Los grupos criminales que piden entrar a la paz total

El Espectador hace un mapeo de los grupos criminales que han manifestado públicamente su interés de sentarse con el gobierno de Gustavo Petro para someterse a la justicia.

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nuevos líderes del Clan del Golfo tendrían como condición no terminar como su antiguo jefe, alias ‘Otoniel’: extraditados a los Estados

Desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente ha dicho que su principal bandera durante los próximos cuatro años es lograr la paz total en Colombia, un proceso que, según él, se vio interrumpido en el cuatrienio del expresidente Iván Duque. Aunque el primer mandatario no ha aterrizado cómo será esa consolidación en las pocas semanas que lleva en l aCasa de Nariño, varios grupos armados y bandas criminales han alzado la mano y han dicho estar listos para iniciar conversaciones con el Gobierno y llegar a un eventual sometimiento o acogimiento a la justicia, en el que todavía no hay muchos puntos claros.

Con cartas, comunicados y videos, en el mes que lleva Petro al frente del Gobierno, distintos grupos armados han expresado su interés en sumarse a la propuesta. Otros, hasta han soltado ideas de cómo podría ser su acogimiento. En medio de este contexto, en el que varias estructuras ilegales le han pedido pista al gobierno para dialogar,

El Espectador hace una radiografía de esos grupos criminales que por las dinámicas del crimen organizado mutan en as zonas donde hacen presencia.

Clan del Golfo

Este grupo armado organizado, que ya había intentado iniciar un proceso de sometimiento en 2017 que terminó fracasando, fue el primero en levantar la mano para pedir un acercamiento con el gobierno de Gustavo Petro. Incluso, Otoniel, el máximo jefe de esa organización narcotraficante heredera del paramilitarismo, pidió a sus hombres, desde Estados Unidos, que cesaran los ataques contra la población y la fuerza pública con el fin de iniciar conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, esa orden no estaría cumpliéndose, pues el pasado miércoles se presentaron enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en el municipio de Santa Rosa, en el sur en Bolívar, hecho que dejó a cientos de personas confinadas por varios días.

Este grupo armado, que delinque principalmente en Antioquia, Córdoba y Chocó, tiene cerca de 3.200 integrantes, entre hombres armados y redes de apoyo, según cifras del Gobierno. Y, aunque la fuerza pública dice que sus principales líderes –Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas– mantienen una disputa interna, en los recientes comunicados de su cúpula se indica que se encuentran unidos y listos para plantear sus pretensiones de dejar las armas. Fuentes cercanas al grupo criminal le contaron a este diario que una de sus principales peticiones sería no ser extraditados a EE.UU., como alias Otoniel, pero por ahora los acercamientos apenas comienzan y no se sabe si será bien recibida en el Gobierno.

La Oficina

Esta organización criminal, que fue fundada en los años ochenta por Pablo Escobar y que reúne a varias bandas del Valle de Aburrá, propiamente no se ha manifestado para dialogar con el gobierno Petro. Sin embargo, sí lo hizo una de sus principales estructuras criminales: los Pachelly, un grupo ilegal que tiene como centro de operaciones el municipio de Bello y tendría entre 100 y 200 hombres armados. Algunos de sus capos fueron antiguos paramilitares del Bloque Metro, Nutibara y Centauros de las Auc, entre ellos su principal jefe: alias Albert, un viejo socio de Otoniel.

En las últimas semanas, los Pachelly y el Gobierno se han comunicado a través de los medios de comunicación, pero sin mayores avances, aparentemente.

Hace dos semanas, en medio de la instalación del Puesto de Mando Unificado por la Vida en Ituango, Antioquia, el propio comisionado para la Paz, Danilo Rueda, les hizo un llamado a los Pachelly para que manifestaran públicamente su interés de conversar con el Gobierno. A los pocos días, los Pachelly, a través de un comunicado, le respondieron a Rueda de que ese llamado debía ser extensivo a todos los grupos en el Valle de Aburrá. “Tenemos una alta expectativa de ser parte de la paz total para hacer del Valle de Aburrá un modelo a seguir en todas las ciudades de Colombia y de otros países también afectados por el conflicto social y armado urbano”, señaló el comunicado.

