Migrar y ser reclutado: el delito silencioso en la frontera con Venezuela
En 2021 se reportaron 40 eventos de reclutamiento masivo de menores de edad venezolanos, según las organizaciones sociales. Las alertas comienzan con las desapariciones en la frontera. Las familias no se atreven a denunciar.
“Se lo llevaron los paracos”. Eso fue lo primero que escuchó Yenny Aponte del otro lado del teléfono el 11 de noviembre de 2020, cuando Felipe*, un amigo de Kéider Alejandro Pimentel, de 17 años, le avisó que su hijo había sido reclutado por algún grupo armado ilegal en Caucasia (Antioquia). Desde Valencia, una ciudad de Venezuela en el estado de Carabobo, comenzó su búsqueda y su lucha por dimensionar lo que significaba un paramilitar en Colombia. Hoy todavía dice que no encuentra diferencia entre los ‘paras’ y la guerrilla, pero tiene la certeza de que su hijo está en alguno de esos grupos.
El último mensaje que recibió de su hijo, vía celular, decía que iba hacia Medellín a trabajar. Yenny cuenta que Kéider se escapó de la casa en Venezuela siendo menor de edad y atravesó una de las trochas para llegar hasta Cúcuta. “Él me había pedido permiso para irse a Colombia y yo le dije que no, que no me dejara, yo ahorraba una plata y nos íbamos los dos pero que solo no. Un día me dijo que iba a salir a entrenar y me llamó en la noche a decirme que iba rumbo a la frontera, que iba a estar bien”.
A Kéider Alejandro Pimentel se lo llevaron a la fuerza dos hombres armados en una motocicleta en una vía de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño el 10 de noviembre de 2020. Eso fue lo último que le contó Felipe* a Yenny un día después de su desaparición. “Al muchacho que iba con mi hijo le dijeron que lo iban a matar, pero él logró salir corriendo. Luego empezaron a sonar disparos y contó que solo vio cuando se llevaron a mi hijo en la moto. La gente le dijo que habían sido paramilitares”. En esa zona del país hacen presencia el Clan del Golfo, el grupo conocido como Los Caparros, el Eln y algunos grupos de disidencias de las Farc.
En 2021, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), se documentaron cinco eventos (casos masivos) de reclutamiento de menores de edad venezolanos por parte de grupos armados. Pero la organización estima que la cifra sea superior, pues otras organizaciones sociales en la frontera, como Benposta Nación de Muchachos, Acnur y Unicef, reciben unas 40 denuncias al año.
Coalico ya había documentado las victimizaciones a los menores de edad migrantes en 2019 y 2020, período en el que pasaron de tener 8.729 afectaciones por el conflicto armado a por lo menos 9.594 personas. “De estas victimizaciones, 40 eventos corresponden a reclutamiento y 11 a uso y utilización. Los eventos de reclutamiento forzado afectaron a por lo menos 190 niños, niñas y adolescentes”, se lee en un informe que entregó la organización en 2020.
Fernando Cobo, de la Coalico, explica que el fenómeno del reclutamiento de menores venezolanos se ha documentado con mayor rigor desde 2018, en departamentos como Norte de Santander, Arauca y Nariño. “Es el delito que más cuesta rastrear porque, primero, la gente muy poco lo denuncia, bien sea por la desconfianza a las autoridades como por el miedo que pueden infundir esos grupos para que no se conozcan los casos. Y segundo, por el desconocimiento que hay entre los migrantes sobre el delito mismo: hay muchos casos en los que ellos ni siquiera saben que eso es un delito y que deben tomar acciones legales”, afirma.
La primera institución colombiana en alertar sobre este delito contra migrantes fue la Defensoría del Pueblo. En 2019 el defensor Carlos Negret explicó que entre 2018 y 2019 se emitieron 105 alertas tempranas, de las cuales 63 incluían escenarios de riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (migrantes y colombianos) por grupos al margen de la ley.
El reclutamiento forzoso, las redes sociales y los engaños
Cobo menciona que los casos de restablecimiento de derechos cuando los afectados son migrantes, son escasos y contados, en gran parte porque hay un temor continuo de los jóvenes a acudir a las organizaciones sociales y, aún más, a las institucionales. “No es fácil que ellos busquen ese tipo de ayudas, porque hay un estigma fuerte de que esos programas no sirven o que los pueden poner más en riesgo si denuncian”.
