Acciones que suman
EL ESFUERZO CONJUNTO DE LOS DIversos sectores ha dado fruto. Los incentivos tributarios del sector cultural han salido del régimen de derogatoria previsto en la reforma tributaria que cursa actualmente en el Congreso de la República.
Sin embargo, sin tener una causa que las distinga de los incentivos recuperados para la legislación cultural, las actividades de la economía cultural y creativa distintas al cine continúan en la derogatoria actual. Este incentivo, que desde el año 2019 se hizo extensivo a todos los campos creativos y culturales, sigue en riesgo y su derogatoria ha sido votada a favor en el primer debate a la reforma tributaria en el Congreso.
Es impensable que un beneficio que genera corresponsabilidades en la viabilización de los proyectos culturales y creativos pueda desaparecer del ordenamiento legal sin haber tenido el tiempo de demostrar todo su potencial; como sí ocurre en el sector cinematográfico colombiano que ha tenido la inmensa posibilidad de desarrollarse a través de casi tres décadas, dando los frutos que todos podemos conocer.
Varios gobiernos foráneos han impulsado modelos de incentivos similares. Países como Reino Unido, España y Argentina, entre muchos otros, han demostrado que los incentivos a la inversión y donación de privados fomentan la participación de los ciudadanos y de grandes y pequeñas empresas como corresponsables de la diversidad y sostenibilidad de las organizaciones culturales. Además, y esa es una apuesta fundamental para Colombia, convocan al diálogo y al trabajo conjunto entre personas disímiles.
Con la abolición del incentivo a la creatividad pierden las artes, el patrimonio, la creación y pierden las comunidades que tendrán menores opciones para verse y entenderse en su identidad.
En poco más de dos años, este incentivo ha beneficiado 91 proyectos por un valor de $197.582 millones en 11 departamentos, gracias al trabajo liderado por la entidad mixta CoCrea, en equipo con los ministerios de Cultura y de Comercio y los socios privados, Comfama, Cámara de Comercio de Bogotá y las universidades del Valle y Jorge Tadeo Lozano. La proyección de su crecimiento resulta importante cuando se revisan las cifras de la convocatoria 2022, a la que se postularon 844 iniciativas con un valor total proyectado de $1,5 billones y un valor de financiación solicitado de $1,1 billones.
Estas cifras no son despreciables en un sector como el cultural que tiene asignado un presupuesto en la ley anual 2023 de solo $687.000 millones y para el Ministerio de Cultura de $622.000 millones. Si proyectamos las posibilidades de manera lineal y conservadora, en condiciones similares, CoCrea y el beneficio tributario ofrecerían $1,3 billones adicionales al sector cultural durante el cuatrienio.
Me pregunto si el Gobierno podría compensar esta pérdida monetaria y las oportunidades que nos brinda la convergencia de los titulares de proyectos y financiadores públicos y privados a partir del presupuesto nacional. Si se analiza la trayectoria de las asignaciones del presupuesto público para el sector cultural en los últimos 30 años, creo que la respuesta es negativa.
Invito a reflexionar, a construir y a ajustar, si es el caso, los mecanismos. Siempre orientando acciones a sumar y no a restar.