“Se debería priorizar la reforma a la organización electoral”
A pocos días de que se radique la reforma política, Camilo Mancera, coordinador de justicia electoral de la MOE, explicó que la propuesta debe concentrarse en que la Registraduría deje de ser superpoderosa y que exista una Corte Electoral.
El Gobierno ha anunciado que pronto radicará en el Congreso la reforma política. Hablamos con Camilo Mancera, coordinador de justicia electoral de la Misión Electoral (MOE), para explicar qué es lo fundamental de la propuesta, basados en el borrador que conocieron los medios.
¿Es pertinente la propuesta de reforma política del Gobierno?
La propuesta del Gobierno es de gran magnitud: en ella se condensan varios temas. Aborda una modificación al diseño institucional electoral, es decir, qué entidades integrarán la organización electoral y cómo funcionaría toda esa estructura. El otro tema que ha venido planteando el Gobierno en la reforma política es el del funcionamiento de los partidos, la distribución de las curules y los cargos una vez se da la elección.
Como son dos grandes asuntos los que se están planteando, desde la MOE consideramos que deben separarse en la medida en que es un proyecto muy ambicioso, que si bien está tocando dos temas interrelacionados, manejan intereses distintos y requieren consensos distintos. En ese sentido, para viabilizar su aprobación, consideramos que deben ir en dos proyectos por separado. Se debería priorizar el que modifica la arquitectura institucional de la organización electoral.
¿Cree que se están dando avances en esta propuesta de reforma política?
En lo que es el diseño institucional electoral sí se están dando grandes avances. Se está creando una Corte Electoral, que es un elemento fundamental para tener una administración de justicia sobre el proceso electoral, que sea más independiente, que elimine la duplicidad de funciones que hay en este momento y que sea un juez el que termine resolviendo la afectación que se pueda dar a los derechos políticos de las personas.
Ahora, uno de los grandes problemas del borrador de reforma política es que en él no se está estableciendo un mecanismo de elección frente a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que pasaría a llamarse, según el documento, Consejo Electoral Colombiano.
¿Son positivas las modificaciones que expone el borrador sobre la Registraduría?
El borrador de reforma política delimita las competencias de la
Registraduría. El documento dice que la entidad seguiría existiendo como un órgano autónomo, pero se va a dedicar únicamente al registro e identificación de los colombianos, así como a la conformación del censo electoral. Eso significa que le quitaría la competencia de organizar las elecciones y se la pasaría al Consejo Electoral Colombiano. Eso es positivo, porque uno de los problemas de las pasadas elecciones es que todas las decisiones de todo el desarrollo del proceso electoral estaban recayendo sobre una sola persona, el registrador. Él terminaba teniendo la autonomía para decidir si había o no una auditoría, o si se implementaban o no las tecnologías dentro del proceso electoral. Se concentra de tal manera el poder en una persona, que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral tenía la posibilidad de hacerle contrapeso.
¿Qué soluciona crear una Corte Electoral?
Primero, sobre cualquier acción administrativa que se desarrolle en el país tiene que haber un control jurisdiccional posterior. Ese es un parámetro internacional del debido proceso. Por un lado, sí se puede robustecer el CNE, y eso lo plantea el borrador. No obstante, necesariamente se requiere un juez que administre justicia a través de fallos judiciales. Eso lo hace el Consejo de Estado, pero este cuerpo tiene una cantidad de competencias que van más allá de lo electoral. La Sección Quinta del Consejo de Estado es la que resuelve los procesos electorales, pero el problema es que muchas veces el pleno del Consejo de Estado jala esos procesos. Por eso es que tenemos procesos de nulidad electoral que se podrían resolver en un año, pero que terminan haciéndolo en tres o cuatro. Esto vuelve ineficiente la administración de justicia electoral. Otro inconveniente de que el Consejo de Estado resuelva esos procesos es que se le estaría dando una utilización política a acoger conocimiento sobre ellos, porque estas acciones judiciales electorales son las que deciden quiénes terminan accediendo al poder. La idea es que haya jueces especializados en lo electoral para que, a través de un mecanismo especial en la conformación de los magistrados, se generen mayores garantías de independencia.
La reforma propondría abrirle la puerta al transfuguismo. ¿No debilita a los partidos?
Sobre eso la MOE no tiene una posición en particular. No obstante, creo que la posibilidad de que por una única vez las personas puedan cambiarse de un partido a otro termina debilitando a las organizaciones políticas, porque esto muy seguramente puede ocurrir por conveniencia, más que por un ideario político.
¿Bajarles la edad a los congresistas es importante o irrelevante en la discusión?
Ese es un compromiso que adquirieron ciertos partidos frente a las movilizaciones sociales y juveniles. Para nosotros, no es uno de los temas esenciales de la reforma.
¿Por qué es apropiado que el Estado financie las campañas electorales, no es un rubro muy grande para el fisco?
Actualmente existe un sistema mixto, es decir, que un candidato puede financiar su campaña con recursos públicos y privados. La reforma propone aplicar la financiación estatal en un ciento por ciento de los recursos. Si se dejara el sistema de listas abiertas (voto preferente), pues el Estado tendría que entregar una cantidad bárbara de plata. Sin embargo, por eso el borrador dispone que el sistema a aplicar sería de listas cerradas. La financiación 100 % pública tiene necesariamente que aplicar en ese sistema porque así se entrega el dinero a los partidos y no a los candidatos. Eso es positivo porque genera mayores controles sobre la financiación.
‘‘El
borrador de reforma política delimita las competencias de la Registraduría”.