Los “micos” que tendría la ley de “paz total”
Además del tema de una posible amnistía a la primera línea, la controversia se da por un artículo que le permitiría al presidente reglamentar el sometimiento de los grupos criminales.
Este año se vence la Ley de Orden Público, redactada desde el gobierno de Ernesto Samper y prorrogada desde entonces para establecer marcos de negociación y acción con los distintos actores armados que han existido en Colombia desde entonces. Como parte de su programa de “paz total”, el Gobierno ha hecho saber que prorrogar la Ley 418 de 1997 es esencial para su intento de acercamiento con el Eln y grupos criminales.
El Ejecutivo le metió el acelerador a este tema. No solo le dio mensaje de urgencia, sino que se movió con fuerza para que en la mañana de este miércoles fuese debatido de forma paralela por las plenarias de Cámara y Senado. Incluso algunos representantes de la oposición, como José Jaime Uscátegui, denunciaron en plenaria que no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar el proyecto con detenimiento y formular sus reparos.
La queja permitió que se aplazara la discusión en Cámara, pero en Senado se insistió en que el articulado debía ser estudiado sí o sí en la jornada, tanto que el presidente del Senado, Roy Barreras, insistió que iban a tener almuerzo y cena proveídos por el Ministerio de Defensa para seguir de largo. No obstante, el quórum en dicha corporación se fue disminuyendo hasta que también se tuvo que poner fin a la sesión.
El proyecto es esencial debido a que sin él no puede darse el marco para la denominada “paz total”. En esta se establecen los lineamientos para las negociaciones con el Eln y los acercamientos para el sometimiento de las múltiples bandas criminales que hay en el país. También hay puntos que ya en comisiones conjuntas han sido de amplio debate, como lo es el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio.
No obstante, a la ponencia para debatir en plenaria le han aparecido varios artículos que han generado polémica por sus implicaciones, incluso han sido tildados como “micos”. Desde la oposición se prendieron las alarmas por el punto en el que se establece que se faculta al presidente para “otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”. El proyecto señala que el presidente recibiría un listado por parte del Ministerio de Justicia que establezca quiénes pueden ser favorecidos con la medida.
Otro de los puntos cuestionados ha sido el que le permite al presidente Gustavo Petro designar como promotores de convivencia a los que están privados de la libertad por conductas dadas en medio de la protesta social. Ambos puntos han sido calificados como un intento por beneficiar a la primera línea, que ha sido la más señalada por la Fiscalía por supuestas conductas delictivas en medio del paro nacional de 2021.
Los senadores Paloma Valencia, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se fueron en contra del gobierno Petro por este punto. “Pretender a través de la Ley de Orden Público darle facultades de indulto y amnistía al presidente Petro para liberar a quienes de la primera línea cometieron delitos es inaceptable. Es el primer ‘mico’”, expresó Valencia, mientras que Uribe Turbay concluyó que “Petro pretende indultar a los criminales de la primera línea”.
Ante los señalamientos, dos de los principales impulsores del proyecto, Ariel Ávila e Iván Cepeda, han defendido la propuesta y han asegurado que no se trata de ningún “mico”. “Nosotros no introducimos en las leyes disposiciones de contrabando”, expresó Cepeda, que explicó en redes sociales dos de los puntos en controversia.
‘‘Todos
los resultados quedan en manos del Gobierno, es grave y difícilmente constitucional porque altera el Código Penal con un decreto”.
Senador Humberto de la Calle
Un debate que pasó de agache
La mayoría de los titulares se los llevó el asunto del posible indulto a la primera línea. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) alertaron por otro artículo nuevo. El texto dado establece que el presidente “expedirá el marco reglamentario para el sometimiento de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Para algunos voceros de la organización defensora de derechos humanos, este punto puede llegar a ser bastante contraproducente. En diálogo con El Espectador, Juan Pappier, investigador sénior de HRW para Colombia, cuestionó dicho punto porque implica que “se le den facultades al primer mandatario para que por decreto establezca las regulaciones de la norma de sometimiento”.