¿Mejor igualdad o diferencia?
CON LA CREACIÓN DEL MInisterio de la Igualdad y la Equidad en Colombia, el pasado 29 de junio, surge la necesidad de promover debates abiertos sobre el uso y abuso de la discriminación positiva, pues el nuevo órgano nació con la obligación de garantizar la igualdad para todos o corre el riesgo de perder su fin público.
Es vigente esta discusión no solo en nuestro país sino en todo el hemisferio, pues la Corte Suprema de EE. UU. estableció en fallo del mismo 29 de junio que la raza no podrá ser más un factor de admisión a la universidad, dando la razón a la organización demandante, Estudiantes en Pro de Admisiones Justas. En su argumentación, el tribunal supremo establece que la acción afirmativa que promovía una cuota fija de admisión de estudiantes afroamericanos y latinos en las universidades del país, establecida desde los 60, violaba la enmienda constitucional que prohíbe la discriminación por razón de raza, color de piel u origen nacional; asimismo, en su análisis evidencia que en un Estado de derecho las acciones afirmativas son por sí mismas discriminatorias y el mérito personal es el valor que debe primar para la selección institucional.
El caso de EE. UU. es emblemático de países democráticos, en los cuales coexisten el principio de igualdad ante la ley y normatividad de acciones afirmativas, como en nuestro país. El artículo 13 de nuestra Constitución establece que todas las personas tendrán las mismas oportunidades y derechos “sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Sin embargo, existen numerosas acciones afirmativas con tendencia a ser multiplicadas por el nuevo Ministerio, dado que su trabajo estará centrado en derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+, las personas con discapacidad, los pueblos afrodescendientes y el campesinado, según comunicado del 27 de junio de la vicepresidenta Francia Márquez.
El debate tiene tanto de largo como de ancho, por eso mismo debe darse con amplitud y altura, evitando caer en simplificaciones de presumir que hablar sobre discriminación positiva es un intento por negar el racismo, el elitismo o las múltiples desigualdades, que son evidentes en nuestra sociedad y que claramente deben ser combatidas. Debemos llegar a aquellas conversaciones esenciales que nunca se han dado en nuestro país, sobre lo que deseamos que nos defina como sociedad: ¿queremos que las anheladas diversidad y pluralidad se anclen eternamente al color de nuestra piel, a nuestro sexo, nuestra cuna u otras características del azar de cada nacimiento o, por el contrario, queremos que deriven de la vida que construimos como individuos, nuestros aprendizajes, capacidades y méritos?
Estos debates definen el alma de cada nación y moldean el contexto de posibilidades de cada individuo, y bien podemos proyectarnos como un pueblo que impertérrito espera la solución de sus problemas o con determinación se labra un destino. En ese sentido, las acciones afirmativas pueden ser medidas acotadas y puntuales para cambiar situaciones inequitativas, pero no pueden tomarse como estándares jurídicos, dado que violan el supremo principio de igualdad ante la ley.
Es importante entender que es la democracia profunda —representada en educación, salud, vivienda, etc., pero también en transparencia electoral, planeación y austeridad en el gasto público, y meritocracia para fortalecer las instituciones— lo que iguala oportunidades brindando la libertad a cada quien de tomar decisiones. Pero es el individuo, en su discurrir vital, quien crea su diferencia y valor social por sus méritos, de modo que la diversidad y pluralidad son resultados de una democracia madura, no puntos de partida, y por ello nos equivocaremos si resolvemos decretarlas.