La masacre de policías en Huila hace urgente la paz

UNA VEZ MÁS, CON DOLOR PROfundo, tenemos que homenajear a policías vilmente asesinados en el cumplimiento de su deber. Los intendentes Wilson Cuéllar Lozada y Luis Alberto Sabi Gutiérrez, los patrulleros John Fredy Bautista Vargas y Duverney Carreño Rodríguez, y los auxiliares bachilleres Andrés Pascuas Figueroa, Santiago Gómez Endez y Cristian Cubillos Borbón fueron emboscados en zona rural del Huila, primero con un explosivo y luego con ráfagas de fusil. No hay otro nombre: se trata de una masacre. También es un amargo recordatorio de que Colombia sigue siendo un país plagado de violencias que atemorizan a las personas y continúan cobrando víctimas.

El presidente Gustavo Petro dijo que rechaza “contundentemente el ataque con explosivos donde murieron siete policías en San Luis, Huila. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total”. Por su parte, el Ministerio de Defensa pidió investigaciones, una reacción de las Fuerzas Armadas y en un comunicado expresó: “La paz total va en contravía de la connivencia y el silencio ante la criminalidad. Esta acción de terror es un saboteo a los propósitos de superar estas violencias que sirven para los intereses de unos pocos, que viven y han vivido de la guerra”. Tienen razón, por supuesto. A pesar de que el Gobierno ha mostrado una vehemente voluntad de sentarse a conversar con todos los criminales, la violencia sigue mostrando su rostro.

Al cierre de esta edición, la Policía y la Fiscalía seguían en proceso de investigación con los equipos que desplegaron en la zona. Sin embargo, se sabe que por ese territorio hay tráfico de drogas, movimiento de las disidencias de las Farc y presencia de bandas criminales. Son, entonces, los sospechosos habituales. Esto, en medio de un país convulsionado por invasiones de tierras, matanzas que no cesan, enfrentamientos por el poder entre criminales y cambios en la cúpula de la fuerza pública. Es un panorama lamentable que contrasta con los discursos de paz que se han escuchado desde que el nuevo Gobierno llegó a la Casa de Nariño.

Justo la semana pasada, el ministro del Interior, Alfonso Prada, presentó la prórroga a la Ley de Orden Público que le permite al Gobierno negociar con los alzados en armas. En palabras de Prada, “lo que hace este proyecto es convertir en política de Estado la política de paz”. Se propone modificar criterios para que en los diálogos entren incluso actores armados distintos a las guerrillas tradicionales, con miras a los acercamientos que se han hecho, por ejemplo, con el Clan del Golfo. El problema, como hemos mencionado en este espacio en varias oportunidades, es que el Gobierno tiene que hacer un acto de malabarismo difícil: cómo preparar el camino para la paz sin restarles potestad a las Fuerzas Armadas para que los horrores no sigan ocurriendo. Las masacres como la que vimos en Huila lo que hacen es poner de presente ese dilema que no tiene solución sencilla.

Por ahora solo nos queda honrar a las víctimas. Eso pasa por apostarle a la paz y dar respuestas inmediatas a la seguridad en todo el territorio. Ese es el reto del Gobierno.

‘‘El

reto del Gobierno, mientras adelanta negociaciones, es no descuidar la seguridad en todo el territorio nacional”.