¿Está cerca la legalización de la marihuana?

ESTA SEMANA EL PRESIDENTE DE Estados Unidos, Joe Biden, anunció que perdonaría a todas las personas convictas con cargos federales por posesión de marihuana y que estos cargos se borrarán de su historial. Esto es resultado de la legalización en varios estados y de la intención del presidente de revisar la clasificación de la marihuana como un narcótico tipo 1 —igual que la heroína, el LSD y el éxtasis—, para que sea reconocida como una sustancia que no es peligrosa. El sistema federal gringo es complicado y este “perdón” no aplica a las personas convictas por condenas estatales, pero es un paso hacia una de las reparaciones pendientes entre todos los desmanes que ha provocado la guerra contra las drogas: el encarcelamiento injustificado de las personas más vulnerables y especialmente el perfilamiento racial de las personas negras. “Los arrestos por porte de drogas han causado desigualdades raciales al interior del sistema penal de justicia, muchas leyes para la prohibición de drogas se crearon en primer lugar para perfilar a minorías étnicas y raciales. Con esta decisión se da un paso importante para atender el racismo sistémico al interior del sistema de justicia”, dijo el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson.

Mientras tanto, en el Congreso colombiano avanza un proyecto para regular el consumo de marihuana en adultos a nivel nacional, presentado por los congresistas liberales Juan Carlos Losada y Carlos Ardila, con el respaldo de los ministerios de Justicia y del Interior, y por supuesto del presidente, como ha quedado claro en varios discursos. En Latinoamérica las leyes de prohibición de consumo y porte de drogas también están conectadas con encarcelamientos injustos, que afectan desproporcionadamente a las mujeres pobres y cabeza de familia de todo el continente.

En su informe de 2016 “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, Dejusticia explica que “el 84,16 % de las mujeres recluidas en centros penitenciarios fueron condenadas o sindicadas exclusivamente por un delito de drogas, sin concurso con otros (en comparación con un 78 % para la población en general)”. Dejusticia explica que lo más probable es que estas mujeres fueran “fácilmente reemplazadas en sus labores dentro de los mercados de drogas, no son las que verdaderamente se lucran del narcotráfico ni tampoco representan una amenaza para la sociedad”. Es decir, son mulas, dispensables para las operaciones de tráfico a gran escala, y probablemente están cometiendo un delito porque tienen pocas oportunidades laborales y muchas obligaciones de cuidado que deben cumplir. El informe de Dejusticia muestra que “para el 52,81 % de las mujeres que ingresaron por estos delitos (divorciadas, separadas, solteras y viudas), el encarcelamiento se dio en circunstancias en las que no contaban con un compañero/a del núcleo familiar que las apoyara en el cuidado de sus hijos”. El impacto que esto tiene en las familias colombianas es devastador y es un fenómeno que se repite en todos los países de la región.

Colombia tiene una gran oportunidad: parece que tras años de una propensión a la prohibición y los discursos moralistas sobre el consumo, las estrellas se están alineando para que Colombia haga parte de un proceso de legalización de la marihuana y otras drogas recreativas, que llegará tarde o temprano, porque es la tendencia del mercado, pero que nos conviene liderar, para empezar a reparar el daño que dejó en el país y en la región la guerra contra las drogas.