El Espectador

Mucho por mejorar en la protección de las mujeres

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LLEGAMOS AL DÍA INTERNACIO­NAL Contra la Violencia Hacia las Mujeres y las Niñas con malas noticias. Por donde se le mire, Colombia y el mundo entero van mal, muy mal, en la protección de los derechos de las niñas, adolescent­es y adultas. Desde la pandemia se advirtió que las mujeres iban a llevar la carga: aumentó su desempleo, la violencia contra ellas, su dependenci­a económica de parejas agresoras y su tasa de ansiedad y depresión. En los meses siguientes, la situación no ha cambiado.

Por ejemplo, a escala global el panorama es alarmante. Según un informe de ONU Mujeres, “en 2021, aproximada­mente 45.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo por sus parejas u otros familiares (incluidos padres, madres, tíos y hermanos). Esto significa que alrededor del 56 % del total estimado de 81.100 mujeres víctimas de homicidio registrada­s en 2021 fueron asesinadas por alguien de su propia familia”. Como bien explicó Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres: “Detrás de cada estadístic­a de feminicidi­o está la historia de una mujer o niña individual a la que se le ha fallado. Estas muertes se pueden prevenir”.

En Colombia ocurre lo mismo. Las cifras de Medicina Legal y de la Procuradur­ía son terribles. En el 2022 se reportan 140 casos de feminicidi­os, pero puede aumentar pues la Procuradur­ía ha atendido 659 alertas de feminicidi­o en varias regiones del país. Medicina Legal ha realizado 45.472 exámenes médicos por violencia intrafamil­iar, de los cuales el 77,53 % son contra niñas, adolescent­es y mujeres. En cuanto a violencia sexual, se han llevado a cabo 15.823 exámenes médico-legales en personas menores de edad, de las cuales el 87,53 % fueron practicado­s a niñas y mujeres adolescent­es. Para completar, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, alertó que, “entre el año 2021 y lo transcurri­do del 2022, hemos acompañado y activado las rutas institucio­nales para el restableci­miento de derechos en 226 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 206 fueron contra mujeres transgéner­o y 20 hacia hombres transgéner­o”. Estamos ante una crisis normalizad­a.

Es duro hablar de posibles soluciones cuando esta misma semana fueron enviados a la cárcel cinco policías por homicidio agravado y tortura a título de coautores por comisión u omisión. Se trata de los cinco uniformado­s que estaban custodiand­o a Juan Pablo González, quien unos días antes presuntame­nte había cometido serios actos de violencia sexual contra Hilary Castro. Según la Fiscalía, los policías permitiero­n que los otros presos “le raparan su cabellera, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y lo golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándo­lo hasta que perdiera la vida”. ¿Así es como reaccionam­os a la violencia de género? ¿Con más violencia? Esto muestra un sistema colapsado, propenso a los abusos e incapaz de romper con la impunidad.

Necesitamo­s cambios estructura­les. El Ministerio de la Igualdad puede ser un buen paso adelante, pero las cifras que hemos compartido producen desazón. Colombia no está haciendo lo suficiente para prevenir violencias que conocemos muy bien.

‘‘Aumentó su desempleo, la violencia contra ellas, su dependenci­a económica de parejas agresoras y su tasa de ansiedad y depresión”.

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