Dos fuentes que conocen la situación interna de la Oficina aseguran que varios de los capos que están interesados, entre ellos

Albert, están presos y pagando condenas, como alias Tom, uno de los últimos capos de la Oficina que mantenía un alto perfil. “Ellos (las bandas de la Oficina) lo que pensaron fue en unirse para presentarse ante el comisionado Rueda, porque en últimas todos tienen una misma situación jurídica. Tienen un objetivo común”, dijo una de las fuentes. Hasta ahora se conoce que Henry Holguín, coordinador del Movimiento Social

por la Reconciliación y la Convivencia Sinergia, es el puente del grupo criminal con el alto gobierno.

Los Caparros

Aunque propiamente este grupo armado organizado no ha hecho público su interés de iniciar alguna conversación con el gobierno Petro, a través de las comunicaciones públicas de los Pachelly la banda bellanita ha dejado entrever que Los Caparros tendrían esa voluntad. Incluso, el comisionado de Paz les pidió a Los Caparros

manifestar si estaban interesados. Esta estructura criminal, que empezó a funcionar de manera autónoma en 2017, cuando se separó del Clan del Golfo, opera principalmente en el Bajo Cauca antioqueño. Y aunque el gobierno de Iván Duque señaló en mayo de 2021 que habían desaparecido, se estarían rearmando con un nuevo rótulo: Los del Bajo.

El entonces ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que con la muerte en combate de alias Flechas, máximo líder de Los Caparros, ese grupo criminal llegaba a su fin. Una declaración que fue tomada por defensores de derechos humanos del Bajo Cauca como apresurada, ya que se corría el riesgo de que otros grupos criminales se apoderaran de esa red criminal o que se terminaran reacomodando, como finalmente sucedió. Además, en la última semana se conoció que uno de sus últimos capos, el Negro Cristian, se dio a la fuga luego de que le fuera concedida la casa por cárcel, para retomar el poder de Los Caparros. Aún se desconoce si tendrán acogida.

La Local

Esta banda criminal, que opera desde hace varios años en Buenaventura, fue una de las últimas en enviarle cartas al Gobierno para hacer parte de la paz total. Desde diciembre de 2020, cuando la banda se dividió, se desató una purga interna que hoy tiene sumida a Buenaventura en otra ola de violencia urbana por las rentas del narcotráfico. Esta semana, el propio presidente Petro informó sobre el acercamiento de los Shotas y los Espartanos, dos subestructuras de la Local enfrentadas por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

Los Pachencas

En el caso de este grupo armado organizado, que también heredó el poderío del narcoparamilitarismo de Hernán Giraldo en los departamentos Magdalena y La Guajira, mostraron su interés en acercarse al gobierno de Gustavo Petro esta semana. A través de un video, hombres encapuchados, en uniformes camuflados y portando armas largas, pidieron que se iniciaran unos acercamientos y además hicieron una petición que hasta ahora no había sido contemplada por otros grupos armados: que se “retomen y mejoren” los acuerdos de Santa Fe de Ralito, que permitieron la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Aunque actualmente los Pachencas, conocidos también como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) estarían divididos, una de sus principales caras visibles es un antiguo hombre de confianza de Hernán Giraldo, hoy preso por varios de sus crímenes como jefe de los paramilitares. Se trata de Freddy Castillo, alias Pinocho, quien fue capturado en enero de 2022 en España, luego de conocerse que la justicia colombiana lo señalaba como uno de los jefes de las ACSN. Según cifras de la fuerza pública, esta organización tiene entre 200 y 300 integrantes y en algunos casos son exparamilitares que, a pesar de desmovilizarse, terminaron reincidiendo.

Mientras esas conversaciones y acercamientos se consolidan, el pasado 30 de agosto el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó un proyecto de ley para modificar Ley de Orden Público, con el fin de dar las condiciones a las negociaciones con grupos armados y alcanzar lo que han denominado “paz total”. Se espera que esa discusión en el Congreso se empiece a dar a finales de este mes. El curso de ese proyecto avanzará, entonces, de forma paralela a los acercamientos a estas y otras organizaciones. Dos procesos que apenas van en sus primeros pasos y que serán cruciales para alcanzar una de las banderas del gobierno Petro.