La cruzada que quiso violar una zona de protección ecológica en Tequendama
La Alcaldía de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca) intentó, cuatro veces, cambiar el uso que se le da a un área de protección ambiental en la zona rural del municipio; pero el Concejo se lo negó. ¿Habrá un quinto intentó? El Espectador investigó los detalles de esa cruzada y los intereses que hay detrás.
El debate maniqueo entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente como recurso vital para la vida humana tiene asidero en todos los territorios en los que, en pro del avance y la generación de empleo, se planean proyectos empresariales o de expansión urbana.
Recordadas son las veces que, por ejemplo, los colectivos ambientalistas enfrentaron al exalcalde Enrique Peñalosa, en Bogotá, por proyectos como la intervención en humedales y la reserva Thomas van der Hammen, y la urbanización de varios puntos de la ciudad.
Este escenario —en el que se suele caricaturizar a los ambientalistas como enemigos del progreso y a las administraciones de las ciudades como enemigas de la naturaleza— se está presentado en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), a dos horas de Bogotá.
Sin embargo, en ese caso los hechos son tozudos, hablan por sí solos y le dan la razón a quienes se opusieron y frenaron un proyecto que buscaba crear un parque industrial, como dijo uno de sus impulsores, o un parque de servicios ambientales, como lo señalaba la administración del alcalde José Flaminio Vanegas.
La génesis
De acuerdo con el actual Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Tequendama, existe una zona de 101,83 hectáreas, ubicadas al suroriente del municipio, que está catalogada como parque ecológico, en cuyo suelo está permitida la recreación pasiva y las actividades campestres, el uso condicionado de “instalaciones para los usos compatibles”, y están prohibidos todos los demás usos, “incluidos los de vivienda campestre”.
El área del parque ecológico está integrada por nueve predios (ver gráfica) que pertenecen a distintos propietarios, entre privados y el municipio, que es dueño de las carreteras que hay allá.
Hasta 2003, la mayoría de esos terrenos le pertenecían a la empresa de energía Emgesa SA ESP (hoy Enel Colombia), pero esto cambió el 31 de diciembre de ese año, en el último día de la administración de José Gabriel Moreno Jiménez, alcalde de 2001 a 2003.
Ese año la compañía le cedió parcialmente a título gratuito cuatro predios al municipio, como quedó en la escritura 1425, firmada en la Notaría Única de Madrid (Cundinamarca). Dos de esas propiedades, según el documento, son carreteras que atraviesan o pasan por una parte de la zona, que es rural y tiene una destinación económica institucional.
Una curiosa compra
Ocho años después, el 28 de diciembre de 2011, ante la Notaría Única de La Mesa (Cundinamarca) se firmó la escritura 3414, con la que cinco personas naturales le compraron a Emgesa un predio de 14,7 hectáreas en el espacio del parque ecológico. La compraventa se realizó por $177 millones ($290 millones actuales).
Según el certificado de tradición y libertad conocido por este medio, los nuevos propietarios eran Andrés Alfonso Florián Cortés, Juan Manuel García, José Nicolás Parra Peralta, María Ximena Puentes Gaitán y el exalcalde José Gabriel Moreno Jiménez —un viejo conocido en Tequendama—, quien tiene una condena, confirmada por la Corte Suprema, por celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos legales en su ejercicio de mandatario.
Esto ocurrió con un detalle que salta a la vista: ocho años antes, Moreno Jiménez recibió, en calidad de alcalde, la cesión al municipio de las dos carreteras por parte de Emgesa (que así se libraba de los gastos de mantenimiento).
Ahora, el exalcalde, como propietario, también se veía beneficiado, al ser uno de los compradores de una propiedad por la que, justamente, pasan esas dos carreteras (predios 6, 8 y 9 de la gráfica).
Más allá de esta coincidencia, el precio por el que compraron resulta barato, si se tiene en cuenta que Cundinamarca es el departamento con la hectárea rural más costosa del país, con un precio avaluado en $18,1 millones, según el último informe, de 2017, sobre mercado de tierras productiva de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Esto significa que, al cambio del peso colombiano de ese año, los predios fueron comprados un 15 % más baratos.
Al respecto, el activista ambiental Julián Torres, conocedor de la situación, expresa que “hay una especie de aprovechamiento de la posición de poder, para recibir unos predios, que le generaban unos costos al municipio y luego es una coincidencia que les venden, a muy buen precio, un terreno que debe ser de protección”.
