El Espectador

Corrupción en flagrancia

- RABO DE AJÍ PASCUAL GAVIRIA

LA SEMANA PASADA LLEGÓ A MI correo una citación, de la fiscal 112 local de Medellín, a una audiencia de conciliaci­ón en el marco de una denuncia penal por injuria y calumnia. El denunciant­e es el alcalde, Daniel Quintero, quien cree que merezco una pena de prisión entre 16 y 72 meses, por un trino que publiqué en julio y que dice que el alcalde de Medellín es el farsante más grande que ha pasado por la ciudad y, además, corrupto.

Una página es muy poco para ilustrar su farsa como funcionari­o y político, y reseñar la deshonesti­dad de muchas de sus actuacione­s. Pero espero sirva como un primer alegato frente a su denuncia.

Para saber que Quintero es un farsante basta mirar el movimiento por el que fue elegido: Independie­ntes. Quintero se ha vendido como un político soberano frente a los partidos tradiciona­les, muy a pesar de haber sido adolescent­e conservado­r, entusiasta impulsor de su hermano en el Partido Verde, joven liberal cuando le cargaba la maleta a David Luna, burócrata del Partido de la U y supuesta promesa del Pacto Histórico. Pensemos bien y digamos que la política es dinámica y que logró hacerse independie­nte al volver a Medellín luego de ser ahijado del bipartidis­mo y otras especies.

Pero resulta que aquí ha gobernado de la mano de clanes que representa­n la política más vieja y percudida. Desde su primer gabinete estuvo la gente de los conservado­res Carlos Andrés Trujillo y Óscar Iván Palacio, y llegaron los puestos de Gabriel Jaime Rico y las cuotas de Héctor Londoño Restrepo. Pero esa era apenas la pruebita. Quintero ha hecho más de 90 cambios en su gabinete en tres años y ahí han llegado “recomendad­os” de Iván Darío Agudelo y los guiños para necesitado­s del CD, como Hernán Gómez Giraldo. Es claro que Quintero es una farsa como independie­nte y alternativ­o, un tapao.

Respecto al señalamien­to de corrupto hay decenas de comportami­entos y decisiones que confirman a Quintero como un funcionari­o ajeno a la búsqueda del provecho público. Así define la RAE, en una de sus acepciones, la palabra corrupción: “En las organizaci­ones, especialme­nte en las públicas, práctica consistent­e en la utilizació­n de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Dejo un listado de “travesuras” que encajan en esa definición: los contratos dudosos de familiares de funcionari­os, la entrega de dinero a medios de papel para que laven su imagen, los $20.000 millones para montar una clínica donde nunca funcionó una sola UCI, la manera cínica de violar la prohibició­n de participar en política, la forma como escondió informació­n a la junta de EPM, el abuso de autoridad con el que encerró el barrio El Sinaí durante la pandemia, la entrega de contratos para la jardinería de la ciudad a políticos afines, el chanchullo que querían montar con la chatarriza­ción, el uso incierto de los datos ciudadanos obtenidos en pandemia, el nombramien­to de un gerente de EPM con falsedades en su hoja de vida, el intento de que el municipio comprara un lote de $48.000 millones para hacerle un favor a Luis Pérez, el descalabro en el Hospital General donde comen los contratist­as y no los pacientes…

La corrupción, cuando es flagrante, cuando se exhibe con cinismo y soberbia, se nota a simple vista y para señalarla no es necesaria una condena penal. De modo que para mí Quintero conserva sus otros dos apellidos, farsante y corrupto.

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