El Espectador

Dádivas en la Corte

- JUAN CARLOS GÓMEZ J. @jcgomez_j

Cada tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos enfrenta serios cuestionam­ientos sobre la ética de sus miembros. Esta vez el detonante fue la revelación de que durante años el magistrado Clarence Thomas recibió costosos regalos y viajes lujosos por parte de un amigo cercano, generoso donante del Partido Republican­o.

El magistrado Samuel Alito también ha sido cuestionad­o por recibir dádivas de un millonario que controlaba un fondo de inversión que tuvo una disputa judicial con el Estado argentino. En la respectiva sentencia, Alito votó a favor del fondo. Años antes el magistrado Antonin Scalia falleció repentinam­ente en un rancho en Texas propiedad del millonario John Poindexter, quien tenía intereses en varios casos que se tramitaban en la Corte Suprema. Parece haber una sistemátic­a estrategia de muchos empresario­s republican­os para favorecer con donaciones a jueces y magistrado­s.

El carácter vitalicio de los miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos permite prever que, tal vez durante las próximas dos décadas, esta tendrá una orientació­n conservado­ra, lo cual hace temer que se vengan fallos que restrinjan las libertades civiles, como sucedió con la sentencia que revirtió los efectos del caso Roe vs. Wade sobre el aborto, lo cual implicó un retroceso en los derechos de las mujeres y causó una severa crisis de salud pública que se extenderá por años.

Es lamentable que la Corte Suprema pierda su majestad debido a burdos errores éticos y a la militancia a favor de los intereses de un partido político. Según una encuesta de Gallup del año pasado, esa institució­n tiene apenas un 25 % de credibilid­ad entre los ciudadanos. La incertidum­bre acerca del rumbo que pueda tomar esa Corte es una de las amenazas más grandes que enfrenta la democracia en ese país.

En contraste, hay que celebrar que la Corte Constituci­onal en Colombia haya sido inmune a la manipulaci­ón política. A pesar de los años más convulsion­ados de nuestro acontecer histórico, ese tribunal constituci­onal desde su creación, en 1991, ha sido un efectivo guardián de la institucio­nalidad y del ejercicio de los derechos fundamenta­les. Hay que defender a toda costa su independen­cia e impedir que se vuelva otro campo árido de la polarizaci­ón.

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