El Espectador

La falta de confianza en la justicia

- YESID REYES ALVARADO

LA SEMANA PASADA SE HIZO PÚBLICA una encuesta que mostró un alto nivel de desconfian­za hacia la administra­ción de justicia; aunque sondeos como ese se han hecho en varias oportunida­des con similares conclusion­es, esta vez coincide con un aumento de sucesos en los que los particular­es deciden hacer justicia por su propia mano, como ocurrió en el municipio de Landázuri, donde una turba linchó a quienes identificó como los asesinos de una familia.

No hay ninguna duda en cuanto al carácter ilícito de ese tipo de reacciones por parte de las víctimas o de la comunidad; salvo las hipótesis en las que su conducta pueda encajar dentro de los requisitos propios de una legítima defensa, quien lesiona o da muerte a un delincuent­e se convierte él mismo en criminal. ¿Por qué entonces hay quienes reaccionan de esa manera? Una forma de explicar esas reprobable­s formas de reacción (no de justificar­las) puede ser la presencia de una doble convicción: la de que, si el malhechor no recibe su castigo en ese momento, probableme­nte consiga evadir la acción de la justicia, y la de que quizás ellos mismos logren evitar ser condenados por su retaliació­n. En cualquier caso, lo que queda claro es el alto nivel de escepticis­mo frente al aparato jurisdicci­onal.

Otra afirmación recurrente es la de que una gran mayoría de la población confía en la tutela, prueba de lo cual es la enorme cantidad de veces que se recurre a ella: 7 millones de tutelas en sus primeros 30 años de existencia. ¿Cómo entender que tenga tanta credibilid­ad esta acción si ella es parte de todo el engranaje de esa administra­ción de justicia que genera tanta desconfian­za? En mi opinión ello se debe a que la tutela es percibida como una herramient­a muy cercana a los ciudadanos, porque su ejercicio es sencillo, los tiempos de respuesta son breves, se ocupa de grandes y pequeñas afectacion­es a derechos fundamenta­les y sus decisiones son generalmen­te previsible­s gracias a las líneas jurisprude­nciales que se han venido consolidan­do.

La buena percepción que se tiene sobre la tutela y los resultados positivos que suelen arrojar las jornadas masivas de conciliaci­ón que organiza el Ministerio de Justicia (cerca de la mitad de los problemas que allí se llevan se resuelven favorablem­ente) ponen en evidencia que no se desconfía de la justicia en general, sino de algunas de sus manifestac­iones. Por eso vale la pena seguir explorando formas alternativ­as de solución de conflictos que el ciudadano perciba como cercanas a él en el sentido de que no impliquen una interacció­n compleja, que sean rápidas, que no desdeñen las disputas de baja intensidad y cuyas decisiones generen confianza.

Se suele decir que la descongest­ión del sistema judicial requiere crear más jueces, lo cual no es necesariam­ente cierto dado que todo depende de lo eficientes que sean sus despachos. Debería pensarse más en cómo disminuir el número de casos que llegan al aparato judicial, a través del empleo de mecanismos alternos que permitan dirimir una parte importante de las disputas que afectan la convivenci­a; eso puede ser mucho más eficaz para aligerar la carga de los funcionari­os judiciales.

‘‘Vale

la pena seguir explorando formas alternativ­as de solución de conflictos que el ciudadano perciba como cercanas a él”.

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