Ambiente, prioridad en riesgo
EL GOBIERNO DEL PACTO HISTÓRICO ha puesto como sus ejes la paz total y enfrentar la crisis climática, buscando avanzar en el camino de la sostenibilidad y la descarbonización con su planteamiento de Colombia como potencia de vida. Compartimos estas propuestas, pero nos sorprende y alerta que la primera versión de la reforma tributaria no incluyera una referencia para asegurar que el recaudo del impuesto al carbono mantenga su actual destinación a la conservación del capital natural del país.
El Gobierno ha priorizado la reducción de la deforestación, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, la recuperación y conservación de fuentes hídricas, la restauración y el uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos, y la consolidación del sistema de áreas protegidas, todas acciones que requieren un apoyo financiero que supera con creces el recaudo del impuesto al carbono; en lugar de asignar recursos adicionales, se está poniendo en riesgo una importantísima y clara fuente de financiación.
Como lo señala el comunicado del Foro Nacional Ambiental (9/10/2022), en la versión de la reforma tributaria aprobada en primer debate la semana pasada, el artículo 96 del proyecto propone derogar el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se señala la destinación exclusiva de los recursos recaudados por el impuesto al carbono para apoyar iniciativas de protección de la naturaleza.
Entendemos que el Gobierno Petro enfrenta una muy difícil situación fiscal y que los compromisos que implica retomar el Acuerdo de Paz y buscar la paz total son acciones que también requieren ingentes recursos, pero la gestión ambiental se financia de manera muy precaria por la forma en que está asignando el Presupuesto General de la Nación (PGN). Del total de $406 billones del PGN, al sector ambiente y desarrollo sostenible, incluidos Fonam, Ideam y las 30 corporaciones que reciben recursos del PGN, se le asignaron $1,4 billones, es decir, apenas el 0,35 %. Si lo comparamos con los países de la OCDE, que en general tienen un potencial en biodiversidad y regulación climática muy inferior al de Colombia, vemos que en la mayoría de ellos la gestión ambiental tiene más prioridad presupuestal que en Colombia, pues su asignación oscila del 1 % al 3 % y en algunos países llegan a asignar hasta el 6 % del presupuesto para la gestión ambiental.
Una parte importante de recursos públicos que no son parte del PGN y que por ley deben ser asignados para la gestión ambiental son los recursos propios de las CAR, pero todos sabemos del alto cuestionamiento administrativo y la poca efectividad de las acciones lideradas por las CAR, entidades que desde hace muchos años se ha dicho que serían reformadas; esperamos que haya llegado la hora. Adicionalmente, las CAR que tienen a su cargo los territorios de mayor riqueza en biodiversidad y generación de servicios ecosistémicos para la regulación climática generan muy pocos recursos propios y enfrentan una crítica situación financiera. Sin duda, es más factible en el corto plazo revisar la reforma tributaria que reformar las CAR, por ello es urgente que los recursos recaudados por el impuesto al carbono tengan destinación específica para la protección de la naturaleza. De lo contrario, Colombia no podrá cumplir con los compromisos internacionales en términos de cambio climático y conservación de la biodiversidad, y el discurso de Petro en Naciones Unidas quedará descontextualizado de su gestión como gobernante.