Justicia agridulce en el caso de Javier Ordóñez
EN PLENA PANDEMIA Y CONFINAMIENTO, un caso de abuso policial estremeció a Colombia. A pesar de que originalmente la Policía había dado información errada sobre la muerte de Javier Ordóñez, un estudiante de derecho detenido por uniformados, videos se filtraron mostrando cómo hubo violencia desmedida contra él. Lo que siguió fue un estallido social enorme en Bogotá, con protestas que arrancaron el 9 de septiembre de 2020 y se mantuvieron durante semanas. El incendio de los CAI, la salida del presidente Iván Duque a expresar su respaldo a los policías y la rabia incesante de las personas mostraron un país en profunda desconfianza con sus autoridades. En retrospectiva, también se puede rastrear como un precedente del estallido social de 2021, donde se siguió desdibujando la relación de la Policía con la ciudadanía.
Retomamos el caso porque esta semana un juzgado de Bogotá condenó a 40 años de cárcel al expatrullero Harby Rodríguez. Según la evidencia que consta en el expediente, a Ordóñez lo atacaron de manera indiscriminada dentro de las instalaciones de la Policía y luego Rodríguez ordenó un traslado que no permitió que recibiera atención médica a tiempo. Como responsable de los hechos y como oficial que podía haber interrumpido la tragedia, la justicia colombiana ahora le impuso una pena ejemplar. Solo hay un problema: Rodríguez está fugado y las autoridades no han dado avances de su persecución.
En 2021, el expatrullero Juan Camilo Lloreda aceptó cargos también por estos hechos y lo condenaron a 20 años de cárcel. Son sentencias claves, pues la sevicia de los hechos abrumó al país y merecía una respuesta contundente. Lo propio le dijo el abogado Vadith Gómez a El Espectador, quien logró estas decisiones: “Por lo menos la pena que se puso es una pena que envía un mensaje a la sociedad. Eso trata de corregir las cosas y sirve para evitar futuros comportamientos”. La pregunta abierta es si las reformas a la Policía que se adoptaron en los años posteriores son suficientes para evitar futuros abusos de poder y reconstruir la confianza con las personas.
Es necesario recordar el dolor que hubo en Bogotá y en el país aquel septiembre de 2020, pues demostró cómo las instituciones se derrumban cuando traicionan a las personas. La violencia que vimos y condenamos posteriormente contra los policías fue injusta, pero también es un recordatorio de cómo las sociedades pierden fácilmente la paz cuando la injusticia se siente como la norma. A la Fuerza Pública colombiana le exigimos un estándar de comportamiento mucho más alto, porque su labor constitucional es esencial y porque el monopolio de la fuerza trae consigo una responsabilidad elevada. El asesinato de Ordóñez bajo custodia es la síntesis de un sistema entero que falla y de abusos que no pueden repetirse bajo ninguna circunstancia.
Queda el sinsabor de que las decisiones llegan tarde y con uno de los involucrados prófugo. No podemos honrar la memoria de Ordóñez si permitimos que haya una burla de esa manera al sistema.
‘‘El asesinato de Javier Ordóñez bajo custodia policial conmocionó al país y merece justicia”.