Los primeros cien días
COMO SUELE SUCEDER CUANDO LOS presidentes cumplen sus primeros cien días de mandato, los medios de comunicación del país han hecho balances del gobierno de Gustavo Petro. El desarrollo de la actividad legislativa también fue objeto de análisis. En particular, la aprobación de la reforma tributaria, el Acuerdo de Escazú, la Ley 418 que contempla el marco jurídico de la paz total y la Jurisdicción Especial Agraria, entre otros. Así mismo hicieron observaciones sobre la “unidad” de la coalición de gobierno como un factor que permitió sacar adelante estos proyectos. Si bien esto es cierto, el costo para el Pacto Histórico no ha sido menor. Por ejemplo, las presiones —que algunos consideramos un chantaje— de varias colectividades, encabezadas por el Partido Liberal, que amenazaron con no aprobar la tributaria si no se retiraba el artículo que gravaba a las congregaciones religiosas con impuestos por sus actividades comerciales y con ánimo de lucro —no las relacionadas con el culto—, ante lo cual el Gobierno tuvo que ceder.
Algo similar puede estar ocurriendo, quizá de una forma más velada, con el proyecto de reforma política. Tal vez esto explica por qué pasó prácticamente desapercibido en los balances de los medios. Incluso en una reciente entrevista de María Isabel Rueda al presidente del Senado, Roy Barreras, en respuesta a la pregunta de qué logros le reconocería al Gobierno en estos cien días, no mencionó este proyecto. Esta reforma fue presentada como una prioridad del Gobierno en estos cien días, porque es un mandato del Acuerdo de Paz que el presidente se comprometió a cumplir plenamente y porque responde a sus promesas de cambiar la política y su ejercicio.
En los dos debates que ha surtido el proyecto hasta ahora, la reforma se ha ido desdibujando. Cuatro temas, relacionados entre sí, merecen especial atención: la equidad de género plasmada en la paridad, la alternancia y la universalidad; las listas cerradas y bloqueadas; la democratización y el fortalecimiento de los partidos, y la financiación de las campañas. Sin embargo, en cada uno de estos temas se han ido introduciendo adiciones, modificaciones o se han eliminado artículos que podrían posponer la implementación de las reformas hasta el 2030 o el 2034. Incluir artículos transitorios, permitir que la paridad sea optativa, limitar a dos períodos las listas cerradas, abrir la puerta giratoria entre el Ejecutivo y el Legislativo al permitir que los congresistas renuncien y sean nombrados ministros, eliminar la obligatoriedad de rendir cuentas sobre la financiación de campañas y darle espacios al transfuguismo son algunos de los temas más controversiales.
Y a pocas horas de iniciar el tercer debate se anunció la intención de incluir en el proyecto la extensión del período del presidente y del Congreso a cinco años a partir del 2026. Independientemente de la conveniencia o no de esta propuesta, en esta coyuntura, cuando el Gobierno requiere del apoyo de su coalición variopinta, esto puede convertirse en una caja de Pandora de la que pueden salir fantasmas que borren lo que se pretende lograr para cambiar la forma de acceder al poder y ejercerlo, fortalecer la democracia y hacer más transparente la política.