Más allá de los delfines: las preguntas alrededor de la pesca de atún en Colombia
Las imágenes de decenas de delfines intentando escapar de una red de pesca, con bocanadas de sangre y rodeados de buzos, aunque dramáticas e impactantes, no eran ninguna revelación. Son parte de una escena que se repite cada tanto en la pesca industrial de atún, una actividad que en Colombia se realiza desde la década de los 80. Lo diferente fue que, esta vez, las faenas que se hacen normalmente en mar abierto durante meses se presentó en una zona en la que las comunidades llevan décadas exigiendo que se haga solo pesca artesanal.
“La pesca de atún, como se ve en los videos, está muy asociada a la presencia de delfines. Y es una de las pesquerías más fuertes en el Pacífico Oriental Tropical, donde se encuentra Colombia”, dice Juan Manuel Díaz, doctor en biología y asesor científico de la Fundación Marviva. Estos animales suelen viajar juntos casi que por una cuestión de sobrevivencia. “Como en los pelotones de ciclismo, es más fácil viajar cuando se está en grupos que cuando se está solo. Es más eficiente. Además, aunque los atunes son peces depredadores, pelágicos, que nadan muy rápido, tienen ciertas limitaciones para cazar. Los delfines son más hábiles encontrando presas con su radar y sistema de ecolocación, entonces se benefician el uno del otro. Por eso es habitual encontrarlos juntos”.
Sin embargo, cuando de pesca industrial se trata, viajar juntos no resulta tan buena idea. Como explica Díaz, lo que hacen algunos de los barcos grandes de pesca industrial de atún, que a veces cuentan con un helicóptero a bordo, es sobrevolar el mar alrededor del barco y detectar los cardúmenes, que son más fáciles de ver a través de los delfines. “Tienen que salir a respirar, mientras que el atún va por debajo”. Por eso, desde hace años, se han impulsado acuerdos a través de organizaciones internacionales y regionales, como la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), para prevenir y reducir la pesca incidental de otras especies (tiburones, tortugas y rayas también pueden quedar ahí atrapadas).
Una de las dificultades, no obstante, es que estas normativas se respeten al momento de la pesca, que se realiza a varias millas de distancia de la costa. Por eso, lo que ocurrió con la embarcación Taurus I -más allá de los delfines y del incendio a medianoche que terminó con el barco bajo el agua y 40 mil galones de combustible derramándosees una muestra de las inquietudes y los debates que continúan alrededor de la pesca industrial de atún en el país.
Comunidades de pescadores y pesca industrial
“Lo que pasa en el Pacífico colombiano, y en Chocó particularmente, es que la plataforma continental es muy estrecha”, afirma el biólogo Díaz, de Marviva. En otras palabras, a muy poca distancia de la costa, las aguas ya son bastante profundas, por lo que los atunes, que suelen viajar normalmente por aguas abiertas, terminan acercándose a esas zonas. “Y ahí vienen los conflictos”.
Desde principios de siglo, las comunidades y asociaciones de pescadores artesanales en el Pacífico han liderado un esfuerzo porque la zona donde pescan se declare Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA). En 2008 lograron una zona transitoria y, gracias a información científica y monitoreos realizados por organizaciones como Marviva, en 2013 consiguieron que se ampliara y se estableciera la ZEPA de manera definitiva. También se creó una Zona Especial de Manejo Pesquero (ZEMP), que se fue ampliando hasta las 22,5 millas. ¿Por qué estos datos son importantes? En esas áreas no se pueden hacer faenas de pesca con barcos de cerco de más de 108 toneladas (ya sean de bandera nacional o extranjera). Todos los barcos industriales que pescan atún en Colombia son mucho más grandes que eso. El Taurus I, con capacidad de carga de más de 1.200 toneladas, fue encontrado según las comunidades- pescando a 21,9 millas de la costa, es decir, dentro de la ZEMP. Al cruzar la información de la ubicación satelital del barco con los mapas zonificados del Pacífico colombiano (ver mapa en la página 26), la embarcación parece estar en el interior de la zona no permitida.
“Estas denuncias las hemos hecho desde hace años. Lo que pasa es que nunca habíamos podido mostrar la posición de los barcos en el momento en que tenían las redes en el agua. Y ahora con el video lo probamos”, asegura Jorge Chica, vocero de la ZEPA ante el Gobierno. Según la denuncia, la
primera vez que encontraron la embarcación estaba a 21,4 millas de la línea base. “Siempre estuvo adentro de las 22,5 millas náuticas”. Aunque las autoridades colombianas aseguran que la investigación está en curso, y que todavía no es claro si la embarcación estaba dentro o fuera de la ZEPA, el pasado 29 de agosto la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, presentó otras infracciones.
“La autorización del puerto de Tumaco era para realizar la pesca a 30 millas de la costa. Y el barco estaba a 22 millas. Por lo tanto, no estaba autorizado para realizar la pesca en ese lugar”, informó a través de una rueda de prensa. El Espectador pudo conocer que, tras la detención de la embarcación, la inspección en el puerto de Buenaventura establecía, por lo menos, otras 13 deficiencias. Entre ellas certificados de la tripulación, mantenimiento del barco y los equipos, y deficiencias operacionales. No obstante, la embarcación sí contaba con todos los permisos por parte de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (Aunap) para hacer sus faenas de pesca en aguas colombianas.
