La hipótesis por tres falsos positivos
El ente investigador inició formalmente un proceso penal contra 10 uniformados señalados de retener, golpear, torturar y asesinar a sangre fría a tres jóvenes de Chochó (Sucre). La hipótesis marca hacia un falso positivo. Ninguno aceptó cargos y un ofici
Para la Fiscalía, el pasado 25 de julio, policías de Sucre intentaron justificar las muertes violentas de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó (Sucre). Después de presuntamente golpearlos, torturarlos y asesinarlos habrían hecho lo posible por ocultar los crímenes y presentar sus muertes como resultados contra el Clan del Golfo. La Fiscalía imputó a 10 de los 11 uniformados señalados y dio pistas de la investigación. Los funcionarios públicos, por su parte, no aceptaron cargos y se declaran inocentes por homicidio, tortura, favorecimiento, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio.
El final de julio fue un caos para Sucre. El 25 de ese mes, el Clan del Golfo arreciaba contra la región y, en el marco del plan pistola, asesinó al patrullero Diego Ruiz, de 25 años, en Sampués (Sucre). La reacción del Departamento de Policía, por lo que se conoce del expediente, fue encontrar a los victimarios de Ruiz. En su propia persecución, la Fuerza Pública dio con los jóvenes Jesús Díaz, Carlos Ibáñez y José Carlos Arévalo, cuyas edades oscilaban entre los 21 y 26 años. Todos fueron presentados como resultado de un operativo, hasta que la comunidad clamó justicia, gritó que se trataría de un falso positivo e hizo retumbar su denuncia a escala nacional.
En menos de dos semanas, la Dirección General de la Policía llamó a calificar servicios al comandante de Sucre, el coronel Carlos Andrés Correa, y al teniente coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de seguridad ciudadana. Este último salió del país y, al parecer, se encuentra en México, con fuerzas de Interpol buscándolo y una orden de captura ya en firma en Colombia. Fue el único de los policías involucrados que no pudo ser imputado en las últimas horas por la Fiscalía. A los demás se les explicó, uno por uno, la teoría del caso, la cual concluye que se trataría de tres ejecuciones extrajudiciales. Según el ente fiscal, los tres jóvenes fueron capturados en Chochó por uniformados de la Dirección de Infancia y Adolescencia. “Llegan otros funcionarios y, contrario a garantizar la seguridad, los golpean al relacionarlos con la muerte del patrullero Díaz. Causaron padecimientos innecesarios”, agregó el ente investigador. Luego de ello, al parecer, los subieron a una camioneta, que estaba bajo el mando del coronel Núñez. Este último habría disparado a sangre fría contra las víctimas y luego, en una hipótesis atroz, habría dado la directriz de tomar el camino más largo hacia un hospital de Sincelejo.
Los jóvenes llegaron sin vida. Para la Fiscalía, la mano criminal de los policías no quedó allí. Al patrullero Jesús Bolaños, el fiscal del caso lo señaló de haber sido el encargado de llevar la camioneta a un mecánico para que cubriera los huecos de las balas. Después de ello, las pistas indican que los demás procesados rindieron informes en los que indicaron que los jóvenes eran criminales. Los otros patrulleros capturados son María Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamid Henao, Huber Mieles, Bernardo Pontón, Diana Puerta y Leila Ávila. Todos enfrentan cargos distintos, dependiendo de su posible participación antes, durante y tras los asesinatos.
A la fecha, la Inspección de la Policía prepara un pliego de cargos contra los uniformados, que luego será retomado por la Procuraduría para su juzgamiento. Entre las pruebas están los testimonios de dos patrulleros, quienes aseguraron que Núñez disparó contra los jóvenes. Herbert Núñez, hermano del oficial señalado, aseguró que su hermano no se fugó. “Se está escondiendo y protegiendo de la amenaza del Clan del Golfo. Si hay garantías de seguridad, se presentará de inmediato”, dijo hace una semana al diario El Tiempo.
Ahora los 10 funcionarios enfrentarán un proceso penal, en el que no se descarta que alguno pueda llegar a una negociación con la Fiscalía a cambio de beneficios. Sin importar su participación en los hechos, el ente investigador fue claro: los policías, de una y otra manera, “redujeron, golpearon, presenciaron, apoyaron, contribuyeron y prestaron medios idóneos, como vehículos, para que se cometiera este hecho fatídico”. Un suceso que también fue calificado por la Fiscalía como arbitrario y mezquino, con una sola motivación: la venganza.