Ratificado Escazú, empieza el reto de implementar
TUVO QUE LLEGAR UN GOBIERNO de izquierda para que se cumpliera la promesa que el entonces presidente Iván Duque le hizo al paro nacional del 2019. Un total de 700 días, desde la firma del mandatario hasta la ratificación en el Congreso, demostraron que los compromisos ambientales del gobierno anterior se quedaron muchas veces en discursos estrellados contra la realidad de su falta de gobernabilidad incluso en su mismo partido. Hoy Colombia está más cerca de la ratificación de Escazú gracias al impulso del presidente Gustavo Petro y su enorme coalición en el Congreso, con la oposición de aquellos partidos que fueron derrotados en elecciones.
El Acuerdo de Escazú se convirtió en el símbolo de un gobierno desconectado de los reclamos sociales. Aunque el entonces presidente Duque lo firmó usándolo como herramienta para desactivar el paro nacional, luego su reticencia a impulsarlo en el Congreso hizo que el movimiento ambientalista perdiera la esperanza. En efecto, solo cuando Gustavo Petro ganó la Presidencia y empezó a armar una amplia coalición legislativa revivió el interés por el Acuerdo. Ahora, aprobado de manera abrumadora por la Cámara de Representantes, Colombia se convirtió en el país número 14, de los 24 que lo firmaron, en ratificarlo.
Falta la revisión de la Corte Constitucional y la firma final del presidente Petro, pero los obstáculos más grandes para el acuerdo ambiental ya se superaron. Por fin Colombia toma una medida de gran importancia simbólica para demostrarle al mundo que su compromiso es reducir el asesinato de activistas ambientales y crear herramientas efectivas de justicia ambiental. Como explicó en Blu Radio la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, “la obligación con Escazú es generar la mejor información pública de las consecuencias y los riesgos ambientales para la consulta con las comunidades”.
Para eso, el Gobierno Petro parece estar preparándose para construir mecanismos eficaces de información y acceso a la justicia. De nuevo lo dijo Muhamad: “Lo que necesitamos hacer en el país es una planificación mucho más rigurosa y una concertación mucho más temprana; cuando llegamos al punto de la licencia ambiental ya es muy tarde porque ahí ya hay concesiones, contratos y obligaciones. Por eso la planificación debe hacerse temprano”.
Ahora, como ocurre con todos los acuerdos internacionales, el reto estará en la voluntad política nacional para tomar medidas efectivas. No es algo sencillo. En 10 años, según Global Witness, en Colombia han asesinado a 322 activistas ambientales. Hay porciones del territorio donde el Estado no está presente ni mucho menos tiene el monopolio de la fuerza. Las explotaciones ilegales de recursos naturales pululan mientras la autoridad ambiental tiene escasos recursos.
¿Podrá el Gobierno incluir acciones eficientes en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Mejorará el acceso a la justicia? Escazú nos impone el reto, ahora la pelota está en la cancha del Gobierno Nacional.
‘‘Ratificar
Escazú era un acto necesario para demostrar el compromiso ambiental de Colombia. Es de celebrar que el Congreso lo haya aprobado”.