¿Error en operación contra la mendicidad infantil?
Una madre migrante señala que le arrebataron a su hija de cuatro años injustamente, en un operativo de restablecimiento de derechos de menores usados para mendicidad ajena. Transmilenio y el ICBF responden.
Tras las escenas de explotación de menores para la mendicidad ajena en la ciudad, las autoridades han adelantado operativos para restablecer el derecho de los niños en las calles. No obstante, no todo parece perfecto: una madre venezolana denuncia que, sin haber incurrido en falta alguna, la separaron de su hija. Lo peor: no ha logrado que se la devuelvan. La queja es de Nairobics Clara Revilla, quien ha hecho de todo por recuperar a su hija Charlotte Daniela, de cuatro años.
Su drama comenzó en la estación de Transmilenio (TM) de la calle 22 el jueves 25 de agosto, a las 10:00 a.m. “Abordé el sistema, porque debía ir por un certificado del colegio donde está matriculada la niña, en Usme. Me bajé en la estación, le di algo de comer y la senté mientras terminaba. Ahí me rodearon ocho policías y empleados de TM, me pidieron documentos de la niña y dijeron que me habían visto mendigando con ella, algo falso”, relata esta madre, quien destaca que ninguno tenía competencia en temas de niñez.
“Ni siquiera fueron policías de Infancia y Adolescencia los que me pidieron el certificado de nacimiento de la niña. Yo no lo tenía, pues uno no lo lleva todo el tiempo. Me dijeron textualmente: ‘que si no tenía nada que deber, no tenía nada que temer’”, agrega Nairobics, quien siguiendo las instrucciones abordó una patrulla en compañía de la menor. La llevaron hasta el Centro Zonal Mártires, en donde funciona una sede de la Defensoría de Familia, y continuaron con el supuesto trámite de verificación.
Le dijeron que el proceso iba a ser rápido si lograban validar en las bases de datos que era su hija. Entre ellas le mencionaron la de vacunación, aspecto que la tranquilizó inicialmente, ya que tiene a su hija al día en el proceso de inmunización. Sin embargo, alega que la separaron de su hija con engaños, pues fuera de que le pidieron certificado del Sisbén y hasta el RUT (Registro Único Tributario), no vio que validaran en otro sistema si se trataba de su criatura.
“Pedí que me mostraran la grabación donde supuestamente usaba a mi hija para pedir dinero. No lo tenían. Tampoco me dieron el código de los policías que me la arrebataron”, agrega. A partir de ahí todo ha sido un calvario para cumplir la tramitología que, según ella, solo ha dilatado innecesariamente el momento de recuperar a su hija. Para completar, por dos semanas, le negaron comunicación con ella. Su reencuentro se dio el 6 de septiembre, cuando la dejaron visitarla una hora en un hogar de adopción, donde está Charlotte.
¿Procedimiento irregular?
Tan confuso como el operativo en el que le quitaron la hija a Nairobics son las respuestas de las entidades involucradas. No obstante, sí esbozan posibles fallas de un procedimiento que busca la necesaria protección de los derechos de los niños. Vale recordar que el Código Penal tipifica el uso de niños para mendigar como explotación de menores o trata de personas, según el contexto, delito que indiscutiblemente se debe perseguir.
En Bogotá las escenas de adultos pidiendo dinero en las calles, en compañía de menores de edad, son frecuentes. Y si bien muchas familias no tienen otra opción, se han descubierto casos de alquiler de niños para mendigar, como lo denunció este diario en su especial “Explotación infantil y mendicidad de menores”. El asunto es que diferenciar la necesidad de la explotación no es tarea fácil, como lo demostraría el caso de Nairobics, en el que tal vez por falta de protocolos para un debido proceso se podrían cometer errores.
Al menos es lo que se deduce al conocer las respuestas de las entidades consultadas. En primer lugar, Transmilenio, que frente a la denuncia dijo que sus funcionarios no estaban autorizados para realizar estos operativos y que solo hacen acompañamiento a las autoridades competentes, como las secretarías de Integración Social, Salud, Educación, Gobierno y Seguridad, el ICBF, el Idipron, la Personería, la Policía y la Fiscalía.
Al preguntar sobre el caso de Nairobics agregaron: “TM no tiene injerencia, ya que nuestros funcionarios no están dotados de competencia para retener y realizar traslados de menores”. No obstante, la empresa tendría una prueba clave: la grabación que resolvería si esta madre estaba usando o no a su hija para la mendicidad. Al consultar por el archivo indicaron que solo se puede entregar por orden judicial.
Hoy el caso está en manos del ICBF, que, según el Sistema de Información Misional, adelanta un proceso de restablecimiento de derechos que tiene reserva legal. Sin embargo, precisan que la estación de TM de la calle 22 con Caracas, donde comenzó todo, es una de las zonas con mayor concurrencia de posibles casos de mendicidad o trabajo infantil, al punto de que este año han realizado jornadas de búsqueda activa que implicaron la apertura de procesos a 18 sistemas familiares y 43 niños, niñas y adolescentes.
Según la Policía de Infancia y Adolescencia, desde 2020 y los primeros cinco meses de 2022 se registraron 17 denuncias por explotación infantil, 15 capturas y 534 menores de edad quedaron bajo la protección de las autoridades por haber sido hallados en mendicidad. La cifra en 2021 fue de 341 y en 2020 de 95. A pesar de los datos, ninguna autoridad hace alusión a las evidencias en contra de la madre venezolana, que sigue luchando por recuperar a su hija.
Mientras el proceso en el ICBF avanza, Nairobics insiste en que nunca ha trabajado en los articulados y menos con su hija. Espera que la investigación lo ratifique, para recuperar lo antes posible a su pequeña Charlotte, que está por cumplir un mes lejos de sus brazos.
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Desde 2020 y hasta mayo de 2022 se registraron 17 denuncias por explotación infantil, 15 capturas y 534 menores de edad quedaron bajo protección.