Los liderazgos del centro y sur del Cesar alertan crisis humanitaria
Este es el balance de la situación de derechos humanos en Colombia que presenta hoy el Cinep. En estas regiones del Cesar, en lo corrido de 2022, se han presentado tres ejecuciones extrajudiciales, dos asesinatos y cinco amenazas a líderes.
Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alberto Tafur Acuña eran dos voceros de la Comisiòn de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (CISBCSC) que adelantaron procesos de recuperación de tierras, protección del medio ambiente y proyectos agroalimentarios en la región. En la noche del 22 de febrero de este año fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Oculto, del municipio de San Martín (Cesar).
Estos dos hombres hacen parte de los 86 líderes asesinados entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2022, según registros del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su nueva edición de la Revista Noche y Niebla, que documenta las violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la Violencia Político-Social que se vive en el país.
Para esta edición número 65, el Cinep se enfocó en las vulneraciones que ocurren en el centro y sur del Cesar. En lo que va de este año, en estas regiones del Cesar se documentaron tres ejecuciones extrajudiciales, dos asesinatos y cinco amenazas a líderes. Se trata de un territorio que ha sido estratégico para el desarrollo de economías extractivas por sus reservas minero energéticas. También por su ubicación geográfica que conecta con la zona de frontera con Venezuela, el Catatumbo; hacia el norte con la Serranía del Perijá; y al sur con el Magdalena Medio por el sur de Bolívar.
Luzdari Simanca Martínez, defensora de derechos humanos de las mujeres en Cesar, le contó a Colombia +20 las afectaciones físicas y emocionales que las mujeres cesarenses han padecido por la continuidad del conflicto armado en la región y de los proyectos extractivos.
“Necesitamos que detengan en esta zona esa alta presencia minera, esa participación de los actores armados. Estos sitios los llaman corredor minero, pero en realidad siguen siendo un corredor de violencia y ese corredor de violencia, nos está afectando negativamente. Hay daños físicos para nosotras las mujeres, alergias en la piel, problemas con nuestro órgano reproductor y también emocionalmente estamos siendo afectadas por los ciclos de violencia”, alertó Simanca.
El padre Javier Giraldo, fundador de la revista Noche y Niebla y del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, le explicó a Colombia+20 que este número de la revista se le dedicó especialmente al centro y sur del Cesar porque allí se ha agudizado la situación en cuanto a violación a derechos humanos y es importante alertar sobre lo que viene sucediendo.
“La situación del Cesar realmente está llamando a reacciones urgentes porque es que también eso viene de muy lejos, porque es un modelo que nos muestra hacia dónde lleva el extractivismo y la presencia de multinacionales en los territorios, la llegada de batallones militares y la represión de los movimientos sociales que en el Cesar, por ejemplo, tienen una larga historia desde lo sindical”, explicó el padre Giraldo.
Según registros del Cinep, desde el año 2010 se han registrado 343 casos de múltiples victimizaciones. La minería, el desarrollo extractivo, el despojo de tierras, la ganadería y la persistencia del conflicto armado que aún se vive en el centro y sur del Cesar fueron identificados por los investigadores como puntos claves de análisis sobre la crisis humanitaria que se vive en la región.
“El principal llamado que hacemos como Comité de Acción Jurídica Popular es el cese de la imposición de las economías extractivas. Creemos que si hay otra economía, una que permita la producción de alimentos con la que el campesinado haga uso del derecho a la tierra, cesarán las vulneraciones a los ecosistemas y otras especies”, mencionó Jaher Steven Torrado Niño, director del Comité de Acción Jurídica Popular.
Esta organización de derechos humanos tiene incidencia regional, principalmente, en los departamentos de Santander, Norte de Santander, y el centro y sur del Cesar.
Las luchas por la protección del medio ambiente y la recuperación de tierras se han venido profundizando en los últimos 30 años por la presencia de empresas mineras como la Drumond, Glencore, Prodeco S.A, Murray Energy, la Compañía de Carbones del Cesar S.A., entre otras. Además, la ganadería extensiva, la siembra de arroz y palma ha generado procesos de despojo de playones y complejos cenagosos.
En medio de un contexto aún marcado por la violencia y por la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército Popular de Liberación (Epl) o también conocidos como los ‘Pelusos’ y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) los liderazgos y movimientos sociales continúan trabajando por permanecer en sus territorios.
‘‘Creemos
que si hay otra economía, una que permita la producción de alimentos con la que el campesinado haga uso del derecho a la tierra, cesarán las vulneraciones a los ecosistemas y otras especies”,
director del Comité de Acción Jurídica Popular.