Restauración, inundaciones y PND
LA PRIMERA VERSIÓN DE LAS BASES del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 señala que tendrá cinco ejes de transformación: ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, y convergencia regional.
En esta columna me referiré al ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, tema central y de gran trascendencia para todos los colombianos. El cambio climático no es el único responsable de todos los desastres que estamos viviendo. La intensa ola invernal tiene efectos devastadores que se agravan por la manera como hemos ocupado y transformado el territorio. Es urgente que generemos conciencia respecto a la importancia de recuperar nuestras cuencas hidrográficas, tarea en la que todos —instituciones nacionales ambientales, autoridades locales y regionales, organizaciones sociales y ciudadanos— debemos participar. Porque éramos un país rico en agua, descuidamos y destruimos nuestros reguladores naturales del agua y hoy la forma de ocupación y manejo del territorio nos hace más vulnerables, aumentando los desastres humanos y ambientales.
Los habitantes del campo tumbamos y quemamos la vegetación protectora de ríos y quebradas. En los espacios urbanos ocupamos las zonas de pendiente y las áreas de protección de ríos y quebradas, y las transformamos. Todos somos responsables del desorden y el caos.
A veces la pobreza y la falta de espacio para ubicar a las personas vulnerables en las ciudades lleva a ocupaciones informales en zonas de riesgo. En otros casos, la pretensión de sectores ricos de la población ha motivado la construcción de lujosas viviendas en zonas que deberían ser conservadas como espacios naturales. Un ejemplo es el caso de La Calera y los Cerros Orientales de Bogotá, clara mezcla de estas dos dinámicas, sumadas a la complicidad y falta de autoridad de algunas instituciones. Ni siquiera en el centro del poder político somos capaces de planificar el uso del espacio.
El desorden en la ocupación del territorio es similar en los espacios rurales. Si bien desde el Código de Recursos Naturales de 1974 la ley ordena la protección de las cuencas hidrográficas, esta legislación es permanentemente ignorada no solo por los propietarios de los predios, sino también por las autoridades regionales y locales, incluso aquellas que tienen responsabilidades de gestión ambiental.
En Colombia no se respetan las rondas de ríos, quebradas y nacimientos de agua, y cuando se hace se manifiesta que es por voluntad propia, no porque la ley y los principios del ordenamiento ambiental así lo determinen. Lo mismo ocurre con lagos, lagunas y humedales que, en vez de ser protegidos, son drenados o rellenados para dedicarlos a otros usos.
Todo lo anterior lleva a que las lluvias torrenciales que estamos viviendo generen mayores daños que los que podrían causar si tuviésemos una seria aplicación de los principios del ordenamiento territorial definido por la legislación colombiana. Uno de nuestros más graves problemas en términos de gestión ambiental, como bien lo decía la OCDE en sus “Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia” (2014), no es la falta de legislación sino su falta de divulgación y aplicación. Esperamos que con el nuevo PND y una mayor conciencia y gestión ciudadana se haga realidad el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Tenemos que revisar y modificar la manera como estamos ocupando y transformando nuestro territorio.