De entrampamientos y otros ardides

SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA RAE, entrampar es hacer que un animal caiga en la trampa, una trampa es un ardid para burlar o perjudicar a alguien, y un ardid es un artificio o medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento. El término fue muy utilizado en días pasados debido a que la Comisión de la Verdad señaló que la captura de alias Santrich al parecer fue producto de una operación de entrampamiento, consistente en la entrega controlada de varios kilos de cocaína que habrían sido aportados por la Fiscalía.

Como reacción a ese documento, el exfiscal Martínez Neira le pidió a Francisco de Roux que constituyeran un tribunal de honor para que determinara “si la cocaína negociada, que dio lugar a la extradición de Santrich, provenía o no de la Fiscalía”. Con ese hábil planteamiento la controversia dejaba de girar alrededor de si se le había tendido una celada a dicha persona para que cometiera un delito que permitiera procesarla y el eje de la polémica pasaba a ser de quién era la coca objeto de la ilícita negociación.

Pese a lo ingenioso de la propuesta, el padre eludió el ardid recurriendo a un prudente silencio, dejando incólume la incógnita sobre la verdadera naturaleza de ese episodio.

La discusión no es si Santrich se implicó en la comercialización de la droga, lo cual parece evidente, sino si la decisión de hacerlo provino de él mismo o respondió a la iniciativa de alguien que, fingiendo estar inmiscuido en negocios ilícitos, lo persuadió de involucrarse en ellos. Desde el punto de vista jurídico el tema es importante porque, a diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí la ley prohíbe “al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado”. Esa disparidad legislativa hace posible que estos mismos hechos puedan dar lugar a un proceso en cortes norteamericanas (como en efecto ocurrió en este caso), pero no en Colombia.

Expresado de manera más simple, si una persona libre y autónomamente decide buscar marihuana para comercializarla y un policía que se entera de ello se la suministra, esa entrega controlada es un mecanismo válido para constituir una prueba contra quien la reciba. Si, por el contrario, un investigador le ofrece a alguien tomar parte en un delito porque sospecha de su tendencia a hacerlo y consigue convencerlo de que acepte, no podrá procesarlo por esa conducta puesto que la resolución de cometerlo no surgió del propio imputado, sino del tercero que mediante ardides lo persuadió de incurrir en él.

Lo que ha sido objeto de debate no es de quién era la droga, como quiere mostrarlo Martínez Neira, sino de quién fue la idea de traficar con ella en ese momento; si el plan provino de una autoridad nacional (la Fiscalía, por ejemplo), quien lo diseñó debería saber que con base en ese entramado no podía comenzar una investigación en Colombia. Eso indicaría que quien concibió toda la operación no buscaba iniciar una actuación penal por narcotráfico, sino poner en evidencia que algunos desmovilizados de las Farc-Ep volvían a sus actividades delictivas lo que, de paso, afectaría la credibilidad de la JEP y del propio proceso de paz.

‘‘La

discusión no es si ‘Santrich’ se implicó en la comercialización de droga, lo cual parece evidente, sino si la decisión de hacerlo provino de él mismo o respondió a la iniciativa de alguien que lo persuadió”.