Bitácora de un proyecto que no despega
La promesa de un aeropuerto en Caldas sigue envuelta en líos jurídicos, políticos y técnicos que nublan el futuro del proyecto. Esta semana arrancó en forma un tribunal de arbitramento que podría definir su suerte, aunque ese es apenas uno de los problema
Desde que se gestó la idea, en 1977, la construcción del Aeropuerto del Café en Caldas ha sido un proyecto eternamente postergado, con una cronología de dificultades técnicas y administrativas, atenazado tras bambalinas por intereses políticos, investigaciones fiscales, denuncias de intereses cruzados en tiempos electorales e incumplimientos de obra de todo tipo. Hoy la realidad de esta iniciativa, además de cargar con el lastre de los fracasos repetidos del pasado, enfrenta una encrucijada llena de nubarrones: un tribunal de arbitramento que acaba de instalarse; una denuncia penal contra el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, miembro de la Asociación Aeropuerto del Café, gestora del proyecto; la terminación unilateral del contrato con la firma española Obrascón Huarte Laín (OHL), y la antesala de nuevos y millonarios pleitos por venir.
Es el epílogo de un accidentado proyecto que no despega y que el expresidente Iván Duque se comprometió a entregar al cierre de su mandato. Hace cuatro años trinó lo siguiente: “Espero como presidente aterrizar en el Aeropuerto del Café. Ese aeropuerto será una puerta de ingreso para el turismo, para fomentar el desarrollo empresarial, educativo, de ciencia y tecnología”. Tal fue el respaldo que quiso darle a un proyecto de esta envergadura, que lo incluyó de forma atípica en el Plan Nacional de Desarrollo. Así se destinó una partida presupuestal para sacarlo adelante después de décadas de obras inconclusas. La Aerocivil fue encargada de estructurar el proyecto. Primero, le entregó la responsabilidad y el dinero a una fiducia de Colpatria en octubre de 2020. Seis meses después, tras una licitación, la construcción de la primera etapa se adjudicó a OHL.
El valor total del negocio se pactó en $141 mil millones para, básicamente, adecuar el terreno para construir la pista principal. El trabajo incluía la extracción, el transporte y la disposición de al menos seis millones de metros cúbicos de tierra, para lo que se destinó un anticipo de $17.479 millones a la firma española. Pero pronto vinieron los líos. La interventoría, compuesta por Conurma Ingenieros Consultores y Geotecnia y Cimientos, alertó en agosto de 2021 que el contratista no estaba cumpliendo con el cronograma. La advertencia la conoció la Aerocivil, que multó a OHL por las demoras. En concreto, el interventor encontró que había un retraso en la extracción de la tierras, pues para marzo de 2022 el contratista tenía que haber sacado dos millones de metros cúbicos, y para ese momento solo iban 425.977 del volumen estimado. Es decir, la cuarta parte.
Lo que vino después fue un cruce de reclamos y respuestas de parte y parte. La multa fue de $1.834 millones, pero OHL siempre reclamó que el incumplimiento no era de ellos, sino de los interesados en el proyecto de Aerocafé, pues nunca les entregaron el terreno donde debían acomodar y disponer la tierra extraída. Entre las minucias de las cláusulas y los parágrafos del negocio se fue yendo el tiempo, los plazos se incumplieron, la obra fue quedando a medio camino y, en la tras escena, un pleito en ciernes de acusaciones mutuas entre la firma española y el Gobierno. Los abogados de Aerocafé entraron en escena, hicieron efectiva una cláusula penal de $28.000 millones y, como no se llegó a ningún acuerdo, el 1° de agosto de 2022 anunciaron la terminación unilateral del contrato y, entre otras cosas, le pidieron a OHL que devolviera la plata del anticipo.
Paralelamente, la firma española convocó a un tribunal de arbitramento para controvertir la primera multa y lo más probable es que invoque causales para obtener una indemnización por este contrato fallido. Dicho tribunal se instaló esta semana y los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionados para resolverlo son Mauricio González Cuervo, Juan Manuel Garrido Díaz y Hernando Herrera Mercado. OHL reclama $6.644 millones porque, según ellos, las demoras que causó la terminación del contrato y la imposición de la multa les generaron unos costos económicos no contemplados. En síntesis, no aceptaron ninguna culpa, la plata del anticipo sigue embolatada y todo parece indicar que este reclamo de más de $6.000 millones es apenas la cuota inicial de lo que vendrá. En noviembre de este año las partes están citadas a una audiencia de conciliación y allí se destaparán las cartas.
El último enredo del accidentado proyecto de Aerocafé es la denuncia por el delito de prevaricato por omisión que instauró contra el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, la fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna (DILO). De acuerdo con el documento, las declaraciones de Marín al presidente Gustavo Petro hace un par de semanas, en las que señaló que este proyecto no tiene “apoyo popular”, que la gente no lo está deseando y que además es un proyecto “de la élite”, pusieron en grave riesgo el desarrollo del aeropuerto. En esencia, se alega que como el alcalde Marín es miembro del consejo directivo de la Asociación de Aeropuerto del Café tenía la obligación de obrar “de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios” y que sus palabras fueron en contravía de ese mandato.
“El señor Carlos Mario Marín ha omitido los deberes que tiene como administrador de la sociedad Aerocafé. Aun siendo parte del consejo directivo y conociendo la necesidad que tiene el departamento de ejecutar este proyecto (y que este) cuenta con los estudios necesarios para su desarrollo, que se han destinado altos recursos para llevar a cabo la obra, que de no realizarse la afectación patrimonial para el departamento y para la nación puede ser considerable y que el Gobierno Nacional había manifestado su intención de sacar adelante el proyecto, decidió indicarle al presidente de la República que el proyecto era de la élite y que no es del interés del departamento”. Para DILO, el alcalde “está entorpeciendo y dilatando la destinación de los recursos” que ya se habían comprometido y, por tanto, el destino final de la obra.
En contraste, el alcalde Marín se defendió así: “No hay entorpecimiento alguno y mucho menos dilatación. Mi conversación con el presidente de la República acerca de Aerocafé fue editada y sacada a propósito de todo contexto para hacerme parecer como un enemi
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tribunal de arbitramento se instaló esta semana y los árbitros seleccionados son Mauricio González, Juan Manuel Garrido y Hernando Herrera.