La deuda del Estado con la regulación de la protesta social
Los llamados han sido en vano, pese a que la Corte Constitucional lo ordenó, el Acuerdo de Paz también consigna esa determinación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) igual lo ha pedido.
Tres años han pasado desde la muerte de Dilan Cruz, un joven estudiante que hoy tendría 21 años, y que salió a protestar durante noviembre de 2019, en medio de una movilización social que pedía la protección de su derecho a acceder a una educación superior de calidad. Cruz fue impactado en la cabeza por un proyectil que disparó Manuel Cubillos, entonces miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Su proceso judicial no se ha movido, pese a que en materia disciplinaria el oficial ya está en juicio en la Procuraduría. Una situación similar ocurre con Cristian Rodríguez, quien perdió el ojo izquierdo por cuenta de una granada aturdidora que activó el Esmad en diciembre de ese mismo año, en las afueras de la Universidad Nacional.
Dilan Cruz y Cristian Rodríguez tienen en común que salieron a protestar por sus derechos. Hoy, ante la ausencia del primero, su familia espera justicia y que el Gobierno regule la protesta social. La solicitud es que brinden garantías para que ese espacio pueda ser pacífico y que no prospere la opresión policial de la que han sido víctimas y han denunciado no solo ellos y sus familias, sino también colectivos de derechos humanos. Rodríguez, quien ha expresado el abandono del Estado, con un colectivo de víctimas de lesiones oculares pretende llevar ante el Congreso cuatro exigencias.
Los incumplimientos del Estado
La petición de Cristian Rodríguez y su colectivo son: que existan garantías de no repetición; que los procesos judiciales no se adelanten en la justicia penal militar, sino que queden en manos de la justicia ordinaria; que se cree una hoja de ruta que acompañe de manera permanente a las víctimas de abuso policial en temas de salud y sicología, y, por último, que las víctimas tengan participación en las reformas que se harán en materia policial y de regulación de la protesta social. Las exigencias no son descabelladas, menos cuando el Congreso tiene una deuda por saldar.
La Corte Constitucional, en 2017, tumbó varios artículos que le daban vida al Código de Policía que promovió el expresidente Iván Duque y que reglamentaban las condiciones y los requisitos para la realización de movilizaciones en el país. La decisión del alto tribunal se logró por cuenta de una demanda que presentó el abogado Kenneth Burbano, como miembro del Observatorio Ciudadano de la Universidad Libre. La Corte le dio la razón y le ordenó al Congreso regular la protesta social en una ley estatutaria.
La directriz debía cumplirla en 2019, es decir, el mismo año en el que ocurrió la muerte de Dilan Cruz y la lesión ocular de Cristian Rodríguez. Sin embargo, tres años después, Burbano reclama el incumplimiento del Legislativo. A juicio del abogado, la sentencia de la Corte dejó un marco jurídico importante para que el este elabore el documento. “Para implementar esa ley debe haber participación ciudadana y una amplia deliberación en el Congreso”, resaltó Burbano, quien llamó la atención al Gobierno de turno para que salde esa deuda.
El abogado señaló que, de no realizarse la regulación, las autoridades locales -alcaldes y gobernadores-, así como los jueces, empezarán a interpretar la protesta social desde su conocimiento y experticia. Por ejemplo, los jueces fallarán tutelas en derecho y los mandatarios empezarán a mover protocolos para regular las movilizaciones. En ese orden de ideas, para Burbano, es claro que el Congreso debe unificar la hoja de ruta para llevar a cabo las movilizaciones. Lo anterior teniendo en cuenta que la deuda del Legislativo no es nueva. Antes de que la Corte hiciera el llamado a la regulación, el Estado ya había recibido otra orden para hacerlo.
El requerimiento quedó escrito en el punto 2 del Acuerdo Final de Paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc en 2016. En ese texto quedó consignado que el Estado debe garantizar la movilización debido a que “su práctica enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de nación”. Con esa premisa, el Acuerdo fue enfático en que el Gobierno debía definir medidas y ajustes normativos para generar consensos colectivos y regular la protesta social. Pasó el tiempo y esa premisa se quedó en el papel.
Hace unos años, Mauricio Archila, investigador del Cinep, y otras organizaciones de derechos humanos empezaron a crear consensos que sirvieran como base para regular la protesta social. Lo hicieron durante el último período del gobierno de Juan Manuel Santos. No obstante, con el cambio de gobierno, ese trabajo quedó en el limbo. Para el catedrático, es importante que los gobiernos de turno reconozcan como derecho la manifestación y se generen capacitaciones que fomenten la protesta pacífica. Esa recomendación no está alejada al llamado que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la visita que realizó en junio del año pasado a Colombia.
Fue tal la presión que causó el estallido social por cuenta del inconformismo de las directrices del expresidente Duque por la reforma tributaria, entre otras situaciones, que el órgano internacional hizo presencia en el territorio para verificar si hubo vulneración de derechos. En la visita recomendó al gobierno Duque elaborar y aprobar una ley estatutaria que regulara los alcances y las limitaciones del derecho a la protesta, conforme a los estándares internacionales y con base en algunas sentencias emitidas en el territorio nacional.
La CIDH se refería a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de septiembre de 2020, en el que advertía que el Esmad no debía seguir usando las escopetas calibre 12 que llevaba a las marchas e instaba a las autoridades a adoptar medidas para que se garantizara el derecho a la protesta. Después de ese fallo se supo que el escuadrón dejó de usar el arma en cuestión, pero sigue intacta la deuda de regular y garantizar el derecho a la protesta. Las víctimas y los ex
pertos consultados por El Espectador coinciden en que el gobierno Petro tiene retos en esa materia.
La tarea para el nuevo Gobierno
Para Archila, el meollo del asunto está en hacer un reconocimiento estatal frente al derecho a la protesta para que se desmarque de la criminalización. “La idea no es controlar la protesta, hay que encauzarla, y no es precisamente con policía, sino con una labor educativa. Hay que hacer tareas que promuevan el respeto a los líderes sociales, el respeto a los derechos humanos. Si eso queda en discursos o cambios cosméticos de uniformes, no creo que tengamos un buen término en la regulación”, explicó.
Para Óscar Ramírez, director del Comité de Presos Políticos, los retos están directamente ligados a la reforma a la Policía. A su juicio, se debe lograr una normatividad que regule el uso de la fuerza cuando las protestas presenten alteraciones de orden público. Las cartas de las víctimas, organizaciones internacionales e incluso decisiones judiciales ya están sobre la mesa. El Gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, quien en algunas ocasiones alentó las movilizaciones de años atrás, y en medio de su discurso de victoria como presidente llevó a la mamá de Dilan Cruz como símbolo de lucha de los derechos, tiene la maratónica tarea de adelantar la ley estatutaria para regular la protesta.
Aunque el Ministerio de Justicia no tiene por ahora una fecha estimada sobre la presentación del proyecto para regular la protesta social, congresistas no descartan que ese tema, así como la reforma a la Policía, esté en agenda durante el primer semestre del próximo año. De momento, Cristian Rodríguez, su movimiento y la familia de Dilan Cruz están a la espera de ser escuchados para que la protesta social en el país no termine en una “cacería de brujas” contra quienes se manifiestan por su derechos.