Las preocupaciones en Arauca frente a diálogos del Gobierno con el Eln
En una visita de Colombia+20 al departamento, líderes e instituciones manifestaron su preocupación por el conflicto que se ha agudizado entre esa guerrilla y los frentes 10 y 28 de las disidencias de las Farc. Aun con el subregistro, la cifra de muertos va en más de 300.
Para llegar al centro poblado de Puerto Jordán desde Arauquita (Arauca) hay dos caminos: por el largo, sobre la vía departamental, hay que pasar al menos dos retenes que dan cuenta del pie de fuerza en uno de los departamentos con más militares por habitante (32 por cada mil). La otra opción, por vías terciarias, es atravesar al menos cuatro caseríos pequeños en los que las casas están intercaladas: una marcada por el Eln, otra por las disidencias de los frentes 10 y 28 de las Farc, los dos actores armados ilegales que se disputan el control del territorio.
En un día con poco movimiento uno puede cruzarse con hombres en moto vestidos de civil y con armas en el cinto. En otros se puede chocar de frente con muestras de esa disputa que este año ha dejado más de 2.000 personas desplazadas y 300 homicidios en el departamento, según las cuentas del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional; aunque esas cifras no son exactas, debido al subregistro por parte de las instituciones. En esa incertidumbre viven los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena, los más afectados por la agudización de la guerra.
El fin de semana pasado en Puerto Jordán, en un punto conocido como Rancho Quemao, el Eln hizo un retén en el que detuvo carros para requisar a conductores y revisar sus documentos. Una semana antes, en la vereda Santo Domingo de Tame, miembros del Frente 28 de las disidencias hicieron patrullaje mientras le decían a la gente que no estaban allí “ni para desplazar a nadie, ni para matar a nadie ni para sembrar el terror en Arauca”. Ambos casos ocurrieron a menos de 20 minutos del Batallón de Operaciones terrestres No. 29, antigua Móvil 5, y a media hora de la Estación de Policía de Betoyes.
Guillermo Díaz, presidente del capítulo Arauca de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lo resume así: “Las comunidades viven en medio de la tensión porque se ve como un contrapunteo: un día sale el uno y el otro día sale el otro. Uno no sabe qué pueda ocurrir, porque tampoco han cesado los asesinatos, los secuestros ni las amenazas y la perjudicada es la población civil”, explica.
Aunque la mayoría en la zona se niega a hablar sobre el tema, sí se evidencia una división frente a los avances en el diálogo –y una posible negociación– entre el nuevo Gobierno y la guerrilla del Eln: mientras unos lo reciben con esperanza, otros se muestran escépticos. Eso sí, todos mantienen una preocupación: ¿qué va a pasar mientras tanto con la guerra entre actores ilegales en el territorio?
Para Juan Carlos Villate, personero de Tame y quien es conocido en la región por su fuerte presencia en zonas afectadas, debe haber un doble enfoque: “No pueden ignorar que la crisis humanitaria de este año en el departamento ya no es por la pelea con el Estado, sino que se debe a esa guerra Eln-disidencias. Claro que se debe negociar, pero al mismo tiempo se debe revisar cómo aminorar esa confrontación en terreno”. Villate lleva siete años en el cargo y dice que 2022 ha sido el año más crítico. Solo en su municipio, la cifra de víctimas ya llegó a los 10 mil. “Yo en un año tomaba 130 declaraciones de víctimas, pero este año llevamos 800. Es decir, en ocho meses hemos registrado lo de seis años. Hay desplazamiento, confinamiento, reclutamiento, violencia sexual y afectación por minas. La semana pasada nos asesinaron a un niño de 13 años y a otro de 16 por temas de lo que llaman limpieza social en el casco urbano”, alerta. Los grupos armados dejaron de enfocar sus acciones contra la fuerza pública y las focalizaron en la disputa por el control del territorio y su conexión fronteriza con Venezuela.
