Ojo con el Cesar
LA GOBERNACIÓN DEL CESAR TIENE prácticas de contratación que son, cuando menos, cuestionables. El poder del departamento, que ha sido ejercido durante varios períodos por representantes y aliados del clan Gnecco, parece ejercerse favoreciendo a un grupo particular de contratistas y amigos. Un trabajo de la unidad investigativa de El Espectador no encontró directamente actos de corrupción, pero sí, por ejemplo, un contrato por más de $6.700 millones entregado a un contratista declarado en quiebra, así como una serie de contratos del gobernador designado, Andrés Meza, para sus amigos y personas cercanas. Hay muchas preguntas que deben resolver las autoridades sobre lo que ocurre en la región y se hace urgente que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía posen su mirada con lupa sobre los contratos que estudió este periódico.
Claro, por lo menos la Fiscalía ya tiene intereses en el Cesar. El año pasado, Luis Monsalvo Gnecco, entonces gobernador del departamento, fue detenido de manera domiciliaria por orden del Tribunal Superior de Bogotá. Según el fiscal del caso, las actuaciones de Monsalvo Gnecco estaban enfocadas a “favorecer los intereses de sus allegados” y habría generado una apropiación ilegal de $3.000 millones en un contrato de alimentación escolar por más de $17.000 millones.
Que Luis Monsalvo Gnecco haya salido, por ahora, del panorama no significa que la situación en el departamento del Cesar haya cambiado. El elegido para reemplazarlo, Andrés Meza, no solo es cercano a la familia Gnecco y a la cacica electoral del departamento, Cielo Gnecco, sino que parece haber utilizado el poder de la Gobernación para contratar de manera constante con empresas de sus amigos. El funcionario público, por cierto, no quiso responder las preguntas de la unidad investigativa de El Espectador, la cual encontró que era común ver a empresas con los mismos socios ganándose contratos, ya sea como contratistas o como interventores.
De nuevo, debemos insistir, no hay hallazgos de corrupción en lo identificado por El Espectador, pero los cuestionamientos éticos abundan. Por ejemplo, el caso paradigmático que estudió la unidad de investigación se trata de un distrito de riego por $6.700 millones que se contrató con CDT Ganadero, empresa que estaba en proceso de quiebra cuando se ganó los recursos públicos. A la fecha, la ejecución se ha prorrogado varias veces, los avances del distrito de riego son casi nulos y la Secretaría de Agricultura no supo responderle a este periódico por qué la interventoría de ese proyecto se firmó con un consorcio distinto al que ganó un concurso de méritos.
Lo dicho: indicios, indicios. Y gente que sufre porque los recursos públicos no llegan a donde más se necesitan. Eso es lo que no puede olvidarse siempre que hay discusiones sobre la contratación pública. Cuando hay amiguismo, cuando hay falta de transparencia y cuando hay monopolios, la negligencia sale cara y los ciudadanos ven cómo proyectos importantes, como el distrito de riego, se convierten en elefantes blancos. En vísperas de un nuevo año electoral, cuidado con el Cesar.
‘‘Hay serios cuestionamientos éticos a la manera en que se está llevando a cabo la contratación en el departamento”.