Uno de los casos que retrata esa realidad ocurrió en 2019, cuando Angie Carolina Pineda Sierra, de 14 años, fue reclutada por el Ejército Popular de Liberación (Epl) en Norte de Santander. La menor fue rescatada por tropas del Ejército en medio de un enfrentamiento con ese grupo armado en la vereda Reventón (en el municipio de La Playa de Belén) y fue entregada a un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Ese mismo día la menor se escapó del hogar de paso y el 11 de mayo de 2019 fue encontrada sin vida en una vía del corregimiento Capitán Largo, en el municipio de Ábrego (Catatumbo). Militares de la tropa Fuerza de Despliegue Rápido aseguraron que la joven estaba siendo seguida por el Epl (o Los Pelusos, como también se autodenominan) y confirmaron que fue asesinada por ellos como “castigo” por haber escapado de las filas.
Esa condición de vulnerabilidad, para los niños y niñas migrantes, se ha venido deteriorando aún más desde 2017. La más reciente investigación de Crisis Group, publicada el 9 de agosto pasado, denuncia que uno de los modus operandi más comunes para reclutar migrantes es a través de lugares o al
bergues en los que hay presencia de guerrilleros en zonas fronterizas. Uno de sus hallazgos en el documento explica que “el Eln tiene un albergue improvisado en el departamento de Arauca, donde los migrantes pueden recibir ropa limpia, descansar y comer algo por unos días mientras se les persuade para que se unan al grupo”.
Además del intento de enamoramiento para que se sumen a las filas, también hay engaños. Bram Ebus, el director de ese informe, cuenta que en la investigación encontraron que, aunque el Eln no les paga un salario a sus soldados, “hacen ofertas falsas para reclutar migrantes venezolanos o reparten obsequios como celulares e incluso motos. En Arauca el grupo guerrillero supuestamente hace pagos de inscripción (a quienes decidan sumarse) de entre $200.000 y $500.000” (entre 50 y 125 dólares).
Otra de las modalidades más frecuentes, aunque menos documentadas, han sido los engaños a través de redes sociales. Según los expertos en reclutamiento infantil consultados, con frecuencia se presentan a través de la red social Facebook. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo contó que “en muchos casos los jóvenes son engañados con ofertas de empleo muy atractivas en las que les prometen pagos de hasta $200.000 diarios. Luego les definen un punto de encuentro en Venezuela, cerca de la frontera, donde alguien los va a recoger y finalmente se los traen del lado colombiano engañados, donde luego ya no les permiten salir y los convierten en combatientes o los utilizan para labores de los guerrilleros”.
Esa es la hipótesis de Wilson Morales, el padre de José Antonio Morales Soler (14 años), desaparecido junto a su amigo Johan Stiven Torres Pabón (de 13 años) el 3 de septiembre pasado en la región del Catatumbo. “Nosotros alcanzamos a ver unas conversaciones por Facebook donde les hablaban de un buen trabajo y les ponían un punto de encuentro”.
El reclutamiento comienza con la ausencia
Gran parte de los casos de niños y niñas reclutados comienzan con una denuncia por desaparición forzada. Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, advierte que la desaparición forzada es el segundo delito que más se comete contra la población migrante. “El 49.6 % de los procesos penales adelantados en Fiscalía se encuentran archivados o inactivos y apenas tres casos han llegado a juicio”, indica.
Otra organización que ha denunciado estos casos es Fundaredes, una ONG venezolana en cabeza del líder Javier Tarazona, detenido en Venezuela hace más de un año. Según esta organización, hay más de 15.000 venezolanos trabajando para estas organizaciones ilegales en Colombia. “Muchos de ellos están en edad escolar y tenemos reportes de que se los han llevado las Farc, Epl, Eln y otros grupos paramilitares”.
La lucha por rescatar a los menores de edad y jóvenes reclutados por grupos armados se ha convertido más en una tarea de las madres y mujeres buscadoras, que de las autoridades. Esa realidad la retrata Lisbeth Zurita, la madre de Enisael Contreras (23 años), un joven que habría sido reclutado en 2020 en plena frontera de Tibú, en la región del Catatumbo.
“Para denunciar por ese delito me piden pruebas. De testigos están dos compañeros de mi hijo que dicen que vieron cuando se lo llevó un grupo armado que se llamaban Águilas Negras”. La voz se le entrecorta y comienza a hablar más pausado: “Saber que un hijo está reclutado es un dolor muy profundo. Yo preferiría que me dijeran que está muerto o que es un habitante de calle, antes de imaginarme que lo están obligando a matar gente”.
* Nombres cambiados a petición de las fuentes. Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.