¿Está condenado el aeropuerto de Cartagena a quedarse pequeño?
La iniciativa privada para la ampliación de la terminal aérea se adjudicaría en julio de 2023. Sin embargo, hay dudas de si el proyecto está a la altura de lo que la ciudad necesita.
Si el turismo es una de las apuestasdel gobierno de Gustavo Petro, entonces la infraestructura del sector debe estar entre las prioridades. No es una tarea fácil. De hecho, para avanzar en esta materia la nueva administración primero tiene que apagar varios incendios. Al hablar de aeropuertos, expertos y organizaciones, incluida la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, coinciden en que Cartagena es una de las prioridades.
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se queda corto para atender la demanda y, además, necesita adecuaciones. “El aeropuerto ya colapsa, el servicio que se presta es malo. Cuando llueve, la gente se tiene que bajar con sombrillas del avión y para bajar pasajeros en condición de discapacidad toca a pulso”, asegura Nayib Díaz, presidente del capítulo Noroccidental de Anato.
La ciudad amurallada, un lugar de encuentro para todo tipo de eventos nacionales e internacionales, necesita una mejor infraestructura aeroportuaria. Esta premisa no es nueva, los problemas del Rafael Núñez están sobrediagnosticados. La gran pregunta es qué se hará para solucionarlos (y si es suficiente).
La APP que se quedó “durmiendo”
En diciembre se termina la concesión con la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), que ha estado al frente del aeropuerto por 26 años. El contrato se vencía en 2020, pero tras un arreglo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por los cierres de la pandemia, se extendió hasta finales de este año, una fecha en la que se esperaba tener una solución para la operación y ampliación de la terminal.
Esto no ocurrirá. Y como al parecer no es viable que la administración quede en manos de la Aerocivil, el gobierno Petro planteó una estrategia para que Sacsa se quede ocho meses más. El presidente de la ANI, William Camargo, aseguró que habrá tiempo para definir quién operará por ocho años el aeropuerto. La pregunta es si la ampliación prevista, que para los gremios de Cartagena resulta urgente, es lo que la ciudad necesita.
Primero hay que saber que hace años se presentó la Asociación Público Privada (APP) para ampliar el aeropuerto, pero como lo dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, “esa APP se quedó ahí, durmiendo la muerte de los justos”. Ramón Pereira, representante legal de Sacsa y de Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena, el originador de la iniciativa privada para ampliar el Rafael Núñez, asegura que la solución existe hace ocho años.
Sacsa recibió un aeropuerto que transportaba 900.000 pasajeros al año, con una conectividad aérea internacional prácticamente nula. El 26 de septiembre de 1996 empezó la concesión, la primera aeroportuaria en el país, inicialmente prevista para 15 años. En 2008, recuerda Pereira, se dieron cuenta de que “el éxito los estaba consumiendo”. Cartagena se puso de moda. Entonces, la empresa pidió al Gobierno una prórroga por ampliación, que se firmó en marzo de 2010.
Sin embargo, Pereira dice que en 2013 se dieron cuenta de que, otra vez, el aeropuerto se iba a quedar pequeño. Ante la imposibilidad de hacer otra prórroga, accionistas de Sacsa decidieron presentar una APP por medio de Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena, un vehículo jurídico independiente. El proyecto buscaba ampliar la capacidad del aeropuerto de 5,5 millones de pasajeros a 8,5 millones, una iniciativa que la ANI consideró poco ambiciosa, de acuerdo con la versión de Pereira.
En 2014 se presentó una nueva propuesta que ampliaba la capacidad a 11,5 millones de pasajeros y el proyecto se radicó como Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario para el Rafael Núñez. Pero se estancó. En palabras de Pereira, todo iba bien “hasta que en 2016 un grupo de inversionistas presentó una iniciativa para el nuevo aeropuerto de Cartagena, ubicado en Bayunca”. Ahí empezó a patinar la ampliación que soñaban los accionistas de Sacsa.
A comienzos del gobierno Duque se privilegió la idea del nuevo aeropuerto. Pero, según la concesionaria, se decidió con la ANI que de todas formas se requería ampliar el Rafael Núñez para cumplir con la demanda mientras se construía la nueva infraestructura. En ese nuevo panorama, una ampliación tan grande no era viable para un aeropuerto que estaba condenado a desaparecer, por eso la iniciativa privada se ajustó, paradójicamente, para una capacidad de 7,5 millones de pasajeros.
Ahora, la Aerocivil sostiene que no se planea eliminar el Rafael Núñez. Un experto que ha seguido el proyecto de cerca -y que prefiere no ser citado- asegura que no es viable tener dos aeropuertos que sirvan a Cartagena, porque tendrían que dividirse los pasajeros (y así los números no cuadran) y porque la operación simultánea podría ser riesgosa. No es muy claro cómo funcionaría este escenario, dice el experto.
La ampliación y el nuevo aeropuerto están contemplados en la primera fase de las Concesiones del Bicentenario, pero hay más preguntas que respuestas. Si bien para el presidente de la ANI por ocho años el país no tendrá que preocuparse por la operación y se podrán estudiar las alternativas, cabe la pregunta de qué tan pertinente es la opción que se quiere licitar, es decir, la ampliación de la terminal existente.
En 2019 se movilizaron 5,7 millones de pasajeros por el Rafael Núñez, en 2021 fueron 4,6 millones y para 2022 se proyecta que serán 7,2 millones. Esta última cifra no solo muestra que el aeropuerto no tiene la capacidad para atender la demanda actual, sino que deja dudas: ¿En un par de años el aeropuerto no se habrá quedado pequeño otra vez?
La respuesta podría ser que el aeropuerto de Bayunca en el futuro cubrirá parte de la demanda, pero, de acuerdo con el Ministerio, el proyecto está suspendido. De todas formas, la ANI sostiene que se adjudicará el próximo año.
Lo único cierto, por ahora, es que el Gobierno planea adjudicar el proyecto al nuevo concesionario en julio de 2023. Evidentemente, Estructura Plural Aeropuerto de Cartagena, los mismos accionistas de Sacsa, que han tenido la concesión por 26 años, también se va a presentar. Aunque Pereira reconoce que una ampliación más ambiciosa sería lógica, también señala que plantearla retrasaría un proceso urgente. Y agrega que luego se podría proponer otra ampliación.
¿Es lo que Cartagena necesita? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa.