La seguridad, un reto tras la reapertura de la frontera
El transporte de carga va a poder circular por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander tras la reapertura de la frontera con Venezuela. El restablecimiento de este vínculo comercial supone también retos en seguridad.
Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, del nombramiento de los embajadores en Caracas y en Bogotá, hoy se reabre la frontera. Desde las 10:00 a. m., el paso del transporte de carga a través de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se reanudará, marcando un nuevo rumbo en las relaciones con el vecino país.
La apuesta es grande: si en el 2008 el comercio bilateral superó los US$7.000 millones y en 2020 cayó drásticamente, alcanzando los US$222 millones, la reapertura del paso fronterizo supone una oportunidad de mejora, perfilándose como un proyecto a largo plazo. Así lo hizo saber Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo: “Este ha sido un propósito permanente desde el día uno de la posesión del presidente Gustavo Petro. Esta es una de las fronteras más vivas de América Latina y por eso avanzamos, porque debe ser una apertura estable, duradera y segura”.
Precisamente, más allá de los temas comerciales, la reapertura de la frontera supone retos en otros ámbitos. Ya la investigadora Lina Arroyave, de Dejusticia, abordó las preocupaciones de cara a la migración. Ahora, varios docentes analizan la decisión frente a la seguridad. Así, por ejemplo, según comenta Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), “pasar de una frontera cerrada a una que no lo está, pues puede estar abierta pero no necesariamente usándose, les quita a las organizaciones criminales el monopolio que han adquirido sobre el comercio. Así, se estaría privando a la criminalidad de las rentas ilegales, siendo tal vez el principal alivio que genera la reapertura de la frontera”.
Ahora bien, él teme, ante la posible pérdida del control, un aumento de la extorsión. “Esto, en un intento de las organizaciones criminales de mantener sus rentas. Aunque muy probablemente esto será un reto más importante para el lado venezolano que para el colombiano, pues Colombia va a ser más un proveedor que un comprador”, agrega el docente.
A lo anterior, Víctor Mijares, profesor de Estudios Globales de la Universidad de los Andes, agrega que uno de los grandes retos tiene que ver con los grupos ilegales y cómo estos se aprovechan de los migrantes. “Aquí entra el control de los pasos legales e ilegales, la coordinación policial, entre la Policía Nacional y la Guardia Nacional, la coordinación tributaria, entre la DIAN y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y la coordinación militar”. Según comenta, todo esto requiere “una clara coordinación política” que permita desmontar la desconfianza que hay y las mafias que se han creado a lo largo y ancho de la frontera.
Y es que varios actores ilegales hacen presencia en los límites entre Colombia y Venezuela. Los PEP, por ejemplo, bajo una red de corrupción, serían los responsables de tramitar cédulas y visas falsas para los venezolanos que deciden migrar. El allanamiento a un inmueble en el municipio de Villanueva (La Guajira), realizado en el 2021, además de mostrar que allí se explotaba sexualmente a las mujeres, reveló que el grupo tenía 5.000 folios con múltiples trámites de identificación, 80 cédulas de ciudadanía, 500 copias de registros civiles, diez pasaportes y 109 sellos de diferentes juzgados, de entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Al parecer, la banda falsificaba papeles de Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Francia.
En lo que respecta al vecino país, Mijares comenta que “eso es un problema que se tiene que resolver en Venezuela y no lo puede resolver Colombia, más allá de la intención que tenga el gobierno de Petro, porque es un asunto interno venezolano de dar o no dar documentos. En la medida en la que no se ofrezca la posibilidad a los ciudadanos de tener un acceso normal a la documentación pertinente, se van a crear estas mafias”.
Por su parte, Nastassja Rojas, profesora de la Universidad Javeriana y consultora en derechos humanos, afirma que “esas bandas, como los PEP, van a seguir existiendo, precisamente porque la población venezolana, a pesar de que en el país se emiten documentos como el pasaporte, la mayoría no cuenta con los recursos para sacarlos. Suponiendo que lo hagan, esto no quiere decir que van a poder acceder a los documentos que necesitan para poder migrar de forma regular. Estas bandas seguirán existiendo y, por otro lado, el tema de migración no ha sido un tema en la agenda. De hecho, se ha tratado de ignorar en el gobierno de Gustavo Petro y en el régimen venezolano”.
Pero no son solo los PEP. Los Pelusos, dedicados al narcotráfico, al tráfico de combustible y a la extorsión a los contrabandistas, y el Eln, que según el tercer informe de la misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela llegó a acuerdos con autoridades estatales venezolanas para controlar recursos mineros y ha estado involucrado en la explotación de oro, diamantes y coltán, son otros actores ilegales con presencia en la frontera. Allí, incluso, se mueven redes criminales que extienden sus alcances por varios países de la región, como el Tren de Aragua que, según un estudio de InSight Crime, se ha asentado en varias naciones de América Latina para establecer un corredor de tráfico de migrantes, abriéndose paso ante el vacío que deja la falta de coordinación regional para atender la migración y enfrentar este delito.
Según Rojas, se necesitaría de una cooperación institucional, sobre todo de Venezuela, para tratar de hacerle frente a dicha organización criminal. Sin embargo, según comenta, “es algo en lo que parece que no hay intención de avanzar, teniendo en cuenta la postura de Diosdado Cabello”. Por su parte, Mijares concluye que “primero hay que tomar la decisión de combatirlo o no, y el gobierno venezolano, desde hace mucho tiempo, decidió no hacerlo”.