¿qué pasó y dónde están? así avanzan las medidas cautelares para encontrar a los desaparecidos

Desde septiembre de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz ha recuperado 392 cuerpos de personas desaparecidas y ha realizado 27 entregas dignas a familiares. En cuatro años se han presentado avances, pero aún quedan retos por afrontar.

Con flores blancas, velas, fotografías de su familiar desaparecido y telas con mensajes, la familia Ortiz Zapata recibió el cuerpo de su hijo Jorge Andrés, luego de 15 años de búsqueda. El 3 de agosto de este año, en un acto de entrega digna realizado en Medellín por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la entidad finalizó el proceso después de dos años de diligencia. Este caso es parte de las 27 entregas dignas a familiares que ha realizado la JEP desde 2018.

“¡Bienvenido de nuevo a nuestras vidas! Siempre has estado en nuestros corazones. Desde el cielo acompañas nuestras oraciones, tu luz siempre ha iluminado nuestros caminos. Honramos tu existencia y abrazamos tu alma TODOS JUNTOS. Volveremos a encontrarnos siempre”, fue uno de los mensajes escritos por los familiares de Jorge Andrés en dicho acto.

Ortiz desapareció el 23 de marzo de 2007, y es uno de los 6.402 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Su caso fue a manos del Batallón Contraguerrillas No. 79, adscrito a la Brigada Móvil 11 del Ejército. Las declaraciones del soldado profesional y compareciente Levis de Jesús Contreras Salgado fueron claves para encontrar el cuerpo de Jorge Andrés en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia).

Este cementerio es uno de los 17 lugares con medidas cautelares otorgadas por la JEP desde el año 2018, cuando inició el proceso de preservar sitios donde posiblemente hay cuerpos de personas desaparecidas y que corren riesgo de alteración, ya sea por razones naturales o intervención humana.

“El centro para estas medidas cautelares es la verdad, y la verdad en la desaparición forzada pasa por dos elementos fundamentales: saber qué les pasó a las personas y saber dónde están sus cuerpos”, afirmó en entrevista con Colombia +20 el magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP, que ha estado al frente de la recepción de solicitudes y decisión de medidas cautelares.

En agosto de 2018, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le solicitó a la SARV cuidar, proteger y preservar 16 lugares del país (luego se agregó uno más) donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. Los cementerios fueron señalados, por el Movice, como primordiales para estas labores y solicitaron iniciar en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. Además, megaproyectos como Hidroituango o La Escombrera en la Comuna 13, y las fincas El Palmar o La

Alemania en San Onofre (Sucre) también fueron incluidas para tener medidas cautelares y poder seguir buscando a los más de 90.000 personas que aún se encuentran desaparecidas en el país.

“Nosotros decidimos tomar la medida porque vimos que había una urgencia y necesidad, un riesgo de que se perdieran los cuerpos o se alteraran. Con esta decisión, en el Auto 001 del 14 de septiembre de 2018, activamos el Sistema Integral para la Paz y decidimos trabajar en conjunto la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para darle la mejor respuesta que inicialmente fue proteger estos lugares”, resaltó el magistrado Salazar.

Adriana Arboleda, vocera del Movice, afirmó que las medidas cautelares han posibilitado concretar acciones en torno a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el país y ha posicionado otras modalidades de desaparición. “En el país se ha mostrado cómo las ejecuciones extrajudiciales estuvieron precedidas de desaparición forzada y cómo esta ha sido una realidad dolorosa en los distintos territorios de la nación”, explicó Arboleda.

Por ejemplo, el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia) fue incluido un año después de la solicitud inicial del Movice, el 15 de agosto de 2019, y se ha convertido en uno de los casos emblemáticos porque la JEP ha podido recuperar 75 cuerpos y realizar 11 entregas dignas a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la región. La medida cautelar de este cementerio está próxima a cerrarse luego de dos años y medio de trabajo. Según el magistrado Salazar, no se encuentran más puntos de interés donde pueda haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas, y con las entregas dignas realizadas en estos años se finaliza el proceso.

¿Cómo funcionan las medidas cautelares para buscar a personas desaparecidas?

Según la JEP, hasta septiembre de 2022 se han recuperado 392 cuerpos en Antioquia, Cesar, Casanare, Sucre y Caldas. Las medidas cautelares emitidas por esa justicia para buscar a personas desaparecidas constan de un proceso de 10 fases que articula el trabajo con entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Grupo de Búsqueda,

Identificación y Entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía y Medicina Legal.

La primera fase consiste en crear un universo de posibles lugares de inhumación para comenzar la búsqueda. La solicitud del Movice fue la base para iniciar ese trabajo porque llevó al equipo de la JEP a crear un inventario no solo de los cementerios y lugares, sino también de zonas exactas, bóvedas y osarios para delimitar la zona de exhumación.

“Inicialmente decretamos las medidas con el objeto de proteger los lugares de inhumación, pero lo primero que surgió ahí fue: necesitamos un inventario. Realizamos

‘‘La

verdad en la desaparición forzada pasa por dos elementos fundamentales: saber qué les pasó a las personas y saber dónde está su cuerpo”. Magistrado Gustavo Salazar

un universo de lugares posibles y de ahí se hizo una visita al lugar, se recorrió el cementerio, se revisó dónde había fosas comunes, osarios, bóvedas no marcadas o con NN y los libros de registro”, explicó el presidente de la SARV de la JEP.

