Nicaragua vs. Colombia ante La Haya: sin precedente global
Antes de examinar de fondo la demanda de Nicaragua, que busca ampliar su plataforma continental, la Corte quiere escuchar a ambas partes sobre lo legalmente viable que es dicha pretensión.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tomó una decisión que parece breve, pero que realmente tiene grandes implicaciones. El tribunal, que estudia una demanda de Nicaragua para que le sea reconocida una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa, dijo que en las próximas sesiones orales que habrá sobre el caso ambos países deben pronunciarse solo sobre dos temas.
Primero, si Colombia y Nicaragua creen que la plataforma continental (es decir, la prolongación dentro del mar del territorio de un país) de un Estado puede “extenderse dentro de las 200 millas náuticas” de otro Estado, básicamente, si ese traslape de fronteras marítimas se ajustaría a lo que para el derecho se considera costumbre.
Asimismo, pide que los países digan cuáles creen que son los criterios en el derecho internacional consuetudinario (costumbre) para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas.
La decisión llama la atención por varias cuestiones. Lo primera es la razón por la cual los jueces preguntan eso: “Son ellos los que deberían decidir”, dice Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Lo complejo es que probablemente “sobre la base de las respuestas de los dos países, ellos (los jueces) seguirán analizando si la demanda de Nicaragua es factible frente a nuestro país”, agrega.
Aunque la mayoría de los jueces se limitaron a comunicar la decisión de la Corte, el francés Ronny Abraham dio un poco más de detalle sobre el porqué de la solicitud. Según él, el tribunal debe decidir sobre el asunto sustancial que se pregunta a los países antes de entrar a evaluar de lleno la solicitud de Nicaragua.
En otras palabras: dependiendo de las respuestas a las preguntas que se les hace a los países, “se determinará si procede la delimitación y, por lo tanto, si tiene o no sentido determinar, con la ayuda de expertos o no, la extensión de la plataforma continental”.
El método del tribunal (preguntarles a las partes) “en efecto no tiene precedentes, pero es simplemente porque no se han dado idénticas circunstancias en casos anteriores”, escribió Abraham.
En ese sentido, lo que está sucediendo en el caso de Nicaragua contra Colombia sentaría un precedente en el mundo para casos futuros similares. Si, zanjado este asunto, la Corte entra a estudiar la petición de Nicaragua, es preciso recordar que ese país tiene que demostrar que su territorio se extiende 200 millas mar adentro sin ninguna interrupción.
Vale la pena recordar que este caso es solo uno de los que estaban pendientes ante la Corte. En abril de este año el tribunal se pronunció sobre el incumplimiento por parte de Colombia, alegado por Nicaragua, en relación con el fallo de 2012 que declaró 75.000 kilómetros cuadrados como Zona Económica Especial (ZEE) nicaragüense. Los expertos señalaron en ese momento que Colombia ganó solo una de las seis demandas que estudiaba la CIJ y que lo más sensible fue que no se dictaran medidas para proteger los derechos de pesca de los raizales del archipiélago de San Andrés. Según la Corte, en el proceso no hubo suficientes evidencias para probar la presencia histórica y las prácticas tradicionales de los raizales en la zona en cuestión.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, ya está enterado de la decisión de la Corte, emitida el martes. Sin embargo, no ha hecho público ningún pronunciamiento al respecto, como tampoco sobre cambios en el equipo de defensa de Colombia ante La Haya, que desde el gobierno de Juan Manuel Santos venía siendo liderado por Carlos Gustavo Arrieta y Ma nuel José Cepeda.
La Corte Internacional de Justicia citaría a las próximas audiencias antes de finalizar 2022, estima el gobierno. Luego, el fallo se conocería varios meses después, dice la Cancillería.