Periodistas críticos, ¿tras las rejas?

HACE EXACTAMENTE 10 AÑOS, EL ENtonces poderoso presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, reelegido en 2013 como rector de la misma Sala, en un hecho sin precedentes, y elegido, en 2015, como máximo dignatario del alto tribunal, citó a los reporteros y les anunció una noticia que me dejó fría cuando la escuché, minutos después, en radio: la sección que él dirigía, es decir, la máxima instancia penal del sistema judicial colombiano, iba a presentar denuncia, ante la Fiscalía, contra esta periodista (ver web). El togado se declaraba injuriado por una columna que yo había escrito, en este espacio, el 21 de agosto de 2012, con el título “Homenaje a un magistrado valiente y decente” (ver web). Allí me refería al abrupto retiro, mediante argucias de ese presidente, del investigador estrella de la Corte cuya tarea, junto con la de otros funcionarios abnegados, había dejado al descubierto los nexos de afamados políticos con bandas de paramilitares. El indignado presidente de la Sala Penal era Leonidas Bustos, hoy un innombrable. Y el magistrado que él botó y a quien yo ponderé es Iván Velásquez, actual ministro de Defensa. La historia, solita, se encargó, a partir de 2017, de defender las frases que usé, cinco años atrás.

Hace 10 años, la protección a la libertad de prensa que se levantó en muchos ámbitos impidió que la denuncia en mi contra y los ataques a la también columnista María Jimena Duzán se concretaran. Pero la garantía de independencia para los periodistas críticos se ha deteriorado gravemente. En la actualidad, soplan fuertes vientos de restricción a las informaciones que tocan a los personajes públicos. Ahora, los tribunales civiles y también las fiscalías y los juzgados penales se encuentran hasta el tope de demandas, denuncias, tutelas y otras quejas contra reporteros, columnistas y directores de medios. Pero, a diferencia de la era Bustos, cuando este se quedó solo en su intento por condenar a una periodista que le era incómoda porque puso el ojo en sus fechorías, los fiscales, jueces, magistrados de tribunales e incluso uno que otro de la Corte Constitucional son proclives a castigar a los reporteros que informan verdades.

Un periodista de Noticias Uno fue citado por una fiscal de Tolima para entregarle escrito de acusación por el delito de calumnia: la denunciante fue investigada por su presunta pertenencia a una banda de microtráfico; otra periodista del medio que dirijo ha sido acosada con derechos de petición, de rectificación, tutelas y, ahora, demandas civiles de varios individuos de conducta sospechosa; el apartamento del subdirector del noticiero fue embargado por el abogado del uribismo Abelardo de la Espriella por un trino que no le gustó; este mismo uribista ha demandado, embargado o denunciado a otros 14 reporteros (ver web). Néstor Humberto Martínez, exfiscal general quien conserva, aún, todas las influencias en esa entidad, ha formulado denuncias contra varios comunicadores, entre otros quien aquí escribe, que se encuentra a las puertas de una acusación por calumnia. Yohir Akerman, Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina y otros destacados comentaristas han estado o están bajo la garra denunciante de Uribe y de sus seguidores. Los denunciados aguantamos el chaparrón. Pero la gran prensa y no pocos directivos de canales y cadenas han dado la espalda mientras sus reporteros, intimidados, se han convertido en portadores de micrófonos-loros, esos que repiten lo que dicen sus entrevistados sin atreverse a cuestionarlos. El damnificado en la Colombia del presente, paradójicamente la “del cambio” político, es el debate público sobre la gran corrupción. Y los jueces, en lugar de ejercer su tarea democrática, andan silenciando a quienes, pese a todo, seguiremos cantando lo que hallemos, así nos toque hacerlo tras las rejas.