La ley de los chips
El mes pasado el presidente Biden firmó una histórica ley (CHIPS and Science Act). Su principal objetivo es propiciar las condiciones para que EE. UU. mantenga su liderazgo y genere empleo de primer nivel en las industrias del futuro: nanotecnología, energías limpias, computación cuántica e inteligencia artificial.
No es una vana declaración de principios, es una estrategia económica y política de largo plazo, como lo fuera en los años 60 la conquista del espacio. La nueva ley destina la astronómica suma de 280 billones de dólares para que el Estado vincule la industria, la academia y las entidades públicas en el diseño y ejecución del desarrollo tecnológico. De esa suma se invertirán 200 billones en investigación científica y 52 billones para apoyar a las industrias en la producción de chips. Se trata de un subsidio estatal para nivelar la competencia frente a fabricantes de otros países.
En el fondo hay también razones geopolíticas. Primero, no hay que dejar que China gane la carrera, ante su creciente amenaza de expansionismo militar y su exitosa cruzada comercial a nivel global (Belt and Road Initiative). Segundo, es indispensable blindar las cadenas de suministro y en algunas industrias EE. UU. depende de manera crítica de proveedores foráneos. Es el caso de las plantas de semiconductores en Taiwán, un país amigo, con alto riesgo de convertirse en la Ucrania de China.
A pesar de la extrema pugnacidad entre republicanos y demócratas, después de una compleja negociación se logró el apoyo bipartidista a la ley de los chips. Se evidencia así que –más allá de discursos ideológicos– los países más desarrollados lo son porque logran consensos históricos en los asuntos de los cuales depende el destino de las nuevas generaciones. Una vez más el espíritu de Franklin D. Roosevelt inspiró a la nación: promover el trabajo y el progreso científico, como se lo propuso en 1945.
En Colombia aún está por decantarse el panorama político resultante de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Ojalá la sindéresis y la responsabilidad eviten una fractura fatal entre el estamento empresarial y los funcionarios públicos. Ningún país resulta bien librado de ese enfrentamiento.
››La ley destina 280 billones de dólares para que el Estado vincule a la industria, academia y entidades públicas en pro del desarrollo tecnológico.