“Queremos estar con las víctimas”
La exfiscal y exprocuradora Martha Lucía Zamora dialogó con El Espectador tras asumir la dirección de la entidad que defiende los intereses de Colombia a escalas nacional e internacional. Dice que ahorrará plata del Estado a través de conciliaciones y las
Martha Lucía Zamora, exprocuradora y exfiscal general de la nación, asumió esta semana el reto de dirigir la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), encargada de defender los intereses de Colombia en pleitos judiciales nacionales e internacionales. Designada por el primer gobierno de izquierda, promete imparcialidad en el cargo y fortalecer las reparaciones a las víctimas del Estado por acción y omisión. Buscará conciliar en la justicia nacional y ante el Sistema Interamericano todo para evitar las reiteradas condenas contra nuestras instituciones y, en consecuencia, ahorrarles plata a los colombianos.
¿Cuál va a ser la prioridad de la agencia?
En los últimos cuatro años la Agencia ha ganado procesos en los que estaban en riesgo $66 billones. Cada vez es mayor el ahorro porque se ganan los casos. Por ejemplo, a julio de este año la tasa de éxito de la Agencia fue del 84 %. En los procesos donde no intervenimos la tasa de éxito del Estado es solo del 54 %. Entonces, al ganar los casos, el Estado no tiene que ser condenado y no tiene que pagar. Incluso, cuando perdemos, nos condenan por menos: lo que llamamos en la Agencia “relación condena-pretensión”. Nuestro objetivo y trabajo, a escala nacional, será lograr mantener un alto nivel de éxito, así como buscar conciliaciones, cuando se concluya que es mejor conciliar que enfrentar el proceso, para que así cada vez el Estado pierda menos.
Esa es nuestra meta. Nosotros promoveremos políticas de conciliación en los casos más emblemáticos de litigiosidad para lograr ese éxito. Pongamos un ejemplo: demandan a Ecopetrol por una suma astronómica en un caso donde una empresa sufrió por alguna actuación, no digo que vaya a pasar, de la entidad nacional. Algún incumplimiento del contrato. ¿Cuál será el siguiente paso? Si está dada toda la prueba que demuestra que efectivamente van a condenar al Estado, se llega a un acuerdo, una conciliación. Si el demandante buscaba $100 millones, intentaremos conciliar en $5 millones. Y ahí se le ahorró al Estado un gran porcentaje. Hay que actuar de manera proactiva y esto lo viene haciendo la Agencia de tiempo atrás.
¿Cómo se van a fortalecer los procesos de reparación simbólica?
En los procesos en los cuales hay víctimas de conflicto armado, tanto en el ámbito nacional como el internacional, y graves violaciones de derechos humanos, nuestra mirada no solo será desde lo monetario. Por poner un ejemplo: no vamos a decir que no se le paga a una víctima, al contrario, lo más importante será la reparación a las víctimas. Ese es uno de los aspectos que abordará la
Agencia con mucho empeño. El trabajo con víctimas, su reparación tanto en el país como en el exterior.
¿Cuáles son los planes de la Agencia, designada en el primer gobierno si se quiere progresista, con los casos que emblemáticamente han peleado defensores de DD. HH. cercanos a esa corriente política? Hablo de falsos positivos, desapariciones forzadas, la persecución a la UP...
Hablemos del caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que está pendiente de fallo. Es un caso que reúne muchísimas situaciones de afectación a defensores de derechos humanos. Seguimientos, interceptaciones telefónicas, desapariciones. Conocí el caso en su momento como magistrada auxiliar y procuradora. Hoy lo encuentro en el sistema interamericano y me llena de satisfacción saber que por fin va a haber un pronunciamiento frente a casos tan graves. Mi intervención será en los términos que me corresponden como directora.
Y reconozco que todos estos casos generaron, no solamente en mí, sino en muchos colombianos, un sentimiento de solidaridad. Hoy en día toda la etapa probatoria fue adelantada, la presentación de las alegaciones. Pero eso no implica que esto me impida actuar en debida forma o de manera imparcial. Esta visión de respeto a la víctima debe siempre acompañarnos en cada una de las actuaciones que como servidores públicos nos correspondan en los diferentes cargos del Estado. Es un compromiso y una deuda.
¿Cuáles son las controversias con empresas extranjeras y cuáles de ellas son las que más le preocupan?
››Colombia
tiene 19 controversias con empresas extranjeras. Eco Oro, por ejemplo, le reclama al Estado US$698 millones.
A corte de 2022 tenemos siete controversias en etapa prearbitral y 12 en etapa arbitral. Entre ellos tenemos al inversionista Red Eagle Exploration que, en el marco de presuntos incumplimientos con el TLC con Canadá, le solicita US$117 millones a Colombia. Eco Oro Minerals es la empresa que más solicita, ya que la pretensión es de US$698 millones. Ese proceso ya está pendiente de decisión sobre daños. Tenemos controversias con Glencore, Foster Wheeler, Telefónica, Gran Colombia Gold, Galway Gold, entre otras.
¿Existen planes de articulación con el modelo de justicia restaurativa que el Ministerio de Justicia ha propuesto, por ahora, desde el discurso?
Nosotros tenemos una dependencia de políticas y estrategias que vamos a priorizar directamente en las regiones, para lograr un acompañamiento que le permita al Estado mejorar y evitar la litigiosidad. Ese es un laboratorio de ideas y proyectos en equipo que va a permitir encontrar ese tipo de situaciones que está llevando a las mayores demandas contra el Estado. Ahí encontramos un punto de unión con el ministro Osuna, y queremos apoyarlo en todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para evitar el hacinamiento y, entre otras ideas, la presentación de un proyecto de ley para lograr unas medidas de libertad provisional.