Potencia, pero en la muerte de líderes
MIENTRAS LOS LÍDERES SOCIALES EN Colombia siguen cayendo bajo las balas de pistoleros, el Estado brilla por su indolencia e incapacidad para hacer frente a esta situación. Cada semana nos enteramos de nuevos asesinatos que se suman a una interminable lista de nombres de quienes lo único que hicieron fue luchar por su comunidad.
Esta lamentable situación demuestra, una vez más, el oportunismo y la falsedad que rodearon las promesas de campaña de Petro. No olvidemos que mientras Petro estuvo en campaña se encargó de señalar y denunciar las masacres y las muertes que ocurrían en nuestro país, pero ahora que ocupa el cargo de presidente dichas cifras no han disminuido; por el contrario, se han incrementado y con creces.
El Gobierno promete medidas, crea comisiones y establece protocolos. Sin embargo, estos anuncios solo existen en el papel mientras nuestros líderes siguen cayendo y sus asesinatos aumentando. Las cifras hablan por sí mismas. De acuerdo con Indepaz, en lo corrido de 2023 van asesinados 183 líderes sociales, sin que el gobierno del cambio demuestre una respuesta efectiva. Dicho de otra manera: un líder social es asesinado en Colombia cada 48 horas. Por años, las comunidades han advertido sobre las amenazas que reciben sus líderes. Petro lo sabe, pero prefiere hacerse el de la vista gorda. Primero los dejan solos, después los matan y al final les prometen justicia a sus deudos, sabiendo que no habrá consecuencias reales.
Debido a esta situación, la Corte Constitucional reconoció el estado de cosas inconstitucionales frente a la muerte de líderes sociales en Colombia, considerando que este problema tiene como su gran causa “la incapacidad estatal de cumplir el deber de protección de la vida e integridad”.
Mientras las balas del odio terminan con vidas valiosas para sus comunidades, el Estado permite que esto suceda, una y otra vez, ante la mirada impávida de toda Colombia. El mensaje de Petro es claro: la vida y la muerte de líderes sociales en nuestro país solo era importante mientras se estaba en campaña.
Esta situación también ha sido denunciada por la Unidad Nacional de Protección,
que ha señalado que en lo corrido de 2023 incrementaron las solicitudes de protección de líderes sociales en más de 400 en comparación con el año pasado.
Esto es inadmisible. Sin lugar a dudas, esta situación ya se les salió de las manos al ministro de Defensa y al del Interior. Su incompetencia y falta de resultados cada día es más visible. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para frenar esta ola de violencia. Se necesitan investigaciones rápidas y efectivas que permitan judicializar a los autores de estos crímenes; pero, sobre todo, se necesita brindar protección a las comunidades y a sus líderes.
Acabar con estos asesinatos debe ser una política de Estado. En caso de no atajar este fenómeno, la paz estable y duradera que prometió Petro en campaña no dejará de ser una de sus falsas promesas. Colombia necesita con urgencia garantizar la vida de quienes le apuestan a transformar sus territorios de manera pacífica. Es momento de que el Gobierno le ponga fin a esta situación. Al paso que vamos, el país está en camino de ganarse la infame reputación de ser la potencia mundial para la muerte de los líderes sociales, y no la potencia mundial para la vida que pregona el falaz gobierno del “cambio”.