Pena capital
Aunque juristas de todo el mundo aseguran que la pena capital está pasada de moda y el papa Francisco subió un mensaje a Youtube pidiendo su abolición, en Japón ha surgido la pregunta: ¿Será ejecutado el autor del magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe?
Sin conocer mucho la Biblia, los japoneses son grandes defensores de la sentencia “Ojo por ojo, diente por diente”.
Junto a Estados Unidos, Japón forma la extraña pareja de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que mantiene la pena de muerte para los homicidas.
Por razones humanitarias, según su historia legal, se abandonaron las decapitaciones y hoy se aplica la horca.
El condenado solo recibe la noticia de que lo van a ejecutar, el mismo día. Su familia y la prensa solo son avisadas después de confirmar el deceso.
Antes de condenar al patíbulo, los jueces japoneses suelen considerar factores como el motivo del crimen, el grado de crueldad, el número de víctimas y las consecuencias sociales.
También se evalúan la forma en que se perpetró el homicidio, el grado de arrepentimiento y los sentimientos de la familia de la víctima.
En el caso de Abe, su presunto asesino, Tetsuya Yamagami, usó un arma de fabricación casera y le disparó por la espalda cuando participaba en una campaña electoral, un acto que “sacude los cimientos de la democracia”, según un comentario reciente en un diario digital.
Como el gobierno japonés decidió celebrar un funeral de Estado para Abe, por haber sido el primer ministro que más ha durado en el cargo en toda su historia constitucional, el impacto social del crimen se magnificó e inclinó la balanza en contra de su autor, que se encuentra detenido para una evaluación psiquiátrica.
Debido a que la razón aducida por Yamagami para su asesinato fue la ruina familiar después de que su madre le entregara más de 700.000 dólares a una secta cristiana y anticomunista apoyada por Abe, muchas personas en Japón han empezado a sentir compasión y piden la reducción de su condena.
Al igual que otras culturas donde ha existido la pena capital, quitarles la vida a criminales que se consideran extremos tiene una función disuasoria. En las encuestas de las últimas décadas los japoneses que apoyan la pena de muerte suelen rondar el 80 por ciento.
El Estado añade un elemento de tortura mental, pues aunque la ley dicta que la ejecución debe tener lugar a los seis meses de dictarse la condena, pueden pasar décadas hasta hacerse efectiva. Cada mañana que oye pasos fuera de su celda, el condenado piensa que le ha llegado su último desayuno.