Las universidades: el otro teatro de la guerra
Un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad reconstruye la historia del movimiento estudiantil y los patrones de victimización de estudiantes y docentes entre 1954 y 2016. Las universidades públicas cumplieron un rol fundamental en la historia
Mi abuelo Alberto Alzate Tobón cursaba sus últimas clases de derecho en la Universidad Nacional cuando participó, junto con miles de estudiantes, en la gran manifestación del 9 de junio de 1954 por el centro de Bogotá. Protestaban por el asesinato del estudiante caldense Uriel Gutiérrez, víctima de las balas de la Policía en una escaramuza ocurrida un día antes en inmediaciones de la Nacional.
Sus recuerdos frescos sobre aquella jornada fueron la anécdota viva entre nuestra familia de uno de los episodios cruciales en la historia del país, que marcó el principio de la oposición a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.
El Batallón Colombia regresaba de la Guerra de Corea “sediento de sangre”, así lo contaba mi abuelo Alberto, que pudo esquivar los tiros arrojándose al pavimento cuando un pelotón abrió fuego a quemarropa contra la movilización en el cruce de la calle 13 con carrera séptima, matando a nueve es- tudiantes e hiriendo a otras 39 personas.
Una fotografía de El Espectador se convirtió en el testimonio icónico de aquella masacre. La imagen muestra los soldados levantando sus fusiles contra la muchedumbre que tropieza, cae y retrocede en medio del estupor y la furia.
Este suceso quedaría también atado a la historia de la televisión colombiana. Apenas cuatro días después del crimen, el 13 de junio, durante la inauguración de la televisión, Rojas Pinilla entregó la palabra al general Gustavo Berrío, ministro de Guerra, para que diera el parte oficial de los hechos.
Con ese hecho comienza un anexo de 88 páginas del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que retoma aquel episodio considerado la base de “una enemistad entre sectores universitarios y la Fuerza Pública que se ha desenvuelto de manera violenta hasta tiempos presentes”, lo que en otras palabras significa la incursión del conflicto dentro de las universidades: “Las heridas abiertas durante estos años y su desatención, sin duda, han sido un factor que ha permitido la reproducción de ciclos de violencia en los entornos universitarios”.
Medio siglo más tarde muchos continuábamos marchando cada 8 y 9 de junio con los rostros de las víctimas de nuestra generación en las pancartas: Jhonny Silva, Nicolás Neira, Óscar Salas, Julián Hurtado, Katherine Soto..., algunos asesinados por miembros de la Fuerza Pública.
El anexo “Universidades y conflicto armado en Colombia” recopila datos de informes aportados por las mismas universidades, bases de información, publicaciones en prensa y fuentes abiertas, así como un gran número de entrevistas con protagonistas directos y víctimas, para confirmar algo que el movimiento estudiantil ha sostenido de manera reiterada: “La respuesta violenta al auge de movilización social implicó escenarios de militarización de los campus y recurrentes declaratorias de Estados de sitio que favorecieron prácticas como las detenciones masivas, torturas y asesinatos”, según se lee en el texto.
Los registros contabilizan, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, al menos 588 universitarios asesinados entre 1962 y 2011: “Todos los años en Colombia se registran casos de asesinatos o desapariciones forza- das de estudiantes”, asegura el documento, con una única excepción en 1968.
Varios años registran picos de aquella violencia. El primero es 1978, el año con más número de protestas y huelgas estudiantiles en el país, luego en 1982 durante el temido Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, y después, entre 1984 y 1988, siendo este último año el que tuvo la mayor cifra con 45 estudiantes asesinados. También hay otros picos de violencia coyuntural: 1994, que coincide con la expansión paramilitar, y 2002 y 2006, que corresponden a la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.
Según la investigación, fueron asesinados en promedio “12,2 estudiantes cada año, uno cada mes (…) los 10 departamentos más afectados fueron: Antioquia (150), Cundinamarca (95), Santander (72), Valle del Cauca (57), Atlántico (31), Córdoba (23), Norte de Santander (19), Meta (15), Tolima (14) y Cesar (13)”.
Pero la Comisión de la Verdad va más allá y reparte las culpas: “Entre los responsables identificados, los agentes estatales concentran la mayor parte, con 36,6 % de las responsabilidades, seguidos por el paramilitarismo, con un 27,2%, y las guerrillas son identificadas como responsables de cinco crímenes, un 0,8 %”.
La desproporción en la autoría de los homicidios, donde la gran mayoría son atribuidos a agentes estatales o paraestatales, demuestra que hubo una política sistemática de persecución y estigmatización al movimiento estudiantil, y aquel fue uno de “los impactos más hondos y duraderos” del conflicto armado en el país, según la Comisión.
Ejemplos de esta persecución constante son los más de 11.000 casos judiciales por rebelión y terrorismo que se abrieron tan solo entre 2000 y 2018, todos “en contra de jóvenes en edad escolar, entre los 15 y 25 años. De estos, el 33,6 %, más de 4.000 casos, no llegaron a investigación; el 8,1 %, unos 853 casos, tuvieron juicio, y poco más del 4 % fueron encontrados culpables”, explica el Informe.
Los universitarios y la fundación de las guerrillas
Las universidades también cumplieron un rol importante en la fundación de las primeras guerrillas. Líderes del movimiento estudiantil acabaron en la década del 60 ocupando posiciones importantes en los nacientes grupos subversivos.
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menos 588 universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011, en la mayoría de casos los autores serían agentes estatales o paraestatales.