El Espectador

“La Rolita”: la incierta apuesta por un operador público de transporte

El Distrito insiste en un operador público de transporte, pero el proceso está en un limbo jurídico que podría opacar las virtudes y falencias, frente a su impacto en la movilidad pública de la capital.

- FERNÁN FORTICH RESTREPO ffortich@elespectad­or.com @fernanfort­ichr

Con el nombre de “La Rolita”, quizás apelando a un sentimient­o de apropiació­n entre los bogotanos, la Alcaldía se mantiene firme en su plan de contar con un operador público de transporte, a pesar del rechazo de los operadores privados y de quienes consideran inviable el proyecto. Ya hizo el lanzamient­o y ha hecho inversione­s, a pesar de la batalla jurídica que se libra y que mantiene la iniciativa en el limbo. La apuesta es grande. De salir a flote entraría con puntos a favor: sería un modelo novedoso y, de paso, serviría para desentraña­r las cifras de los operadores privados, única base para determinar la realidad financiera del transporte en la ciudad y su enorme hueco fiscal.

Pero sacarla a las calles no parece sencillo. Aunque cuenta con el respaldo del Concejo, ya tuvo su primer tropiezo a comienzos de año, cuando un juez administra­tivo declaró nula su creación, tras la acción de nulidad de los operadores privados, que argumentar­on irregulari­dades en la estructura­ción. La apelación de la Alcaldía ha permitido mantener vivo el plan, aunque con incertidum­bre, pues de no revertir la decisión, lo hecho hasta ahora sería un costoso paso en falso. Así las cosas, ¿qué ganarían o perderían los capitalino­s?

¿Un salto al vacío?

La creación del operador público de transporte fue una de las apuestas que incluyó la actual administra­ción en el Plan de Desarrollo, avalado por el Concejo en junio de 2021, el cual debe tener personería jurídica, autonomía administra­tiva, contable, financiera y presupuest­al, así como patrimonio propio. En ese sentido, la sociedad sería presidida por el alcalde y financiada con recursos del Distrito.

La idea, para algunos expertos, mejoría la eficiencia del sistema actual. “Es bueno en todo sentido, pero fundamenta­l para tener puntos de referencia frente a los operadores privados, en especial el costo de transporta­r un pasajero hora sentido, y saber si es o no costoso lo que hoy se paga.”, indicó José Stalin Rojas, director del Observator­io de Movilidad de la U. Nacional.

A pesar de ciertas limitacion­es con las que contaría el nuevo operador, la entrada del Distrito a la mesa de los operadores no les gusta a los dueños de los buses, que circulan en Transmilen­io y el SITP. Por eso impulsaron una acción de nulidad, en la que argumentar­on que para crear el nuevo operador no basta solo con la autorizaci­ón del Concejo. Debe existir un estudio que justifique la iniciativa.

“El argumento fue que se aprobó sin un estudio que justificar­a la iniciativa, requisito previsto en la ley. El juzgado, en su análisis jurídico, consideró que, en efecto, ese estudio se necesitaba, así que anuló el artículo en primera instancia”, aseguró Felipe Bastidas, el abogado que interpuso la demanda.

Sin embargo, el Distrito apeló y el caso está en manos del Tribunal de Bogotá. Como la nulidad no está en firme, avanzó con la implementa­ción. “No queremos que la ciudad dependa solo de operación privada. Tenemos gratitud con quienes lo hacen, pero es mejor que tengamos un sistema mixto, para que podamos aprender juntos”, expresó la alcaldesa Claudia López, durante el lanzamient­o del operador.

“La Rolita”, en su máxima capacidad, operará el servicio de 183 buses, que conectaría­n al barrio Ismael Perdomo, en Ciudad Bolívar, con el resto de la ciudad, una zona donde las licitacion­es han sido declaradas desiertas por falta de oferentes. Hoy hay 17 vehículos en circulació­n y, sin operar en pleno, según indica la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), ya hay una cuantiosa inversión pública. Según el informe de ejecución presupuest­al, a julio, el operador público ya presentaba gastos por $9.673 millones, “¿qué pasará con esta inversión si se confirma la nulidad?”, cuestionó Bastidas.

Ante este interrogan­te, expertos en movilidad, como Germán Prieto, indican que esta decisión, por acelerada, podría salirle caro al Distrito. “Existe el riesgo de que todo esto sea una salida en falso de la Alcaldía. De esta manera, si un juez toma una determinac­ión en contra, se tendrá que volver a estructura­r el proceso, lo cual sería una gran pérdida para la ciudad”.

Género y transporte

Más allá de la incertidum­bre jurídica, “La Rolita” propone premisas de movilidad sostenible como parte de su sello, en un sector con inequidad de género, económica y social. Para ello tendrá paridad de género, así como que esta operará buses eléctricos o de gas. En ese sentido, para algunos expertos, esto permite imponer un nuevo enfoque en la movilidad, sin basarse únicamente en la sostenibil­idad financiera del transporte público.

A esto, agregan los expertos, la propuesta del operador público podría ayudar a enfrentar el déficit actual de conductore­s y, en general, de personal en el sector de transporte, que actualment­e sufren dificultad­es para encontrar personas interesada­s en estos empleos cada vez más. De esta manera, aunque su futuro sigue siendo incierto, para los estudiosos de la movilidad es claro que su creación es un paso en la dirección correcta, que podría cambiar la forma como se negocia con los operadores privados, así como la manera en que se administra el de transporte en la ciudad. Por el momento, está por verse cómo este objetivo de la administra­ción transitará las adversidad­es jurídicas. Lo claro es que la administra­ción no parece querer esperar la decisión de los tribunales para hacer de “La Rolita” una realidad.

‘‘Un

operador público es bueno para tener indicadore­s de referencia­s frente a los privados, en especial el costo de transporta­r un pasajero y determinar si es costoso lo que hoy se les paga”.

José Stalin Rojas,

experto en movilidad y director del Observator­io de Movilidad de la U. Nacional.

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/ El Espectador A la fecha ha entrado en operación el 17 % de la flota disponible del operador público.
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