Luego de esto, se crea un universo decantado de lugares de inhumación de cuerpos de personas no identificadas, el cual se coteja con la Fiscalía para confirmar si han exhumado cuerpos y si corresponden a víctimas del conflicto armado. Con esa información se tiene una base de lugares de posible exhumación y prospección para iniciar labores de búsqueda de esos cuerpos e identificar si corresponden a víctimas de desaparición forzada, principalmente.

El magistrado Gustavo Salazar señaló que hay elementos claves para dicha identificación: “Si está en una bolsa plástica, con signos de violencia externa como disparos, si no se encuentra protocolo ni necropsia, todo esto da luces a que posiblemente es el cuerpo de un desaparecido”.

Al encontrar y exhumar esos cuerpos se remiten al Instituto de Medicina Legal para los estudios forenses correspondientes y quedan bajo la custodia de la JEP o la UBPD. Estos estudios tienen tres momentos para la identificación que son: el estudio antropológico, el estudio dental y el estudio de ADN, donde se involucran a los familiares.

“Hasta aquí tenemos una muestra de preidentificación, y de ahí construimos un universo de personas desaparecidas y de familiares de esas personas para decidir a quiénes se les toman las muestras biológicas para cotejar y consolidar la información. Con esto inicia la fase del cotejo”, explicó el magistrado.

Mientras se desarrolla esa fase, la JEP realiza audiencias de reconocimiento y observaciones donde las víctimas intervienen, realizan actos simbólicos y tienen un espacio de escucha en el proceso. El magistrado también señaló que estos espacios cuentan con elementos restaurativos para los familiares, como la lectura y proyección de los nombres completos de sus seres queridos desaparecidos.

La vocera del Movice resaltó que las medidas cautelares sí han contado con acciones restaurativas que dan muestras de que existe voluntad política y se puede avanzar en los procesos de búsqueda. “Las medidas también han contribuido a implementar acciones de carácter restaurativo, que les han devuelto la esperanza a las familias, quienes han tenido la posibilidad de ver los cuerpos de sus familiares, identificarlos y tener una entrega digna”.

La entrega digna es la última fase del proceso, y son espacios concertados con los familiares, quienes deciden si será con un ritual religioso o cultural, si es público o privado, si cuenta o no con la presencia de los magistrados y cómo efectuar un proceso de acción sin daño donde el enfoque restaurativo sea transversal. Todas las especificaciones están consignadas en un protocolo de entregas dignas creado desde el despacho del magistrado Alejandro Ramelli, integrante de la SARV.

Para una defensora de derechos humanos de San Onofre (Sucre), donde se han realizado 11 entregas dignas, estos espacios han representado para las víctimas un interés en la región por parte de la JEP y un acompañamiento. “Las entregas han sido positivas en generar confianza y esperanza en las víctimas que tienen familiares desaparecidos, porque da la seguridad de que se está trabajando y que los casos no están quedando en el aire”, dijo ella, quien prefiere omitir su nombre.

César Santoyo, director del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, comentó que las entregas dignas también representan un acto simbólico de cierre del duelo y han propiciado la articulación del movimiento de víctimas, que ha ganado más protagonismo y espacios

de exigibilidad.

Los lugares protegidos

Antioquia, Cesar, Casanare, Sucre, Meta, Valle del Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Huila, Santander, Caldas y Bolívar tienen cementerios o lugares claves para la búsqueda de personas desaparecidas con medidas cautelares otorgadas por la JEP.

Caldas es el departamento con más cuerpos recuperados (208) y en Bolívar se encuentra el Canal del Dique, considerada una de las áreas más grande de búsqueda. Según el Grupo de Análisis de la JEP, entre 1991 y 2015 en esta zona del país ocurrieron 9.638 desapariciones forzadas.

En algunos casos se decretan prórrogas para continuar con el proceso de búsqueda y garantizar los derechos a la verdad, memoria y escucha de los familiares de las víctimas. El caso más reciente ocurrió en el Cementerio Central de Neiva, que cuenta con medidas cautelares desde diciembre de 2019, pero se afirmó que aún existen más de 300 cuerpos sin identificar en el Cementerio Central de la capital de Huila.

Los retos que persisten en la búsqueda

En medio de los avances, los magistrados de la SARV han tenido que ordenar incidentes de desacato y medidas correctivas a entidades, instituciones del Gobierno y mandatarios locales. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez Rodríguez, fue uno de ellos, a quien la JEP ordenó dos días de arresto por no acatar las medidas cautelares sobre el cementerio de esa ciudad.

“El alcalde de Cúcuta tiene un trámite sancionatorio, fue la primera sanción por no haber hecho lo correspondiente. Esto es en serio y se requiere voluntad”, explicó el magistrado Salazar.

También se han presentado demoras en las entregas dignas, porque no se ha podido avanzar en el proceso de identificación, como se esperaba, realizado por Medicina Legal.

El magistrado de la JEP hizo un llamado a la importancia de tener un sistema de geolocalización de las bóvedas y acelerar los procesos, porque muchos de los familiares de las víctimas se están muriendo sin obtener respuesta de sus desaparecidos. “Nosotros estamos tocando una parte del problema, pero hay que acelerar el proceso de trabajo de todas las entidades y un fortalecimiento forense porque las dimensiones de la desaparición forzada son enormes y, por ende, el reto también”.

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personas han sido dadas por desaparecidas en Colombia, según el cruce de información de las bases de datos del Sistema Integral para la Paz integrado por la JEP, CEV y UBPD.