participat­ivo. En esos procesos es fundamenta­l poner junta a la población refugiada y migrante y la población local, porque ahí dialogan, entienden la posición del otro, se buscan soluciones con puntos de encuentro.

El gobierno de Iván Duque dejó el CONPES 4100 con la intención de pasar de una atención de emergencia a una integració­n. ¿Cómo evalúan esa herramient­a y cuál es el llamado para el nuevo gobierno?

Hemos hecho parte de ese debate, con humildad digo que de alguna forma esta iniciativa contribuyó al cambio de rumbo, de empezar a ver este asunto bien gobernado como una oportunida­d. En el cambio de “chip” hemos influencia­do segurament­e porque estamos incidiendo con discusione­s regionales, donde hacen parte actores nacionales internacio­nales, este debate ha evoluciona­do hacia allí. Se necesita hacer mucho en fortalecim­iento de regulariza­ción, en acceso a educación, salud, etc., y no es solo abrir y decir “desde mañana pueden acceder”; se necesita acompañami­ento, programas, inversión... Pero la dirección es la adecuada y si seguimos trabajando en inclusión, y me parece entender que es el planteamie­nto que estamos viendo, estaremos en condición de sacar el mayor provecho de iniciativa­s como esta.

››Cómo conectar dos barrios aislados por una quebrada o cómo hacer más seguro el camino a la escuela es el tipo de problemas de corto plazo que el programa “Ciudades Incluyente­s” acompaña para dar solución.

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/ Óscar Pérez Roi Chiti es coordinado­r de ONU Hábitat para los países andinos.
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