Iván Velásquez y el extraño honor de ser ‘non grato’ en Guatemala
Uno de los fundadores del colectivo JusticiaYa (antes RenunciaYa), que jugó un rol relevante en el movimiento que llevó a la renuncia del presidente y la vicepresidenta de Guatemala en 2015, analiza el rastro que dejó en su país el ahora ministro de Defen
El nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa del gobierno de Petro y Francia despertó encendidas reacciones en Guatemala y Colombia, países marcados por largos períodos de violencia armada. Para aportar al diálogo colombiano, compartiré cierto contexto histórico, haré un somero repaso del trabajo de Velásquez en la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y apuntaré las principales críticas y debates que surgieron a partir de la esperanza que generó la lucha contra la corrupción y el desasosiego de su posterior derrota. Esto con el fin de explicar el escozor binacional que el excomisionado y ahora ministro genera en las hermanadas extremas derechas guatemaltecas y colombianas.
Cierto contexto es necesario. Imaginemos que a los dos días de haber presentado el informe de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux hubiera sido brutalmente asesinado y la escena del crimen alterada con suficientes indicios de tratarse de un magnicidio fraguado con la complicidad del gobierno firmante del Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Gobierno. Esa es la historia de monseñor Juan José Gerardi, el comprometido y popular sacerdote que, después de sobrevivir los años más duros de la guerra como obispo en el Quiché, impulsó y dirigió el informe interdiocesano de la verdad en el que se denunció la violencia genocida. Desgraciadamente, la osadía de cuantificar 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos lo convirtió en mártir de la Guatemala que firmó la paz pero incumplió los acuerdos, anuló la sentencia por genocidio y disolvió la escueta institucionalidad heredada por la dejación de armas.
El asesinato de Gerardi marcó un punto de quiebre para el movimiento guatemalteco por los derechos humanos que buscó a los desaparecidos de la guerra, tejió el esfuerzo colectivo por la construcción de la memoria histórica y luchó por el avance de la justicia contra los criminales de lesa humanidad. Este crimen puso sobre la mesa una desagradable realidad: los militares y agentes de inteligencia expertos en desaparición forzada y guerra psicológica seguían desempeñando sus competencias en el Estado sin importar el tinte ideológico del presidente de turno. La atípica comisión internacional era la propuesta de este movimiento a la imposibilidad de ser el mismo Estado el encargado de depurar sus estructuras criminales y paralelas.
La CICIG debía dar apoyo técnico al Ministerio Público (MP) –que en Colombia sería la Fiscalía General de Nación– y sugerir reformas para dar viabilidad institucional a sus propósitos. Velásquez no era el primer comisionado, otros antes habían arado el terreno impulsando un marco legal favorable (escuchas telefónicas y protección de testigos). Sin embargo, el mandato temporal de la Comisión estaba por terminar y la narrativa oficial acotaba la labor del colombiano a diligenciar la transferencia de capacidades al MP para proceder al cierre de la oficina: “La fase de trabajo de la CICIG ya terminó, y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más”, afirmó a inicios de 2015 el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Pérez Molina –general firmante de la paz– afirmó en una entrevista haber escuchado y desatendido la recomendación que Álvaro Uribe le había hecho llegar a través de grandes empresarios guatemaltecos: “tenga cuidado con Iván Velásquez”. Para fortuna guatemalteca no tuvo tal cuidado y a regañadientes prorrogó el mandato de la comisión, meses antes de verse obligado a presentar su renuncia dado el inusitado desborde social, el abandono político de sus financistas y la presión nacional e internacional que provocaron las investigaciones que la CICIG develó sobre su gobierno. En este tiempo extra la comisión abriría la caja de pandora.
Fueron tantos los casos develados que la prensa no tenía capacidad de darles seguimiento con la profundidad que demandaban. Los tres poderes del Estado fueron puestos en cuestión. El ejecutivo con el financiamiento electoral ilícito y la evasión aduanera; el legislativo con el caso que demostró cómo Odebrecht compró el voto de 108 diputados; y el judicial desnudando cómo la elección de jueces y magistrados se hacía de manera paralela a la comisión pública. Con el caso Cooptación del Estado, el principio republicano de la independencia de poderes era retratado como una triste fantasía. Empresarios, militares y políticos corruptos pasaban noches de insomnio ante el pavor de ser capturados o mencionados en las conferencias de prensa que Iván Velásquez y Thelma Aldana –fiscal general en ese entonces, hoy en el exilio– ofrecían y eran televisadas como si fueran partidos de fútbol de la selección nacional.
Sin embargo, si en 2015 la comisión (y el comisionado) aglutinó apoyo entre diversas clases sociales, en 2016 esta pluralidad se vino abajo cuando las investigaciones llegaron al corruptor detrás del corrupto. El comienzo del fin del segundo aire de la Comisión comenzó con la persecución a los criminales de cuello blanco. Jimmy Morales –personaje sin carrera política pero conocido por su programa “cómico” de televisión– llegó a la presidencia con un partido fundado por veteranos militares y una campaña financiada de forma ilícita por empresarios, como demostraron las investigaciones de la CICIG. Los empresarios se vieron en la necesidad de aparecer en conferencia pública asumiendo de manera timorata su responsabilidad y ofreciendo un mal logrado perdón a la nación. Ese mismo año se destapó el caso de evasión fiscal en Aceros de Guatemala, empresa que tuvo que pagar la multa más grande jamás cobrada en el país. Iván Velásquez se volvió el temor de los pesos pesados de la realpolitik guatemalteca.
Sin embargo, la historia termina mal. Los empresarios acusados movieron influencias en el Congreso para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito para salir del problema. El acuerdo de la CICIG fue unilateralmente anulado en 2018 y los fiscales, jueces, activistas y periodistas que empuja
››Empresarios, militares y políticos corruptos tenían pavor por ser capturados o ser mencionados en las conferencias de prensa de Iván Velásquez.