Maestro de obra (y omisión)
LA ACTUAL FISCALÍA GENERAL DE la Nación que “crucifica” con 17 años de prisión intramural a Aida Victoria Merlano es la misma que, calladita, liberó a Memo Fantasma por vencimiento de términos y “condenó” a Enrique Vives a prisión domiciliaria después de que, ebrio al volante, matara a seis jóvenes.
Todos son “escándalos” efímeros, a menos que exista un poderoso motivo para su recordación. Por ejemplo, Jesús Santrich resucita en la prensa con el único propósito de destruir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La distorsión del sentido de la garantía de no extradición cayó en manos del maestro criollo del “miente, miente, que algo queda”: el exfiscal Néstor Humberto Martínez (NHM) sabe que el espectáculo “pega más” que cualquier asunto que implique un mínimo de raciocinio complejo.
Prueba de la ligereza (¡la pereza!) del periodismo y las instituciones colombianas para entender lo que pasó con la extradición de Santrich es la atención efímera dada a la carta de la magistrada Ana Caterina Heyck Puyana, de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Heyck pone las manos en el fuego por los magistrados Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo, con quienes suscribió la decisión de otorgar la garantía de no extradición a Santrich. De paso, reconoce que afrontaron “todo tipo de dificultades, desde la prohibición para practicar pruebas, hasta la más desleal manipulación mediática y campaña de desinformación de la Fiscalía (…)”.
En el que constituye a su juicio uno de los episodios “más oscuros de la guerra contra la paz en Colombia”, la magistrada señala 10 irregularidades, entre las cuales destaco tres. Primero, Ernesto Yamhure, cercano a NHM, conoció con cuatro días de anticipación la decisión de la JEP, su sentido y los magistrados firmantes. Cómo será la honorabilidad del autodenominado “periodista”, que su cercanía con NHM palidece ante su pasado: en 2011, Vladdo reveló que, para escribir sus artículos de opinión, recibía instrucciones de Carlos Castaño. Y eso que todavía no conocemos en detalle sus acciones desde la embajada colombiana en Estocolmo contra los exiliados opositores de Uribe.
Segundo, ¿se ha citado al penalista Camilo Sampedro? ¿Qué le permitió afirmar en una audiencia, y sin pruebas, que en un alto tribunal como la JEP existe una red corrupta que “compromete a magistrados auxiliares y al menos (a) un titular”?
Por último, lo que atañe al periodismo. “La Fiscalía manipuló la opinión pública a través de una campaña de desinformación”, asevera Heyck. La traducción es: cuando el periodismo es desaplicado, funcionarios como NHM toman el control informativo. Pero no solo desaplicado en el dominio de la historia de la extradición y el sentido de la norma, sino en verificar y contrastar la noticia. Para entender la garantía de no extradición es preciso desglosar la carta de Heyck y, para un contexto más amplio, leer el libro Extradición, de María Elvira Samper (y cotejarlo con las versiones de NHM).
Si el periodismo y las instituciones permitimos que esta misiva sea “flor de un día”, la maleza seguirá creciendo sobre lo cultivado por funcionarios decentes que trabajan en el Estado, a pesar de la existencia de personajes como Francisco Barbosa y su maestro —de obra y omisión— Néstor Humberto Martínez.