Pero hay otras inquietudes. Las comunidades denuncian que, aunque la pesca de las embarcaciones se hace en aguas colombianas, el producto no se queda en el país. La Aunap le aseguró a este diario que los desembarcos de productos pesqueros capturados en aguas colombianas, por la embarcación Taurus I, se realizan en el puerto de Tumaco, la patente (permiso de pesca) otorgada a esta embarcación establece que se descargue solo el 5 % de la pesca.
“La embarcación Taurus I, de bandera venezolana, podrá desembarcar en puerto de otros países, siempre y cuando se surta la visita ocular por parte de la Autoridad de Pesca y se coordine con la entidad competente todo el proceso de exportación del producto pesquero capturado en aguas jurisdiccionales”, aseguran desde la Aunap. “Pescan por meses en nuestras aguas, pero el pescado se lo llevan al extranjero, no desembarcan ni un kilo en el país”, dice, por su parte, el vocero de las comunidades, quienes también denuncian el uso de pequeños tacos de dinamita para sacar el atún de zonas protegidas hasta lugares donde puedan hacer sus faenas legalmente.
“Todo esto va en contra de lo que se ha firmado. Nosotros no estamos en contra de la industria. Estamos
en contra de que afecten nuestra seguridad alimentaria y nuestro ecosistema. Tienen todo el océano Pacífico Oriental para hacer sus faenas, ¿por qué tienen que venir a la zona nuestra a sacarnos el pescado y el sustento de las personas? Solo pedimos que respeten lo que se ha pactado y que respeten nuestra zona, que sirve para amortiguar tanta presión pesquera”, insiste Jorge Chica.
Limitación al monitoreo de las embarcaciones
Según la normativa internacional, los barcos pesqueros, a partir de cierto tonelaje, deben implementar un dispositivo de rastreo satelital que permite conocer, en tiempo real, dónde están y hacerles seguimiento. Sin embargo, su implementación también tiene muchos vacíos. Se han reportado eventos en los que los sistemas satelitales son apagados intencionalmente para, posiblemente, pescar en zonas prohibidas. En Colombia, además, la información de la ubicación de los barcos pesqueros no es pública.
Organizaciones y plataformas de datos abiertos, como Global Fishing Watch y ShipAtlas, han hecho esfuerzos para liberar esta información. A partir de estas plataformas se pudo generar el mapa que acompaña esta nota. Aunque han logrado acuerdos con distintos países para que los sistemas de rastreo de la flota pesquera sean públicos (un recurso muy importante para prevenir la pesca ilegal en áreas protegidas que se encuentren muy distantes de la costa, como Malpelo), Colombia aún no ha liberado sus datos.
Mar Atún S.A.S., empresa colombiana que cobijaba el permiso de la embarcación Taurus I, cuenta con otras tres embarcaciones de pesca industrial de atún autorizadas para pescar en Colombia: Los Roques, Gran Roque y Caribe Tuna, todas de bandera venezolana. Los datos de la empresa no se encuentran en la Supersociedades, pero según la Cámara de Comercio de Bogotá, donde está registrada, cuenta con activos de $10.000.000. Su patrimonio se desconoce, pero se sabe que pagó más de $ 200 millones por la patente de pesca de Caribe Tuna, $239 millones por la de Taurus I, $ 180 millones por Los Roques y $391 millones por Gran Roque.
Al rastrear las ubicaciones satelitales de estas embarcaciones para conocer su operación en Colombia se evidencia otro de los grandes vacíos del monitoreo: dos de ellas muestran trayectos en los que se pierde la señal del rastreo satelital (que tras un espacio vuelve a aparecer en otro punto), y una solo registra los puertos a los que llega.
“Esto puede tener múltiples razones. Desde mala recepción satelital hasta el apagado del dispositivo. Pero para nosotros es imposible saber las razones de esos vacíos”, explicaron desde Global Fishing Watch a este medio. “Las posiciones que tenemos en el mapa están basadas en datos del Automatic Identification System (AIS), pero no contamos con los datos del Vessel Monitoring System (VMS) de Colombia. Cuando tenemos ambas fuentes de datos podemos comparar los trayectos en los dos sistemas y entender un poco mejor qué pasa. Pero en este caso es imposible”, agregan.
Como los datos no son concluyentes, preguntamos a las autoridades si se habían identificado otros posibles esfuerzos de pesca en zonas prohibidas por parte de las embarcaciones. “Solo entre el 25 y 28 de agosto la Dirección General Marítima, a través de la capitanía de puerto de Bahía Solano, dio inicio a una averiguación preliminar por presunta infracción a la normatividad marítima”.
¿Qué pasa ahora con el Taurus I?
Según la Aunap, si la investigación demuestra que la embarcación estaba realizando actividad de pesca en la zona especial de manejo pesquero, podría enfrentarse a multa, suspensión temporal o revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente, el decomiso de la embarcación, equipos o productos, entre otras. Pero, ¿qué pasa ahora que la embarcación naufragó? “Tanto la investigación administrativa, como las posibles sanciones que dieren lugar, no están sujetas a la existencia física de la embarcación, pues la investigación se vincula a las personas jurídicas y naturales del caso”, asevera la Aunap.
Aunque El Espectador intentó contactarse en reiteradas ocasiones con la empresa Mar Atún S.A.S., su gerencia y representante legal, no obtuvo respuesta.
››Los
barcos pesqueros, a partir de cierto tonelaje, deben implementar un dispositivo de rastreo satelital que permite conocer, en tiempo real, su ubicación.