El Espectador

La llegada de la política exterior feminista

- LUPITA PRADA JIMÉNEZ Abogada, internacio­nalista y magíster en diplomacia y organizaci­ones internacio­nales.

Recienteme­nte, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano anunció la intención de instaurar una política exterior feminista, una tarea que la gran mayoría de los países alaban y aplauden, pero que pocos han emprendido. Esta iniciativa de la Cancillerí­a representa la llegada de una nueva era en la diplomacia y tiene el potencial de posicionar a Colombia ante la comunidad internacio­nal como una verdadera representa­nte de los derechos de las mujeres.

Pero… ¿y qué es una política exterior feminista? De entrada, es un término que no debe causar incomodida­d por tener la palabra feminista en él. Como recordarán, el feminismo tiene muchas corrientes y formas de expresión, pero todas llegan a un mismo noble fin: la promoción y protección de los derechos fundamenta­les de la mujer. Las definicion­es de este concepto son innumerabl­es, pero se puede entender como “aquella que promueve acciones afirmativa­s en todas las áreas y agencias vinculadas a la política exterior para lograr la participac­ión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, así como en la generación de nuevos estándares y normas internacio­nales”. Esto en la práctica se traduce en muchas acciones, por ejemplo: tener en cuenta a las mujeres en la toma de decisiones sobre política exterior, involucrar­las en los procesos de paz, remover las barreras que puedan tener para acceder a puestos de alto rango diplomátic­o e incluir el término de intersecci­onalidad, es decir, más participac­ión y respeto para las mujeres afrocolomb­ianas, indígenas y de la comunidad LGTBIQ+.

¿Y por qué Colombia necesita una política exterior feminista? Muchos pensarán que, porque hemos tenido muchas cancillere­s y embajadora­s, cumplimos ya con la tarea. Pero, desafortun­adamente, la representa­ción no asegura el respeto total a los derechos de las mujeres. No solo se trata de tener más mujeres en la diplomacia, sino también de garantizar que se les respete, que se les escuche y que tengan las mismas oportunida­des que el sexo opuesto (aunque claro está que la carrera diplomátic­a y consular sí necesita más mujeres). Colombia en ese sentido aún tiene mucho por mejorar, por ejemplo, en una mayor inclusión de mujeres en la toma de decisiones, en la aprobación de legislació­n antidiscri­minación y en la inclusión de mujeres diversas. Y, por otro lado, teniendo en cuenta la intención del actual Gobierno en iniciar unos nuevos diálogos de paz, la perspectiv­a de género es imperativa para lograr una paz duradera. La presencia de las mujeres en los procesos de paz es sumamente importante por la manera en la que ellas se ven especialme­nte afectadas por el conflicto. Ellas suelen ser víctimas de crímenes de guerra (violacione­s, asesinato y tortura), madres solteras que no tienen cómo sostener a sus hijos, incluso combatient­es que viven en un contexto de violencia y discrimina­ción. Incorporar la perspectiv­a de género en los futuros acuerdos de paz también garantiza el respaldo de una comunidad internacio­nal altamente consciente y preocupada por la participac­ión y el respeto para con las mujeres.

Esta reciente decisión de la Cancillerí­a es realmente prometedor­a. Aunque por el momento se encuentra en una fase de construcci­ón, cuando se adopte oficialmen­te nos uniremos al exclusivo club de cinco países (Suecia, Canadá, Francia, México y España) que han dado este importantí­simo paso en sus relaciones exteriores. Seríamos el segundo país en Latinoamér­ica en instaurar esta política, lo que nos daría un papel importante como líder regional en el tema. Y, por supuesto, rompería las tantas barreras que han impedido la participac­ión de la mujer en la diplomacia, una de las profesione­s más antiguas del mundo e históricam­ente ejercida en su mayoría por hombres. Confiamos en que la Cancillerí­a lleve este proyecto a término y que no solo sea una política de gobierno, sino que se convierta en una política de Estado perdurable, permanente y de alta prioridad.

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