El Espectador

Las dudas que deja el gobierno Petro sobre su agenda migratoria

La incertidum­bre es notable: hay oficinas por llenar y otras que ya se llenaron, pero cuya cabeza despierta reservas entre expertos en el área de migración.

- CAMILO GÓMEZ FORERO cgomez@elespectad­or.com @camilogome­z8

Lo que se sabe del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez frente a la migración es muy poco. La informació­n disponible, dicen expertos en el tema, es la que se conoce por lo que se ha dicho en ruedas de prensa y lo que dejan ver los nombramien­tos que el presidente ha hecho. Nombramien­tos que, hay que decirlo, tardaron más de lo que se pensaba. La incertidum­bre es notable: tras el primer mes de gobierno no se sabe qué pasará con la Oficina para la Atención e Integració­n Socioeconó­mica de la Población Migrante de la Presidenci­a, antes Gerencia de Fronteras, un cuerpo que estaba trabajando profundame­nte en la integració­n de migrantes.

Hace una semana exactament­e Petro nombró al general en retiro Jorge Maldonado, quien dirigió la Casa Militar durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, como la cabeza de Migración Colombia. El hecho de que sea alguien que proviene de las Fuerzas Armadas no tiene satisfecha­s a las personas conocedora­s de las necesidade­s de la población migrante: urgía alguien que supiera del diseño de políticas públicas para la integració­n socioeconó­mica de los y las migrantes, y que les diera tranquilid­ad a las personas que se movilizan.

“A mí me sorprendió el nombramien­to, pues Maldonado, ya que tengo cierta reserva con las fuerzas militares porque estas no son un cuerpo especializ­ado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad de las fronteras y de militariza­ción de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigració­n y lo que esto implica. Desde mi perspectiv­a, y aclaro que no conozco a la persona que nombraron y sus habilidade­s, tener a un militar en esa posición me genera dudas sobre su enfoque dentro de Migración Colombia. A mí sí el tema de que sean personas militares me preocupa un poco por su visión de la migración”, señaló Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigac­ión de la Universida­d Eafit, que trabaja en el área de investigac­ión de Dejusticia.

Arroyave tiene sus razones para mostrarse precavida ante el nombramien­to de Petro: en la pandemia, organizaci­ones de derechos humanos registraro­n una militariza­ción de las fronteras y de espacios en general en toda la región que les resultaba exagerada. “Eran los militares quienes decían si podían entrar o no, y pues vimos muchos casos de violación de derechos humanos acá en Colombia. En Arauca, por ejemplo, se dio el volcamient­o de una lancha que venía del lado venezolano, y en la frontera en Ecuador y Perú. La respuesta de los militares a esto no fue positiva. Atendieron la situación incluso con disparos al aire. Había niños y familias que se estaban desplazand­o, evidenteme­nte no era la forma de manejar el caso”, resalta Arroyave.

Hay que recordar que estas personas se desplazan y se van de su país por temas políticos, sociales y económicos, también por acceso a la salud, alimentaci­ón y otros derechos: no es porque se quieran ir voluntaria­mente. “Esperemos que el enfoque de Maldonado se preste a la apertura. Igual con militares o sin militares, Migración Colombia es una institució­n compleja con la forma en la que maneja todos los procesos. Allá falta un enfoque de atención con derechos humanos, porque atienden una población en situación de vulnerabil­idad y muchas veces la prestación de los servicios no es la más idónea”, resaltó la experta.

Sobre el enfoque que deberá tomar Migración Colombia y el gobierno Petro, Dejusticia presentó esta semana una serie de recomendac­iones que plasmó en un documento elaborado por expertos de este centro de investigac­ión, pero también por migrantes, personas refugiadas, retornadas y otras organizaci­ones locales.

Lo esencial, dice Arroyave, es saber qué pasa con la Oficina para la Atención e Integració­n Socioeconó­mica de la Población Migrante de la Presidenci­a; garantizar el debido proceso en los procedimie­ntos sancionato­rios que ocurren en Migración Colombia, porque a veces esta institució­n se extralimit­a y expulsa a personas sin razón, según señala la investigad­ora de Dejusticia, y aplicar el Estatuto de Protección Temporal para refugiados de otras nacionalid­ades para que se les garanticen los derechos fundamenta­les en territorio colombiano. A continuaci­ón, estas son las recomendac­iones de Dejusticia para el nuevo gobierno.

››Una

de las preocupaci­ones que persiste es el debilitami­ento del sistema de asilo y refugio que debe ser transforma­do para que puedan acceder a diferentes tipos de derechos.

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/ AP Para expertos, la Oficina para la Atención e Integració­n Socioeconó­mica de Presidenci­a hacía un buen trabajo en cuanto a integració­n de migrantes.
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