El temor a denunciar en la Universidad de Antioquia
Una estudiante y tres docentes que hablaron con El Espectador desde al anonimato, contaron que, aunque la U. de Antioquia mejoró su tratamiento en cuanto a denuncias por Violencias Basadas en Género, aún hay vacíos en cuanto su acompañamiento.
¿Qué hacer cuando un profesor invita a una de sus alumnas a salir y ella no le corresponde? Esto le sucedió a Ana*, egresada de la Universidad de Antioquia (UdeA) de Medellín, quien además recibió comentarios por parte del mismo hombre, al que llamaremos Juan*, sobre lo mucho que le gustaban sus demás compañeras.
Ante su incomodidad, Ana decidió evitar a Juan a toda costa: en los pasillos, en los salones y en los espacios de su facultad. Después de eso, Ana le contó a El Espectador que Juan le bajó las notas. “Incluso me puso un 3,7 en un curso porque, según él, lo que escribí no era importante. Tiempo después mandé ese mismo artículo a la Universidad de Medellín, sin modificaciones, y ahí sí me lo publicaron”.
Esto sucedió en 2016, cuando Ana cursaba su pregrado mientras daba clases en la UdeA, en donde Juan era su jefe directo. En ese momento Ana puso en conocimiento de la universidad lo que sucedía, pero no recibió respuesta. “En cambio, me dejaron de llamar para que diera clases y ahí fue cuando decidí devolverme para mi ciudad natal”, contó ella.
A pesar de que este caso sucedió hace seis años, denuncias de este tipo, asociadas con las violencias basadas en género (VBG), son lugar común en la Universidad de Antioquia. El 13 de septiembre una nueva ola de denuncias estalló. Hubo desmanes en el campus por parte de grupos encapuchados feministas, lo que desencadenó la suspensión temporal de las clases, mientras, a través de asambleas estudiantiles, se debatían las supuestas carencias de la UdeA para tratar casos de violencia sexual, específicamente acoso. Grafitis, panfletos y otras intervenciones se divulgaron con el nombre de los docentes, presuntos victimarios.
En la lista divulgada por las encapuchadas feministas figuraba el nombre del presunto acosador de Ana junto a otros profesores de la UdeA. “La mayoría de ellos son ‘vacas sagradas’, o sea, profesores vinculados que llevan mucho tiempo en la universidad y que son de planta”, comentó Ana.
Los temores de las docentes que acompañan las denuncias
Julia* es profesora de una de las facultades de la universidad. Cuenta que varias estudiantes han acudido a ella para recibir ayuda por casos de violencia sexual. “A cada rato llegan chicas y me comentan las situaciones por las que han pasado: profesores que les hacen comentarios, que las invitan a salir o que incluso las agreden físicamente. Son situaciones muy delicadas que se han intentado llevar por la “Ruta Violeta” de la universidad, que se supone trata los casos de violencias basadas en género”.
Varios profesores, en medio de su proceso disciplinario, afirmaron que las relaciones que sucedieron con las estudiantes fueron desde “el consenso y el amor”, mientras que ellas señalaron que eran menores de edad en el momento de la presunta agresión.
Jorge*, abogado y docente de la UdeA, aseguró que, en medio de sus acompañamientos a estudiantes que denuncian, varias le han manifestado temor de involucrarse en un proceso penal. “Ellas no tienen confianza, le tienen mucho temor a cómo pueden realizarse procesos con sus testimonios. Sin embargo, la universidad tiene un deber que está incumpliendo, y es el de llevar los casos ante la Fiscalía cuando tienen conocimiento de denuncias de género y violencia sexual. Por eso ellas deciden elevar su proceso a lo disciplinario en la UdeA. Lo que muchas están buscando es una reparación para ellas con la suspensión o el despido de los docentes de la UdeA”, dice Jorge.
Según la universidad, se conoce de seis denuncias presentadas por las víctimas en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, para la concejal de Medellín Dora Saldarriaga (movimiento Estamos Listas), hay mucha desinformación al respecto.
“La universidad en sí no está remitiendo a la Fiscalía los casos de los que tiene conocimiento, pero no todas las conductas de acoso son de tipo penal, y ahí es cuando deben ser denunciados disciplinariamente”, explica Dora.
Según ella, la universidad debe hacer un proceso para comprobar lo denunciado, en este caso, a través de la “Ruta Violeta”. Si se verifica que el caso es penal, es deber de los servidores públicos denunciar ante “la entidad competente”, de acuerdo con lo que
‘‘La
universidad en sí no está remitiendo a la Fiscalía los casos de los que tiene conocimiento, pero no todas las conductas de acoso son de tipo penal”.
Dora Saldarriaga, concejal