En Buenaventura no hay muertos, pero persiste la delincuencia
Aunque se redujeron los asesinatos ocasionados por el conflicto entre los Shotas y Espartanos, líderes denuncian persistencia de extorsiones, amenazas, robos y desapariciones. Iglesia certifica voluntad de paz entre los grupos, pero aclara que aún no se t
“Hoy en Buenaventura reconocimos la voluntad de paz de los Shotas y los Espartanos: van 37 días sin torturas, desapariciones o asesinatos en la zona”, trinó el 20 de octubre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Pero esa voluntad aún no ha llegado a los barrios San Francisco ni Juan XXIII, dos de los más afectados por el conflicto entre esos dos grupos entre 2021 y 2022.
Aunque hoy se cumple un mes desde el día en que ambas bandas -derivadas de una más grande llamada La Local- sellaron su pacto de no agresión en medio de un partido de fútbol en la plaza central del barrio Juan XXIII, el ambiente en la zona continúa siendo de completa zozobra. Por eso los líderes que describen la situación prefieren que su nombre real no sea publicado.
“Ese pacto de paz fue una farsa”, sentencia Marta*. Buenos Aires I y Buenos Aires II son dos calles palafíticas sin servicios a las que no llega ni el camión de la basura ni la Policía, pero sí los armados. Marta ha contado hasta 35 adolescentes y jóvenes con fusiles y pistolas. “Buenos Aires II la tienen cerrada con una cadena y escombros. El lunes hubo tiroteos. Ha habido robos en las casas de las vecinas. Y hemos escuchado de al menos una decena de desapariciones en cercanías al barrio”, detalla.
A esa denuncia se suma la de Juan*: “¿De qué nos sirve que no haya asesinatos registrados si continúa habiendo desapariciones y amenazas? Uno sabe que estas pueden ser muertes no registradas”, cuestiona. Entre los amenazados recientes, según otras denuncias, se encuentran jóvenes que participaron en el partido de fútbol de ese 2 de octubre y que no eran miembros de ninguna de las bandas.
Las extorsiones tampoco han cesado: “La semana pasada fueron a la plaza de mercado y les dijeron a todos los comerciantes que bajaran, que ‘el viejo’ o ‘los patrones’ necesitaban hablar con ellos, y eso es solo para sacarles más plata”, añade Marta. Por eso, para los líderes, el acuerdo resultó siendo de no agresión solo entre las bandas, “pero prácticamente el mensaje es que este es su territorio y pueden seguir aquí”, señala.
Para monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura y facilitador del proceso entre las dos bandas y el Estado colombiano, la comunidad debe tener claro que lo que se dio el mes pasado fue un acto público de paz entre los grupos, pero no es un acuerdo oficial. “Todavía no hay un acuerdo entre ellos y el Estado colombiano. Lo que hay es un pacto de no agresión, y esto es lo que hemos resaltado: que luego de que su disputa por el territorio dejaba entre 25 y 30 muertes mensuales, en dos meses no ha habido registro de homicidios, ni confrontaciones armadas, ni fronteras invisibles como fruto de ese conflicto”, explica.
Juan Manuel Torres, coordinador para el Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), también considera que eso habla de un nuevo camino que está tomando la ciudad. “Buenaventura realmente está dando un giro. Se sigue viviendo la situación casi cotidiana de la pobreza, del hambre, de las extorsiones, pero, al desmoronarse las fronteras invisibles, ahora se puede ir a ciertos barrios que antes estaban vedados. En septiembre solo hubo un homicidio y en octubre dos, ajenos a la situación de los Shotas y Espartanos, y eso está generando expectativas en la gente. Eso se notó en los diálogos regionales vinculantes, donde había entre 1.500 y 2.000 personas hablando de perspectivas para la ciudad”, señala.
Temas como la extorsión, el robo y la entrega de armas, explica monseñor, deberán tratarse en la negociación oficial, pero para ello hay que esperar. “Estamos en etapa de exploración. Esto apenas ha sido un avance, una muestra de buena voluntad por parte de los jóvenes de estos grupos, pero estamos esperando a que se apruebe la ‘paz total’ en el Congreso para darle un marco jurídico a la negociación”, añade. En esta última se espera que se den discusiones en torno a intervenciones sociales y proyectos productivos para reparar a las comunidades.
Para Torres, además del marco jurídico, hay dos preocupaciones más a las que el gobierno de Petro debe dar respuesta: los conflictos a nivel rural, que incluyen a disidencias de las Farc, Eln y Agc, y la crisis de gobernabilidad en el municipio por el reciente escándalo de corrupción que, dice, “ha menguado el actuar de las autoridades”.
Por ahora, mientras la comunidad exige mayores muestras de paz por parte de las bandas, monseñor pide serenidad. “Todos queremos solucionar todo ya, sembrar y cosechar. Pero apenas estamos sembrando. Homicidios, fronteras invisibles, extorsión y robos son los temas fundamentales, vamos apenas por los primeros dos. Hay que tener paciencia”, sentencia.
* Nombres cambiados por seguridad.
‘‘Todavía
no hay un acuerdo entre ellos y el Estado colombiano. Lo que hay es un pacto de no agresión”.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo