Algo muy extraño está sucediendo en Cúcuta
UN PREOCUPANTE GOLPE POLÍTIco está ocurriendo en Cúcuta. En una decisión extraña para sus competencias, así como extraños son los méritos expuestos para proferirla, la Contraloría municipal pidió la suspensión provisional del alcalde Jairo Yáñez como medida cautelar para que no intervenga en las investigaciones que se adelantan sobre unos presuntos detrimentos patrimoniales. Lo más extraño de todo es que la Contraloría dice que “la suspensión no podrá ser más extensiva al período de su mandato legal, el cual culmina el 31 de diciembre de 2023”. Es decir, de provisional, poco: lo que busca es que un mandatario elegido democráticamente no ejerza su periodo, a pesar de que no hay decisión en contra y tampoco se han involucrado jueces penales. La Procuraduría debería intervenir y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, debería negar la solicitud que más parece una extralimitación de funciones.
Según la Contraloría municipal de Cúcuta, en 2020 y 2021 se encontraron “hallazgos administrativos” que podrían generar un detrimento patrimonial de unos $6.000 millones. Por eso solicitó al gobernador Serrano que suspenda a Yáñez, “para prevenir un perjuicio mayor, sin desconocer la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”. Entonces, no hay una decisión final en contra y tampoco hay señales de que el alcalde esté interrumpiendo las investigaciones, pero aun así el contralor municipal, Óscar Enrique Sandoval, considera necesario tomar una decisión tan lesiva para la democracia como negar el mandato popular y remover a un alcalde de sus funciones en víspera de la época electoral.
Si la situación suena sospechosa es porque lo es. Por un lado, el contralor no parece recordar que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia dice que ningún funcionario público elegido popularmente puede ser removido de sus funciones a menos que haya una sentencia penal en su contra. Si bien esa jurisprudencia se refería directamente a la Procuraduría, aplica también para los otros entes de control.
Más aún, hay una sombra que se cierne sobre todo el proceso: la de Ramiro Suárez, exalcalde condenado por su participación en un homicidio y por tener nexos con los paramilitares de la zona. Suárez sigue mandando en la política de Cúcuta y Norte de Santander, a tal punto que el gobernador Serrano es visto como aliado suyo y que el contralor Sandoval es su ficha. La sorpresiva victoria de Yáñez, un empresario independiente, rompió con la omnipotencia del ramirismo y desde entonces han buscado cualquier mecanismo para entorpecer su alcaldía y retomar el poder el año entrante. Entonces, tanto quien acusa al alcalde (el contralor) como quien puede tomar la decisión de suspenderlo (el gobernador) tienen intereses políticos que le restan legitimidad a todo el proceso.
La vigilancia fiscal es una labor necesaria y por supuesto que el alcalde deberá responder si hubo un detrimento, pero la suspensión es una medida que ataca directamente la voluntad popular de los cucuteños, refrendada en un fallido intento de revocatoria de mandato hace unos meses. No pueden permitirse esos golpes a la democracia.
‘‘Tanto
quien acusa al alcalde Yáñez (el contralor) como quien puede tomar la decisión de suspenderlo (el gobernador) tienen intereses políticos que le restan legitimidad al proceso”.