Y un compromiso…
Además de estos detalles, la cláusula séptima comprometió a los compradores a aceptar y conocer las normas ambientales que rigen en la zona donde está el predio y que “el uso al cual destinará el bien inmueble (…) es el previsto en las normas de uso del suelo que a la fecha (…) rigen para el municipio de San Antonio del Tequendama”. Y agrega: “Se compromete (…) a tomar todas las medidas que sean necesarias para la preservación y conservación del medio ambiente, en especial, las solicitadas por las autoridades ambientales sobre el particular”, se lee en el documento en poder de El Espectador.
De manera que eso que aceptaron todos los compradores implica que acaten lo estipulado en el EOT del municipio y, por consiguiente, lo estipulado sobre el par
‘‘Hay una especie de aprovechamiento de la posición de poder para recibir unos predios que le generaban unos costos al municipio”.
Julián Torres, activista ambiental de San Antonio del Tequendama.
que ecológico.
Camilo Crespo, ingeniero agrónomo residente en Tequendama, explica la importancia de esta zona ecológica para la población: es “estratégica para poder conservar un corredor biológico entre el parque, el distrito de manejo integrado y el río Bogotá, que sea fundamental para las especies de fauna y flora nativa que habitan ahí”.
Cuatro intentos, cuatro derrotas
No fue uno ni dos, ¡fueron cuatro! las veces que la Alcaldía intentó cambiar tres artículos del EOT (de 2021, que mantiene las condiciones del parque ecológico del de 2001), para permitir otros usos del suelo en ese sector y hacer allí un parque de servicios ambientales, jugada que, a la larga, haría que los más beneficiados fueran los nuevos propietarios, incluido el exalcalde.
La primera fue en abril de 2021, con la propuesta de hacer una integración de “servicios de saneamiento ambiental, producción vegetal y ecológica, de bienes derivados del manejo, aprovechamiento y gestión integral de residuos sólidos, incluyendo los residuos de construcción y demolición”, que, además, incluía un relleno transitorio. Sin embargo, el Concejo se lo negó.
Los dos siguientes fueron en octubre de ese año y en febrero de 2022, cuando reiteraron esa petición, argumentando que esos cambios son normas “que fueron concertadas con la Corporación Autónoma Regional (CAR)”.
Ambas veces, el cabildo reiteró la negativa. El último fue en agosto pasado, pero esta vez sin que incluyera el aprovechamiento de residuos de construcción y, en su lugar, que este fuera una estación de clasificación; pero los concejales volvieron a negarlo.
Este diario le preguntó a Nelson Rojas, secretario de Planeación de San Antonio del Tequendama, el motivo para pedir tantas veces el cambio del EOT y cuál sería el impacto ambiental de la iniciativa en la que tanto han insistido los propietarios de los predios, pero no se obtuvo respuesta.
El que sí habló fue Andrés Alfonso Florián,
uno de los propietarios del predio que Emgesa vendió en 2011. Dijo que querían hacer un parque industrial, para generar empleo y que se había comprado con ese propósito, y agregó que “en el uso del suelo no tenía ninguna reserva. En ningún momento ha sido parque o reserva, sino que ha sido de uso agropecuario. Incluso, en el esquema de ordenamiento estaba destinado para un matadero municipal”.
Por último, enfatizó en que después del cuarto intento fallido desistieron del proyecto y que ahora lo desarrollarían en Sibaté. Su idea era llevar allá una empresa de fabricación de partes para vehículos automotores (Mecanizamos Florián Marín SAS, de la que es representante legal).
Julián Torres y Camilo Crespo coinciden en que esos planes eran imposibles de ejecutar. “No se puede, porque viola el principio de progresividad ambiental”, e implicaría “el cambio del uso del suelo a actividad industrial, ya que una fábrica representaría la adecuación de una infraestructura para la transformación de recursos que son reciclados”. Es clara la discordancia entre lo que buscaban la administración municipal y los propietarios de los predios, y lo que está plasmado en el EOT.
Así la Alcaldía insista en que un concepto de la CAR es de “superior jerarquía”, hay una claridad del Ministerio de Ambiente, como autoridad superior: “El Parque Ecológico hace parte de la estructura ecológica del municipio (…), cuya finalidad es la conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos renovables y la promoción de la conectividad de los ecosistemas”. Entre tanto, en la Fiscalía (seccional Cundinamarca) avanza un proceso por daño en los recursos naturales y ecocidio, debido a lo cual Torres y Crespo denunciaron una posible deforestación en los terrenos de protección ecológica, sin autorización y violando la ley.
‘‘Los compradores se comprometen (…) a tomar todas las medidas que sean necesarias para la preservación y conservación del medio ambiente”. Se lee en el documento en poder de El Espectador.