Otro capítulo ante La Haya: Colombia nombra a nuevos agentes
Eduardo Valencia-Ospina figurará como agente de Colombia ante La Haya en el litigio que inició Nicaragua contra Colombia en 2013. Esto dicen los expertos sobre los nuevos nombramientos.
En estos últimos días se conocieron dos anuncios importantes sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia que aún está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por un lado, el tribunal informó que las audiencias públicas de este caso se llevarán a cabo entre el lunes 5 y el viernes 9 de diciembre de 2022. De ahí que, tras la renuncia de Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, Colombia nombró a los nuevos agentes que representarán al país en el litigio con Managua. ¿Quiénes son y qué sigue luego del anuncio?
Eduardo Valencia-Ospina, doctor en ciencias jurídicas y economía de la Universidad Javeriana, figurará como agente en La Haya. Fue secretario adjunto y luego secretario de la CIJ durante 16 años, así como miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Como coagentes figuran Carolina Olarte Bácares, nueva embajadora de Colombia en los Países Bajos y abogada de la Universidad Javeriana, y Elizabeth Taylor Jay, bióloga y física. Ella es raizal, nacida en Providencia, y se ha desempeñado como embajadora de Colombia en Kenia.
Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional de la Universidad Javeriana, dice que el anuncio es sorprendente. “Llevamos más de 20 años pidiéndoles a los gobiernos que nombren a un experto en derecho internacional, y sin duda Valencia-Ospina es el más indicado. Es la primera vez que un gobierno acepta quitarle el enfoque político que se le había dado a ese cargo de agentes. Por fin entienden que los casos ante la CIJ no se pueden manejar con las dinámicas de la política interna”, comentó el analista.
Son nombramientos claves, aunque Ricardo Abello-Galvis, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, señala que esto no representaría un cambio sustancial en la práctica. El analista le comentó a este diario que el Gobierno está en su derecho de modificar a los agentes, pues son “una representación diplomática ante la Corte. Sin embargo, aunque el agente y coagentes sí administran el equipo, no hay un cambio en los abogados internacionales, ellos son los que tienen la experiencia de litigio ante la CIJ”.
Michael Reisman, Rodman Bundy, Jean-Marc Thouvenin, Laurence Boisson y sir Michael
Wood seguirán representando a Colombia ante La Haya. De ahí que, según Abello-Galvis, tampoco se va a modificar “ni la argumentación que ya se presentó ni lo que se va a decir ahora”.
Sobre este asunto, Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado de Colombia, asegura que, aunque no se estaría comenzando de cero, sí puede haber unos ajustes frente a la defensa que tiene el país. “Con estos nombramientos habrá un empalme con los agentes anteriores, y lo que se espera antes de la cita del 5 de diciembre es que Valencia-Ospina, Olarte y Taylor hagan los ajustes que, de parte de este Gobierno, se consideran importantes para incorporar a la defensa”, mencionó Cano.
Fabián Cárdenas hace una aclaración importante: la demanda llegó en 2013 durante el gobierno de
Juan Manuel Santos. Es decir, las fases escritas ya se llevaron a cabo, por lo que el margen de maniobra es pequeño. “Este caso le llega al gobierno Petro casi en las últimas. A estos abogados no se les puede poner la presión de que ahora ellos tienen que salvar todo. Aunque sabemos que también representan una oportunidad”, sostuvo el experto. Agregó que no hay que dejar de lado el trabajo técnico que hacen los abogados extranjeros. “Esto tiene continuidad y también es positivo para Colombia”, dice Cárdenas.
¿Por qué llega este cambio justo ahora?
Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, comenta que se podrían hacer varias lecturas sobres estos nuevos nombramientos. “Por un lado, se sabe que hay un malestar por parte del gobierno de Gustavo Petro con Arrieta y Cepeda; se presentaron muchas derrotas como ganancias, lo cual no fue cierto”, explica el analista.
Lo segundo, según el experto, es que Eduardo Valencia-Ospina y Carolina Olarte sí son expertos en derecho internacional, como lo dijo Cárdenas. “Esto es importante, porque a la hora de nombrar a los anteriores agentes, Arrieta sabía de derecho administrativo y Cepeda de derecho constitucional, no eran expertos en lo que se necesitaba”.
Otro asunto clave, de acuerdo con Prieto-Ríos, es que al equipo jurídico entra una persona de la comunidad raizal, algo que era importante desde hace un buen tiempo. “Elizabeth Taylor Jay tiene el conocimiento cultural, pero también cuenta con experiencia técnica sobre la protección de la Reserva de la Biósfera Seaflower. Ella será el puente fundamental en todo esto”, agregó.
¿Qué sigue ante La Haya?
La diligencia pendiente, que se conoce como “Las preguntas de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense”, corresponde a la segunda demanda que presentó ese país contra Colombia en 2013.
Nicaragua básicamente busca dos cosas: primera, como lo explicó hace unos días Fabián Cárdenas, que se reconozca que ese país supuestamente tiene una plataforma continental que se extiende mucho más allá de las 200 mn. “Y, segunda, que dado que esta se superpone con la plataforma continental de Colombia, le corresponde a la Corte hacer una delimitación”, agregó el experto.
El 11 de octubre, la CIJ informó que en las próximas sesiones ambos países deben pronunciarse exclusivamente sobre dos temas específicos.
Por un lado, si Colombia y Nicaragua consideran que la plataforma continental (es decir, la prolongación dentro del mar del territorio de un país) de un Estado puede “extenderse dentro de las 200 millas náuticas” de otro Estado; básicamente, si ese traslape de fronteras marítimas se ajustaría a lo que para el derecho se considera costumbre.
Asimismo, pide que los países determinen cuáles creen que son los criterios en el derecho internacional consuetudinario para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 mn. Tras conocer las respuestas de los dos países, los jueces seguirán analizando si la demanda de Nicaragua es factible frente a Colombia.
“Lo que el tribunal está haciendo es revisar si existe o no el derecho, antes de entrar a medir esta plataforma continental, o de buscar a expertos para realizar la delimitación de esa plataforma más allá de las 200 mn, que va desde más allá de las 200 hasta un límite máximo de 350 mn”, sostuvo Ricardo Abello.
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tribunal informó que las audiencias públicas de este caso se llevarán a cabo entre el lunes 5 y el viernes 9 de diciembre de 2022.