Presos por marchar
LAS CÁRCELES COLOMBIANAS CONtienen todas las aristas de un Estado fallido, son como Cronos devorando sin piedad a sus hijos. A esta conclusión llegué después de haber trabajado en labores humanitarias al interior de las prisiones del suroccidente colombiano. Entre innumerables desafueros, allí conocí “falsos positivos judiciales” que no son más que montajes jurídicos en los que personas son vinculadas irregularmente con la comisión de delitos. Esta estratagema recae principalmente en líderes sociales, personas vinculadas con el movimiento social o participantes de espacios de protesta.
A raíz del paro nacional del año pasado las capturas de manifestantes aumentaron exponencialmente y también las denuncias de montajes judiciales. Actualmente la situación ha escalado tanto que los familiares y las personas privadas de la libertad se han ido organizando para visibilizar y exigir soluciones. Entre sus denuncias se encuentran irregularidades procesales, tortura física y psicológica, dilaciones en los procesos, traslados injustificados, imputación de delitos de lesa humanidad, violencia de género, etc. La agudeza de la situación contrasta con el silencio y la paquidermia de las autoridades.
Los casos son preocupantemente numerosos como para pensar en la aleatoriedad. La sistematicidad, la similitud y los antecedentes de otros casos hacen que surjan cuestionamientos sobre la existencia de una estrategia dirigida a perseguir penalmente la protesta social. ¿Hay en Colombia un sistema que premia y alienta el encarcelamiento de líderes, activistas y manifestantes? ¿Qué dicen los jueces y fiscales? Estas no son preguntas menores en un Estado democrático y de derecho, la mera duda ya debería encender alarmas. Ojalá las respuestas sean la garantía a los derechos humanos de los presos y la milimétrica revisión de una política criminal que solo ha contribuido a la violencia.