Por eso, para un líder político de Tame, que solicitó no revelar su nombre, las negociaciones deben partir por demostrar una real voluntad de paz. “Antes de acordar cualquier cosa en Cuba debe haber un pacto entre esos grupos armados aquí. Si es cierto que quieren dialogar sobre paz con el Gobierno, ¿por qué no detienen la confrontación entre ellos a nivel regional?”, cuestionó.
Ese temor por la falta de compromiso también es generalizado. Jhonathan Ballesteros, coordinador del Observatorio Frontera, Territorio y Paz, lo ha evidenciado: “Hay escepticismo por los antecedentes. El Acuerdo de Paz con las Farc generó muchas expectativas en su momento, pero su implementación ha sido tan lenta que ha decepcionado a la comunidad. Con el surgimiento de las disidencias se incrementó la violencia en el territorio”. Incluso un líder comunal de un caserío de Arauquita manifestó que a su comunidad también le preocupa la salida del Eln si no se inicia un diálogo simultáneo con la disidencia. “Si el Eln ha detenido el avance de las disidencias, ¿quién va a impedir que el control del territorio quede en manos de ellos cuando el primero salga?”, preguntó.
Diálogos regionales
La tensión en el departamento es tal que ni siquiera se puede hablar sobre paz. Tres líderes de Arauquita y Tame le contaron a este diario que las organizaciones de derechos humanos habían organizado un foro o cabildo por la paz a finales de agosto, en el que pretendían contar con la Comisión de Paz del Senado para promover el cese de hostilidades entre las guerrillas y acordar una agenda territorial de paz. “Pero recibimos amenazas, nos dijeron que no estábamos autorizados para tocar el tema y el foro tuvo que ser cancelado”, explicaron.
Al preguntarles sobre la propuesta de algunos miembros del gobierno Petro e incluso del senador Iván Cepeda de facultar a alcaldes para que lideren diálogos
››Si es cierto que las guerrillas quieren dialogar sobre paz con el Gobierno Nacional, ¿por qué no detienen la confrontación entre ellos a nivel regional?
humanitarios en sus territorios y llegar a acuerdos mínimos (ver contexto en el balcón), insisten en que el Gobierno debe garantizar las condiciones para que no sea un riesgo mayor.
Otra preocupación al respecto es la legitimidad que los mandatarios locales tienen en los territorios. “Los alcaldes han guardado silencio frente a este conflicto social”, aseguró Díaz, del CPDH, acogiendo un reclamo generalizado en la zona: que las autoridades locales no han llevado a cabo acciones concretas ni para desescalar el conflicto ni para atender las afectaciones que este genera en territorio. Hay denuncias de que han llegado a solicitar a las personerías no recibir más declaraciones para no dañar la imagen del municipio. Colombia+20 intentó comunicarse con los alcaldes de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, pero ninguno contestó a llamadas ni mensajes. La gobernadora encargada, Indira Barrios, recibió las preguntas, pero al cierre de esta publicación no había dado respuesta.
"El Gobierno Nacional debe entrar a revisar la legitimidad y la gobernabilidad que los alcaldes y gobernadores tienen en las comunidades. Muchos no la tienen. Habría
que revisar otros liderazgos en el territorio con los cuales promover esos diálogos", dice Villate. Actualmente el departamento tiene una gobernadora encargada tras la detención de Facundo Castillo, quien fue elegido para ese cargo por presuntos nexos con el Eln y corrupción. Luego se designó al general (r) Alejandro Navas, pero fue rechazado por la comunidad por estar vinculado ante la JEP en un caso de ejecuciones extrajudiciales.
En lo que todos coinciden es que esos diálogos deben contar con la presencia de las organizaciones. Para el personero de Tame, esa es la única manera de lograr la paz territorial. “En la medida en la que se pueda generar un vínculo con las fuerzas vivas del territorio: la sociedad civil, las fuerzas económicas, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios en estos diálogos regionales, por supuesto que se generaría una ruta de paz”. Para el CPDH son claros los principales puntos a abordar: “las garantías de cumplimiento, el cese a las hostilidades, que termine la estigmatización de líderes sociales y defensores de derechos humanos y que se resuelva la crisis social en el departamento, que no solo se debe al conflicto”.