“La fórmula de la bala ya no funciona”: Luis Trejos
Para el docente e investigador de la Universidad del Norte, las autoridades no pueden seguir aplicando fórmulas rezagadas para atacar un problema con tres niveles de criminalidad distintos que exigen diferentes estrategias para contrarrestarlos.
Lo que ocurre en Barranquilla en materia de inseguridad urbana ya se veía venir. La razón: desde 2016 la Defensoría del Pueblo ha advertido que las autodenominadas Agc o Clan del Golfo comenzaron a ganar primacía sobre los demás grupos presentes en Barranquilla y el Área Metropolitana, principalmente disputando el control de las economías ilegales asociadas al narcotráfico, el microtráfico y la extorsión.
“Sin lugar dudas su interés fundamental se concentra en la comercialización de estupefacientes en el mercado internacional. Por ello, a pesar de que su accionar se despliega en toda el Área Metropolitana, se han concentrado de manera particular en las zonas costeras, sobre todo en el corredor de la Vía 40, Las Flores y el municipio de Puerto Colombia, por sus puertos clandestinos y su localización intermedia entre los puertos de Barranquilla y Cartagena”, reseña la alerta temprana emitida por la Defensoría el 13 de agosto de 2020.
Y precisamente fue en Las Flores en donde se registró la masacre del lunes pasado en la capital del Atlántico, que según la Policía Metropolitana de esa ciudad estaría relacionada con la pérdida de una droga que le habría sido arrebatada al Clan del Golfo por parte de los Costeños, lo que desencadenó el asesinato de seis hombres entre los 22 y 32 años de edad. Una segunda hipótesos de la Policía indica que sería una confrontación entre bandas criminales por control territorial por microtráfico de este sector de la ciudad y otras partes.
Tras la masacre, la Fiscalía trasladó a la ciudad un equipo especial, mientras que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información para dar con los responsables.
“Lo que estamos viviendo en Barranquilla es la interacción de múltiples violencias. Hay en la ciudad una especie de jerarquización criminal que puede visualizarse en un pirámide con tres niveles diferenciados de organizaciones criminales que producen efectos victimizantes diferenciados”, explica Luis Fernando Trejos, docente e investigador de la
Universidad del Norte.
En el nivel superior de esa jerarquía (ver infografía), según Trejos, está el Clan del Golfo, cuyos vínculos con el delito transnacional han generado impactos particulares como la corrupción de funcionarios públicos, lavado de activos, exportación de clorhidrato y, más recientemente, el robo de tierras, especialmente en municipios costeros que sirven para el acopio y exportación del clorhidrato.
En un segundo escalón aparecen las organizaciones locales, entre ellas los Costeños, que prestan sus servicios criminales a estructuras nacionales y tienen capacidades más limitadas. Se dedican al saqueo de rentas legales, administración de rentas ilegales, la extorsión, y tienen ollas de vicio.
El último nivel está compuesto por la delincuencia común vinculada, por ejemplo, al hurto de celulares.
“Teniendo claro ese panorama, se esperaría que las medidas que tome la administración local sean diferenciadas y muy particulares con respecto a cada eslabón de la cadena o nivel de la pirámide; pero lo que está ocurriendo es que se están aplicando medidas generales para atacar los tres fenómenos, sin tener en cuenta que las capacidades son diferenciadas y los efectos también”, reflexiona Trejos.
Por eso hay quienes cuestionan la efectividad de medidas como la prohibición del parrillero hombre, pues ¿cómo impacta la exportación de clorhidrato de cocaína? Y para Trejos, medidas de ese tipo no tienen ningún efecto.
En ese escenario es perentorio implementar medidas específicas para cada segmento de esa pirámide. “Unas demandan coordinaciones nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que el Clan del Golfo es una plataforma transnacional; mientras para el segundo y tercer niveles se esperarían medidas focalizadas por parte de la administración en coordinación con otras instituciones que hacen parte del sistema de seguridad, como el Inpec, con el fin de evitar que desde las cárceles los cabecillas capturados sigan dirigiendo organizaciones criminales”, subraya el investigador.
Este análisis coincide con la visión que recientemente nos entregó Max Gil, investigador de la Universidad de Antioquia y excoordinador de la Comisión de la Verdad en ese departamento y el Eje Cafetero, quien cree que para combatir al Clan del Golfo ha faltado una agenda política y de inversión social.
En conclusión, es perentorio diseñar una política pública integral para Barranquilla, que aborde de manera diferenciada todos los problemas de violencia presentes en el territorio.
Lo anterior teniendo en cuenta, según Trejos, que la guerra en Colombia cambió. “Nuestra violencia ha cambiado mucho, vamos rezagados respecto al análisis y eso ha hecho que al no entender el fenómeno las medidas sean insuficientes. Entonces, hay que entender a los nuevos actores: ¿qué quieren?, ¿por qué pelean?, ¿cómo se comportan? Aquí, la fórmula de la bala no funciona porque se está tratado más que con simples criminales”.